Ocho documentos desclasificados por el National Security Archive en Washington, se constituyeron en pruebas de cargo para la condena a 30 años de prisión por "atentado a la Constitución" de Juan María Bordaberry, primer dictador latinoamericano enjuiciado por dar un golpe de Estado.
El episodio es destacado por Carlos Osorio, uno de los más importantes desclasificadores del Freedom of Information Act (FOIA), una organización no gubernamental estadounidense que ha procesado cuatro millones de documentos del Departamento de Estado norteamericano.
Osorio, quien presentó más de 70 documentos desclasificados ante el Juzgado Penal de 5º turno en Uruguay, destacó esta semana el fallo de la jueza Mariana Motta, quien también adjudicó responsabilidad a Bordaberry en nueve casos de desaparición forzada y dos homicidios políticos.
Asistido por Marianna Enamoneta y Miliette Marcos, Osorio publicó un artículo en la página web del FOIA en el que subraya la importancia de los documentos desclasificados en la histórica causa denunciada por los abogados Hebe Martínez Burlé y Walter De León.
"Los documentos de Estados Unidos ayudan a los jueces a sobrepasar lo obstáculos de impunidad en Uruguay", sostuvo Osorio, para quien el material desclasificado identifica el rol de Bordaberry en el golpe de 1973, su desdén por las instituciones democráticas y su papel en los crímenes de la dictadura.
Golpe de Estado y torturas
El primero de los documentos es un memorándum fechado el 1º de julio de 1973 al segundo de la Embajada norteamericana en Uruguay, Frank Ortiz, expresa su temor de que recientes denuncias de tortura en Paysandú y el golpe de Estado pongan el peligro el apoyo del Congreso de EEUU al programa de asistencia a la policía uruguaya.
Ortiz, representante de la Agencia Internacional para el Desarrollo (Usaid), señala que "el último acto del Senado en las tempranas horas del 27 de junio fue votar 16 a 1, para hacer una investigación de las acusaciones de tortura en Paysandú".
"Inmediatamente después el Senado fue cerrado ya disuelto por el Presidente Bordaberry", agrega Ortiz, a quien un observador en el exterior le indicó que el golpe sería tanto por no poder conseguir el desafuero del Senador Enrique Erro como para prevenir una investigación sobre torturas en el país.
Un segundo documento del propio Frank Ortiz, expresa el 2 de julio que tras la disolución del Parlamento y de la central sindical CNT ("dominada por los comunistas") "los grupos de oposición, cuyos líderes están escondidos, están en estado de shock por lo imprevisto y arrasador de las medidas del gobierno".
El artículo del FOIA recuerda que, según Amnistía Internacional y numerosos otros organismos de derechos humanos, entre 1973 y 1976, Uruguay se terminó por convertir en el país con mayor número de encarcelados y torturados per cápita en América Latina.
"Escuadrones de la muerte"
Un tercer documento desclasificado, con fecha 25 de julio de 1973, y escrito por el asesor en jefe de Seguridad Pública de la Usaid, Charles C. Guzmán, señala la existencia de órdenes gubernamentales para realizar operaciones "especiales", que implicarían a escuadrones de la muerte.
"Para el 10 de julio, la oficina del jefe de la Policía había recibido órdenes de reintegrarse a las operaciones militares (...) se habían dado órdenes de operaciones coordinadas al mediodía de esa fecha (...) para la una de la tarde del 10 de julio, la Policía de Montevideo recibió nuevas órdenes llamando a un incremento en la coordinación entre las operaciones militares y de la Policía".
"Hay indicios de que se trata principalmente de operaciones de recolección de inteligencia y de naturaleza "especial", señala el documento desclasificado por Osorio, quien en su artículo destaca que en "la jerga de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad de los años sesenta y setenta el término "especiales" es una referencia a las actividades de los escuadrones de la muerte.
El propio documento, en su reporte sobre actividades policiales realizadas en los días anteriores, en los que cientos de personas fueron arrestadas, señala que parecería que los "planes del 14 de abril de 1972 estarían siendo reimplementados".
El reporte explica que un comando especial, integrado por la Metropolitana, la Republicana y "grupos de apoyo", se instaló en la oficina adjunta a la del jefe de Policía de Montevideo, bajo el mando de un coronel del Ejército, que informa de las acciones al ministro del Interior, Nestor Bolentini.
Informe a Henry Kissinger
El cuarto documento de cargo contra Bordaberry, es un informe que el embajador norteamericano Ernest Siracusa envió al Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger el 2 de noviembre de 1973, en el que hace un balance de los primeros cuatro meses del golpe de Estado.
"Desde el 27 de junio el gobierno de Bordaberry ha cerrado el Congreso, proscrito la actividad política, impuesto la censura para apagar a la crítica, hecho ilegal a la confederación sindical controlada por los comunistas, suspendido las actividades de la universidad nacional y tiene planes de proscribir a la federación de estudiantes universitarios y grupos afiliados. La base de poder del gobierno se ha movido hacia las Fuerzas Armadas".
El artículo del FOIA agrega que "con respecto a la relación de Bordaberry con los militares, Siracusa observa que "sus características lo hacen sentirse cómodo con los militares, y el debate sin fin sobre si Bordaberry o los militares están tras cualquier medida, generalmente están fuera de foco, pues el que Bordaberry y los militares generalmente están pensando en la misma línea".
"Creemos que Bordaberry fue el que inició la movida de cerrar el Congreso. Así mismo, fue Bordaberry, no los militares, quien esbozó un decreto que se espera vea la luz pronto proscribiendo o disolviendo al Partido Comunista (PCU). Estas y otras medidas, concebidas en términos de patriotismo, moralidad, o en consideraciones más prácticas, han aliado al presidente muy a menudo con los de línea dura como el comandante de la primera división, General Esteban Cristi", explica el informe de Siracusa.
En un quinto documento, fechado el 26 de diciembre de 1973, Siracusa da cuenta de una entrevista que mantuvo con Bordaberry, en la que el dictador le dice sobre la instituciones democráticas uruguayas: en cierto sentido (...) estas instituciones, tal como operaban, eran ellas mismas la amenaza real a la democracia en Uruguay".
Zelmar y Toba: subversivos
El sexto documento, es un informe a Kissinger del embajador norteamericano de Buenos Aires, Robert Hill, quien ante una serie de muertes sospechosas de guerrilleros chilenos en Argentina, señala el 14 de agosto de 1975 que ya existe una coordinación represiva entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.
Esa coordinación sería confirmada en 1976 por los informes del enlace del FBI, Robert Scherrer, quien informaría sobre la existencia de la Operación Cóndor para la eliminación de los principales líderes de la resistencia a las dictaduras en la región.
En el séptimo documento, fechado el 18 de junio de 1976, un mes después del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, el embajador Siracusa cita fuentes argentinas para implicar a los dos legisladores uruguayos en actividades subversivas.
Afirma que "Gutiérrez Ruiz es uno de los tres directores del pro cubano diario de extrema izquierda (sic) 'El Debate'" y señala que en 1970 tuvo información del secuestro de diplomáticos por el MLNTupamaros, quien lo secuestró para que se reuniera con el paramilitar Bardecio en 1972.
Sobre Zelmar, Siracusa sostiene que las autoridades argentinas "consideraban que Michelini estaba trabajando con la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) en Argentina, orquestando campañas de propaganda contra Uruguay. La JCR es la coordinación de los grupos terroristas/subversivos de Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia", agrega.
La "Tercera Guerra Mundial"
El octavo documento, fechado el 3 de agosto de 1976, es un análisis que elaboró Harry Shlaudeman, asistente de Henry Kissinger, advierte sobre la represión coordinada de las dictaduras del cono sur por la que ya habían muerto líderes de la oposición de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay.
En el material que LA REPUBLICA ya había publicado en agosto de 2002 Shlaudeman explica que "los regímenes militares del Cono Sur" están juntando fuerzas para erradicar la "subversión", que se traduce cada vez más como disidencia no violenta de la izquierda y del centro".
"Las fuerzas de seguridad del Cono Sur ahora coordinan estrechamente actividades de inteligencia; operan en los territorios de uno u otro persiguiendo a subversivos; han establecido la Operación Cóndor para localizar y matar a terroristas de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) en sus propios países y en Europa...", agrega
Shlaudeman concluye que "el problema parte con la definición de 'subversión' (...) que se acerca cada vez más a incluir a casi cualquier persona que se oponga a las políticas gubernamentales... y recuerda que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay Juan Carlos Blanco el primero en describir la campaña contra los terroristas como la 'Tercera Guerra Mundial'".
"La descripción es interesante por dos razones agrega Shlaudeman: justifica medidas feroces y arrasadoras de 'tiempos de guerra' y enfatiza el aspecto internacional e institucional, justificando por lo tanto el ejercicio del poder mas allá de las fronteras nacionales".
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