El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo en cuestión aborda un asunto por demás polémico y muy debatido, sobre el que no hay unanimidades. Estamos hablando de la norma que reconoce la actuación ilegítima del Estado y repara integralmente a las víctimas del período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985.
Fue Margarita Percovich la encargada de informar acerca de esta nueva ley de reparación a la víctimas de la dictadura. Con su voz clara, la senadora vertientista explicó los alcances de la norma. El proyecto que ahora pasa a consideración de la Cámara de Diputados se inscribe en el marco de lo que ha sido la política del gobierno en el sentido de promover una reparación a quienes sufrieron los rigores del terrorismo de Estado, reparación material y moral ya que, además de establecer indemnizaciones monetarias, mandata al Estado a promover "acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas".
Ello apunta, también, a preservar la memoria histórica mediante la señalización con placas o expresiones materiales de sitios públicos notoriamente identificados con hechos de terrorismo de Estado.
En cuanto a los montos de las reparaciones, explicó Margarita que los mismos se adecuan a las posibilidades financieras del país. Uno de los aspectos a subrayar del texto del proyecto es que por primera vez el Estado uruguayo reconoce su responsabilidad en el quiebre institucional y el terrorismo de Estado, un hecho político que el senador Gargano se encargó de resaltar. Pero tan importante como esto es el hecho de que la norma incluye a texto expreso los gobiernos de Pacheco y de Bordaberry (antes del 27 de junio de 1973) en el período durante el cual el Estado tuvo responsabilidad "en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social a partir del 13 de junio de 1968", fecha en que Pacheco decretó Medidas Prontas de Seguridad que duraron, con breves lapsos, hasta el avasallamiento oficial de las instituciones en junio de 1973.
El proyecto dispone, asimismo, que las víctimas del terrorismo de Estado, incluyendo a los niños que hayan sido secuestrados o que hayan permanecido en cautiverio con sus padres, "tendrán derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia prestaciones médicas" en las que están comprendidas la atención psicológica, odontológica y farmacológica. El proyecto prevé, finalmente, la creación de una Comisión Especial en el ámbito del MEC que entenderá y resolverá sobre las solicitudes de amparo a los beneficios de la norma.
Gargano realizó una extensa intervención en la que recordó el gobierno de Pacheco Areco desarrollado bajo el régimen de excepción de las Medidas de Seguridad y cómo, cuando el Parlamento las levantaba, el presidente las reimplantaba inmediatamente. Sostuvo que en rigor desde 1951 se puede observar una progresión de un estado de tensión que llevó a la aplicación del régimen de excepción cada vez con mayor asiduidad de parte de los diferentes gobiernos que se sucedieron desde entonces, y reclamó una profunda autocrítica de los partidos tradicionales.
Michelini, por su parte, se mostró conforme con el texto legal aunque advirtió que la mejor reparación que puede otorgarse a las víctimas del terrorismo de Estado es permitir el libre accionar de la Justicia, y terminó aseverando que la lucha por la anulación de la Ley de Caducidad debe continuar.
Luego los blancos pidieron un cuarto intermedio de media hora. Al reanudarse la sesión, Carlos Moreira abrió el fuego exponiendo cuál sería la postura de su Partido respecto de la ley. Empezó por expresar que el nacionalismo condena enérgicamente todo tipo de terrorismo de Estado y recordó el repudio al golpe de 1973. Sin embargo, expresó sus reservas en cuanto a incluir el período de junio del 68 a junio del 73, por entender que se trata de una época muy convulsionada no sólo por la actuación del gobierno de Pacheco sino, también, "por el accionar de la organización que se había levantado en armas contra las instituciones".
Consideró, por tanto, que el proyecto, más allá de aspectos positivos, refleja una visión parcial de los sucedido en aquellos años y que para ser justo debería ser más abarcativo, incluyendo en las reparaciones a los civiles, policías y militares víctimas de la sedición. Al respecto, citó expresiones del doctor Tabaré Vázquez en 2007, cuando promovió el "Nunca Más" y envió un proyecto de ley de reparación que contempla a ese otro universo de alrededor de 65 personas. "Ese proyecto duerme el sueño de los justos en algún cajón de la Cámara de Diputados", concluyó Moreira preguntándose la razón del cambio verificado en dos años en el criterio del Poder Ejecutivo. Sus correligionarios centraron sus intervenciones en los mismos argumentos expuestos por el coloniense. Llegaron incluso a presentar un aditivo por el que se incluía a las víctimas de la guerrilla, pero el mismo fue desechado por el oficialismo. Finalmente, puesto a votación, el proyecto cosechó los votos de los 17 senadores frentistas y la negativa de los ocho nacionalistas.
LR-U
No hay comentarios:
Publicar un comentario