En el marco de nuevas medidas contra la inseguridad, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció el envío de una iniciativa a la Legislatura que contempla el endurecimiento de penas contra los cuidacoches y los manifestantes encapuchados.
"La gente tiene miedo y necesita que extrememos todas las medidas que tenemos a nuestro alcance". En una conferencia de prensa, Mauricio Macri adelantó ayer que buscará modificar el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que regula aquellas faltas que no son delito.
"Necesitamos que el vecino que circula por la ciudad esté tranquilo y no se sienta comprometido por la presencia de grupos que a veces actúan con violencia", subrayó Macri. Las modificaciones prevén el arresto de entre uno y cinco días a los llamados "trapitos" -cuidacoches o personas que piden a los automovilistas- y triplicar las penas para sus jefes, entre otras cosas.
El proyecto será evaluado ahora por la Legislatura bonaerense, a la que Macri pidió que aborde el asunto "con urgencia y no sea politizado, ya que hay miedo y preocupación de la sociedad por la inseguridad". Macri declaró que sólo podrán trabajar como cuidacoches o limpiavidrios aquellos que "estén regulados por el gobierno porteño".
El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, ya había reclamado a finales de enero que en el Código se incorporaran más sanciones contra los "trapitos". Señaló que en la actualidad "el Código Contravencional pide comprobar el hostigamiento. Es decir, si una persona deja el auto tiene que tener un testigo que diga que fue hostigado".
En consecuencia, Burzaco reclamó "cambiar el código para que prohíba el pedido de plata en la calle a la gente que estaciona el auto" y abogó a favor de "habilitar lugares de estacionamiento y controlarlos con la policía de tránsito, de modo de correr el accionar de esta gente".
El funcionario del gobierno de Macri también anunció que, a los efectos de desterrar a los "trapitos", la Policía aumentaría su presencia en las calles.
"De ese modo vamos a ir disuadiendo y trabajando en prevención. Para no estar corriendo detrás del hecho sino prevenirlo", sostuvo.
Algunos legisladores adelantaron que rechazan la propuesta porque afecta a quienes consideran trabajadores. Sin embargo, otros se mostraron de acuerdo con controlar más de cerca a los cuidacoches, que algunos han vinculado a las barras bravas de los clubes de fútbol. En los alrededores de los estadios los "trapitos" exigen el pago de entre US$ 5 y US$ 10.
Desde el partido de Macri, el PRO, el legislador Cristian Ritondo señaló ayer que "hay que ponerle límites a `trapitos` porque termina siendo extorsivo. Y es habitual ver robo de limpiavidrios todos los días en 9 de Julio".
Macri compartió la conferencia de prensa con el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, quien afirmó por su parte que el proyecto sugiere la prohibición al uso de capuchas y palos porque representan una "forma de amenaza".
"Espero que todas las fuerzas entiendan que esto es una forma de amedentramiento", sostuvo el ministro tras ser consultado acerca de cómo se implementarán en la práctica este tipo de modificaciones. Quienes sean hallados con capuchas podrán quedar detenidos entre 10 y 40 días. Ante críticas de kirchneristas, Enzo Luis Pagani, también del PRO, estimó que "de ninguna manera se criminaliza la protesta social. Somos defensores del derecho de manifestación y de reclamar en defensa de cualquier derecho. Eso no implica ir ocultando su rostro. Una cosa es la protesta social y otra es los que se aprovechan de esto".
La conferencia de prensa que Macri brindó ayer también tocó un punto discutido en la actual administración: la utilización por parte de la Policía de armas eléctricas Taser X26.
Este asunto fue cuestionado por el kirchnerismo y objetado por organismos de Derechos Humanos. A principios de mes, además, la Justicia de Buenos Aires prohibió su utilización. Sin embargo, los macristas esgrimieron que estas armas resultan fatales cuando se usan mal y no cuando se las maneja adecuadamente. El mismo jefe de gobierno declaró que hay "demasiado prejuicio".
"No estamos improvisando sino que estamos trayendo tecnología de avanzada que se usa en otras partes del mundo y la probaremos a ver cómo la introducimos, siempre en favor de disuadir, salvar vidas y que la violencia sea la menor posible, protegiendo a nuestros policías", argumentó Macri.
"Todas las armas son peligrosas y un arma de fuego es más peligrosa que una pistola eléctrica Taser; los controles van a determinar cuál es una mala utilización y cuál es la buena, con lo cual estamos en condiciones de decir que estamos controlando cuál es el uso de ese tipo de armas", sentenció Guillermo Montenegro.
La pistola eléctrica produce una descarga de 50 mil voltios durante cinco segundos.
En su paquete de medidas en contra de la inseguridad, Macri también anunció un endurecimiento de las penas que sancionan la destrucción y el daño del patrimonio histórico y público de la ciudad y declaró que pedirá a los legisladores que discutan la habilitación de espacios para la construcción de comisarías destinadas a los efectivos de la flamante Policía Metropolitana.
Asimismo, el jefe de gobierno porteño incluyó en el proyecto que remitió a la Legislatura la aplicación de la Justicia de modo inmediato cuando se detecta a una persona en una contravención flagrante: los jueces deberán tomar declaraciones y redactar una sentencia en un plazo máximo de 48 hs.
Macri mencionó asimismo la difusión en los próximos días de otro proyecto que contempla la creación de un registro en el que figure el ADN de violadores y abusadores sexuales.
La reforma del Código Contravencional es uno de los proyectos clave que la Legislatura de Buenos Aires discutirá este año. En ese organismo el jefe de gobierno no tiene mayorías y deberá conseguir el apoyo de políticos de diversas orientaciones para sacarla adelante.
Investigan pago de coimas por US$ 90 millones en Aerolíneas
BUENOS AIRES | Tras una denuncia que publicó el diario argentino La Nación de que Aerolíneas Argentinas habría pagado de más en la compra de 20 aviones, la Justicia realizó ayer un allanamiento en las oficinas de la empresa estatal, a los efectos de recabar información que complemente la denuncia.
Los jueces investigan a Manuel Vázquez, un ex asesor del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por el supuesto pago de coimas para cerrar una operación de compra de aviones brasileños. En mayo de 2009, Aerolíneas adquirió 20 naves de la norteña Embraer a US$ 34,5 millones cada una. En el mercado esos aviones cuestan US$ 30 millones.
La aerolínea se defendió diciendo que la diferencia de precios responde a los "opcionales" que tienen los aviones, pero la Justicia decidió ir más allá e indagar a fondo las acusaciones que un anónimo le remitió.
El sucesor de Ricardo Jaime y actual titular de Transporte, Juan Pablo Schiavi, señaló que le resultaba "pintoresco que aparezca la nota en el diario y a las tres horas tengamos el allanamiento".
"En una operación entre países sería impensable ningún tipo de alguna maniobra dolosa como la que se describen hoy", argumentó. El funcionario atribuyó la situación a "gente que le molesta" que la empresa estatal "esté volando a todo el país con niveles de frecuencia muy importantes". LA NACIÓN / GDA
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