El Poder Ejecutivo está en conocimiento del incumplimiento, que tiene cierto paralelismo con la decisión de Uruguay de no informar a Argentina sobre la construcción de Botnia, lo que la Corte Internacional de La Haya consideró una violación al Estatuto del Río Uruguay.
Atucha II es una planta de energía atómica cuya construcción comenzó hace años, está ubicada sobre el Río Paraná, en la localidad de Lima, a 115 km de la ciudad de Buenos Aires y adyacente a la central nuclear Atucha I. Se encuentra a 78 kilómetros de Nueva Palmira, 86 de Carmelo, 110 de Dolores y 135 de Fray Bentos y 138 de Colonia.
La Convención de Seguridad Nuclear aprobada por Uruguay y Argentina prevé que los estados con instalaciones nucleares tienen deberes y obligaciones con sus países vecinos, a los que deben informar. Sin embargo, esto no ha ocurrido confirmaron a El País altas fuentes del gobierno. El incumplimiento es tema de análisis en el Ejecutivo, que aún no definió cómo procederá respecto al mismo, añadieron las fuentes.
Tanto Uruguay como Argentina ratificaron por ley la Convención de Seguridad Nuclear (firmada en Viena, en el Organismo Internacional de Energía Atómica, dependiente de Naciones Unidas, el 20 de octubre de 1994). El primero lo hizo en la ley 17.588 del 29 de octubre de 2002, el segundo en la ley 24.776 del 17 de abril de 1998.
Dicha convención señala que su objetivo es "conseguir y mantener un alto grado de seguridad nuclear en todo el mundo a través de la mejora de medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida, cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad". Por ello, expresa que cada Estado "adoptará las medidas adecuadas para velar porque a su propia población y a las autoridades competentes de los Estados que se hallen en las cercanías de una instalación nuclear se les suministre información pertinente sobre los planes de emergencia y respuesta, siempre que sea probable que resulten afectados por una emergencia radiológica originada en dicha instalación".
El tratado obliga a "establecer y mantener defensas eficaces en las instalaciones nucleares contra los potenciales riesgos radiológicos". Además, indica a los países que no tengan instalaciones nucleares que elaboren planes de emergencia.
La experta en derecho nuclear Diva Puig se manifestó a favor de que Uruguay, Argentina y Brasil estudien las instalaciones en las márgenes de los ríos en común y que esto incluya "las instalaciones nucleares, sobre todo las que están más cerca de nuestras fronteras".
"Se habla de las plantas de producción de pasta de celulosa y está perfecto que se estudien, pero también se debería dar cumplimiento de la Convención de Seguridad Nuclear e informarse sobre Atucha II", agregó Puig.
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