- La entrevista. Youx fue contratada en abril de este año tras una entrevista en la que le preguntaron repetidamente si estaba embarazada o quería estarlo. Las preguntas están fuera de la ley. "No se pueden hacer si son personales y pueden dar pie a conductas discriminatorias", explica Elisenda Giral, directora general de la Inspección de Trabajo de la Generalitat. "Una mujer no está legalmente obligada a decir que está embarazada. Eso pertenece a la esfera íntima", afirma Sixte Garganté, abogado laboralista de CC OO. "La Constitución protege a los ciudadanos con el derecho a la intimidad", añade Jesús González, abogado laboralista de la CNT que lleva el caso de Sarah. Ella eludió decir que ya estaba embarazada. Los hechos han demostrado que tenía motivos para hacerlo: no verse discriminada. La legislación le da la razón porque lo contrario condenaría a miles de mujeres embarazadas o que quieren estarlo a seguir en el paro.
- El despido. No se puede despedir a una mujer embarazada por el hecho de estarlo. "El artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores dice que será nulo el despido de las trabajadoras embarazadas", afirma Garganté. La Fundación G3T asegura en un comunicado que echó a Youx porque en su estado no podía cumplir un supuesto "compromiso de total disponibilidad para desplazarse a Burundi", país en el que la ONG desarrolla sus actividades. "Poder viajar no es incompatible con estar embarazada. Cuando una empresa despide a una mujer en estado, la presunción es que implica una discriminación y por lo tanto es nulo", afirma Giral.
- El contrato. El contrato laboral entre Sarah Youx y la Fundación G3T desmiente a la ONG. Sus tres páginas dicen que Youx fue contratada a media jornada como auxiliar administrativa. Ni rastro de supuestos viajes, ni siquiera en el apartado de riesgos laborales. El "compromiso de disponibilidad total" expuesto por la ONG es un concepto inexistente en la ley. Además, Youx dice que hubiera estado "encantada de viajar a Burundi".
- La salud de la madre y el feto. La empresa trata de justificarse diciendo que "la singularidad del destino comporta riesgos de índole sanitaria, entre otros, que requieren obligatoriamente de vacunas y medidas de profilaxis". Para entrar a Burundi es necesario estar inmunizado contra la fiebre amarilla, algo con lo que la mujer ya cuenta porque se vacunó en el pasado, al igual que contra la hepatitis. Maria Lluïsa Morató, coordinadora del grupo de vacunaciones de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, afirma que esto descarta "cualquier riesgo de contraer estas enfermedades". Lluís Valerio, de la Unidad de Salud Internacional Metropolitana Norte, precisa que hay "otras vacunas recomendadas y algunas medicaciones contra la malaria que, en principio, no son adecuadas durante la gestación". "Pero", añade, "eso en ningún caso justifica un despido así, y es algo a lo que una ONG que trabaja en Burundi se supone que debe ser sensible". El comunicado de la Fundación G3T destaca que "la no discriminación por causa de raza, sexo o edad figura entre los valores pilares de la fundación".
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