Después del informe desfavorable del Consejo Fiscal y del "no informe" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros no consiguieron llegar a un acuerdo, el último que quedaba por hablar, el Consejo de Estado, ha avalado por unanimidad la constitucionalidad del anteproyecto de ley del aborto que prepara el Gobierno y que recoge, por primera vez en España, un sistema de plazos para regular esta práctica: las mujeres podrán decidir libremente interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. El Consejo de Estado, según fuentes cercanas a este órgano consultivo del Gobierno, sostiene en el dictamen aprobado este jueves -que no es vinculante- que la ley de plazos es plenamente compatible con la Constitución.
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Sobre la polémica cuestión de si las chicas de 16 y 17 años deben o no poder decidir por sí mismas si desean abortar, el Consejo de Estado confirma que ellas deben tener la última palabra, pero recomienda que los padres "sean oídos". En cuanto a las chicas de 12 a 15 años, que sí necesitan el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo, el órgano señala que deberían ser escuchadas.
El anteproyecto ha sido estudiado por la Sección Tercera del Consejo, que dirige el consejero permanente -y padre de la Constitución- Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y ha sido debatido en la comisión permanente del órgano, presidido por el ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Rubio Llorente.
El Consejo precisa también cómo debería ser la información que se otorga a las mujeres que se están planteando abortar. El dictamen señala, según fuentes del órgano, que la información no debe tener carácter de consejo y que debe estar al margen de consideraciones religiosas. Hay que respetar al máximo la libertad de la mujer, pero, al mismo tiempo, ésta debe recibir una información amplia y no sólo sobre las ayudas a la maternidad, sino también sobre las circunstancias que concurren en cada caso. Debe ser una información individualizada, no estándar para todas, que tenga en cuenta las necesidades y características de la paciente.
El dictamen habla sobre las penas previstas para los incumplimientos de lo dispuesto en la ley. Propone que se agraven algunas conductas de médicos y profesionales que participan en los abortos. Con respecto a las mujeres, sin embargo, para las que el Gobierno ha eliminado las penas de prisión y sustituido por multas, el Consejo entiende que tampoco las multas tienen mucho sentido ante un delito de estas características. Señalan los consejeros que la multa no cumple ninguna función social en este caso, por lo que recomiendan que se piense en otro tipo de sanción.
Otro punto a debate es el de los comités clínicos que tendrán que decidir si autorizar los abortos posteriores a la semana 22 en caso de que "se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico". El anteproyecto del Gobierno señala que "no podrán formar parte del comité quienes se hayan manifestado contrarios a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo". Sobre este aspecto de la ley, el Consejo también avala la legalidad de esta medida y defiende que una persona en estas condiciones no debe formar parte del comité médico.
El dictamen, similar al redactado por Margarita Uría en el seno del Consejo General del Poder Judicial y que no logró ser aprobado, permite al Gobierno remitir próximamente a las Cortes su texto para que comience el trámite parlamentario. El Ministerio de Igualdad prevé llevar la próxima semana si es posible el proyecto al Consejo de Ministros.
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Sobre la polémica cuestión de si las chicas de 16 y 17 años deben o no poder decidir por sí mismas si desean abortar, el Consejo de Estado confirma que ellas deben tener la última palabra, pero recomienda que los padres "sean oídos". En cuanto a las chicas de 12 a 15 años, que sí necesitan el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo, el órgano señala que deberían ser escuchadas.
El anteproyecto ha sido estudiado por la Sección Tercera del Consejo, que dirige el consejero permanente -y padre de la Constitución- Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y ha sido debatido en la comisión permanente del órgano, presidido por el ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Rubio Llorente.
El Consejo precisa también cómo debería ser la información que se otorga a las mujeres que se están planteando abortar. El dictamen señala, según fuentes del órgano, que la información no debe tener carácter de consejo y que debe estar al margen de consideraciones religiosas. Hay que respetar al máximo la libertad de la mujer, pero, al mismo tiempo, ésta debe recibir una información amplia y no sólo sobre las ayudas a la maternidad, sino también sobre las circunstancias que concurren en cada caso. Debe ser una información individualizada, no estándar para todas, que tenga en cuenta las necesidades y características de la paciente.
El dictamen habla sobre las penas previstas para los incumplimientos de lo dispuesto en la ley. Propone que se agraven algunas conductas de médicos y profesionales que participan en los abortos. Con respecto a las mujeres, sin embargo, para las que el Gobierno ha eliminado las penas de prisión y sustituido por multas, el Consejo entiende que tampoco las multas tienen mucho sentido ante un delito de estas características. Señalan los consejeros que la multa no cumple ninguna función social en este caso, por lo que recomiendan que se piense en otro tipo de sanción.
Otro punto a debate es el de los comités clínicos que tendrán que decidir si autorizar los abortos posteriores a la semana 22 en caso de que "se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico". El anteproyecto del Gobierno señala que "no podrán formar parte del comité quienes se hayan manifestado contrarios a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo". Sobre este aspecto de la ley, el Consejo también avala la legalidad de esta medida y defiende que una persona en estas condiciones no debe formar parte del comité médico.
El dictamen, similar al redactado por Margarita Uría en el seno del Consejo General del Poder Judicial y que no logró ser aprobado, permite al Gobierno remitir próximamente a las Cortes su texto para que comience el trámite parlamentario. El Ministerio de Igualdad prevé llevar la próxima semana si es posible el proyecto al Consejo de Ministros.
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