"No podemos solucionar los problemas sociales con justicia penal"

Con la presencia del ministro del Interior, Jorge Bruni, el secretario general de la OEA, Miguel Insulza, el criminólogo argentino Elías Carranza y representantes de más de 20 países, se lleva a cabo entre hoy y mañana en el hotel Radisson, la Conferencia Interamericana sobre Seguridad Pública de la OEA. La reunión tiene por objetivo desarrollar la producción de insumos para la II Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública en las Américas (Mispa II) a llevarse a cabo a fin de año en República Dominicana.
En el encuentro, el gobierno uruguayo realizará una presentación sobre "prevención de la violencia", y las experiencias novedosas que se han desarrollado en este ámbito. Estará a cargo del Soc. Rafael Paternain por el Ministerio del Interior y el Ing. Miguel Brechner por el LATU. Esta presentación se realizará, previo a la inauguración, a la hora 10.45 de esta mañana.

Visita ilustre
El experto argentino Elías Carranza, radicado hace 30 años en Costa Rica, es una de las más destacadas personalidades en materia criminológica en nuestro continente. Es director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) con sede en Costa Rica y como investigador trabaja en política criminal, sociología criminal, y sociología del sistema de justicia penal.
Carranza ha publicado numerosas obras como Justicia Penal y sobrepoblación penitenciaria: respuestas posibles (Ed.Siglo XXI, 2001), Delito y Seguridad de los habitantes (Siglo XXI, 1997), Criminalidad: ¿prevención o promoción? (Euned, 1994 y 1997), Sistemas penitenciarios y alternativas a la prisión (Depalma, 1992, con Houed, Mora y Liverpool), Infancia, adolescencia y control social en América Latina (Depalma, 1990, con E. García Méndez), Sistema penal y derechos humanos en Costa Rica (Educa, 1989, con H. Isa y M. León) y El preso sin condena en América latina y el Caribe (Ilanud 1983 y 1988, con E. R. Zaffaroni, M. Houed y L. P. Mora).
En reciente documento de Ilanud presentado por Carranza, se establece que Uruguay es el 4º país de América Latina con mayor cantidad de presos cada 100.00 habitantes (231).
De acuerdo al documento, que toma datos de 2008, Chile posee la más elevada tasa de encarcelados con 318, seguido por Panamá con 275, luego El Salvador, Uruguay y Brasil con 258, 231 y 226 presos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
Para Carranza, "con la Justicia Penal hay que solucionar los problemas penales, pero cuando tenemos más del 50 por ciento de pobreza no podemos resolver los problemas sociales con Justicia Penal".
El jerarca manifestó que la desigual distribución de los ingresos entre la población es una de las principales causas de delito de los países de América Latina y rechazó atribuir el aumento de la inseguridad solamente a la "pérdida de valores".
Puso como ejemplo a Guatemala y a Estados Unidos, dos países del continente americano con pena de muerte y con los índices de homicidio más altos.
Según Carranza, "con penas extremas no se va a reducir la criminalidad. Si queremos mejorar la sociedad en su conjunto hay que tener una justicia sensata", abogando por un "uso más coherente" de la prisión preventiva y las condenas.

Elevadas tasas
Mientras en Europa la proporción de adolescentes es reducida, en países de América Latina el porcentaje de adolescentes y de menores de edad en general es muy elevado, alcanzándose promedialmente un 35,5% de la población menor a los 18 años.
Mientras Chile, Panamá, El Salvador, Uruguay y Brasil lideran la estadística de mayor cantidad de reclusos, Bolivia, con una tasa de 85 reos por cada 100.000 habitantes, es el país con menos reclusos, mientras que Guatemala con 88, Paraguay con 100, Ecuador con 118 y Nicaragua con 120, son los de menores índices criminales.
Las condiciones de hacinamiento en las cárceles latinoamericanas, de las que Uruguay no escapa con una población superior a los 8.000 reclusos, constituyen otra problemática crítica que dificulta la resocialización de los internos, que debería ser el objetivo fundamental de la condenas.

LR-U