Mediante una fulminante respuesta policial, las autoridades restablecieron ayer el orden en el complejo habitacional CH 84 en la zona de Casavalle, que había sido asolado por delincuentes.
Euskalerría. Una de las bases del nuevo esquema de seguridad montada por la Agencia Nacional de Vivienda está ubicada en un ex local comercial del complejo de viviendas.
La jueza Julia Staricco dispuso el allanamiento de 47 apartamentos, algunos de los cuales habían sido ocupados por intrusos y otros saqueados. Hubo una persona detenida y varios quedaron emplazados.
El allanamiento dispuesto por la justicia se verificó como consecuencia de la denuncia presentada por la seccional 12 º de Policía ante los hechos suscitados, entre el miércoles y jueves de la pasada semana.
El procedimiento policial -cumplido entre las 9.30 y las 15 horas- culminó con la detención de una sola persona, a quien se encontró en posesión de una moto requerida por hurto. El resto de los ocupantes ilegales fue liberado aunque quedó en calidad de emplazado. Al finalizar el operativo en el que participaron unos 60 efectivos se labró un acta y, tal como estaba previsto, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) se hizo cargo del control efectivo de la seguridad en el complejo habitacional.
Los incidentes comenzaron en la tarde del miércoles cuando, por razones que se investigan, fue retirada la guardia policial del lugar, ubicado en una zona de contexto crítico, en el cruce de San Martín y Aparicio Saravia.
Por disposición del Poder Ejecutivo, la seguridad del complejo, hasta ese momento a cargo del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), debía pasar bajo responsabilidad de la ANV. Lo mismo ocurriría en otras zonas de Montevideo. El traspaso debía verificarse a partir del jueves a las 0 horas.
Sin embargo, en este complejo, los efectivos policiales abandonaron el lugar "unas 12 horas antes de lo previsto", según consignaron varias fuentes consultadas. Este hecho irregular propició saqueos y la ocupación de unos 24 apartamentos de los 47 existentes. Grupos organizados que residen en la zona percibieron de inmediato la situación y procedieron a asolar el complejo. Mediante la actuación policial, se restableció la normalidad y la calma volvió a las viviendas. Varios intrusos con más de un año de ocupación ilegal, fueron desalojados de 4 apartamentos; mientras que el ocupante de otra vivienda, sexagenario que tenía a su cargo varios menores, quedó a disposición de la justicia. "No hubo violencia, no hubo insultos ni resistencia; se restableció el Estado de Derecho en forma rápida y fulminante", dijo a LA REPUBLICA una alta fuente consultada.
Los informantes reiteraron que el abandono de las tareas de vigilancia "no fue espontáneo" sino que obedeció a un plan "intencionado" de represalia por la reducción de efectivos del servicio 222 que supuso la implementación del nuevo esquema de seguridad en manos de la ANV. A partir del 1º de julio, se redujo el número de efectivos destinado a la custodia de viviendas denominadas de interés social: pasó de un total de 115 a 69. Este hecho, sumado a otras medidas, posibilitó un ahorro de unos de U$S 40 mil dólares en el pago de salarios, según las fuentes. El retiro de la guardia, agregaron las fuentes, "fue una maniobra orquestada contra el ministro del Interior Eduardo Bonomi".
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