La mayoría de partidos políticos catalanes, empezando por CiU, anunció ayer que darán una respuesta unitaria y contundente si el Tribunal Constitucional retoca finalmente conceptos tan esenciales del Estatuto como la obligación de conocer el catalán o el término "nación". El diputado Joan Ridao, secretario general de ERC, uno de los padres del texto, alertó que si ese recorte se consuma se "hundirían algunas paredes maestras" del Estatuto, y sospechó que "los magistrados actúan siguiendo más criterios políticos que jurídicos".
El presidente del Parlamento de Cataluña augura una "crisis de Estado"
Joan Herrera, secretario general de ICV, vio imposible un fallo tan adverso: "No es factible una lectura tan restrictiva porque dejaría fuera de la Constitución a gran parte de España. Es como si la realidad social no cupiera en ella".
No todo el mundo quiso opinar sobre los derroteros de la sentencia. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP en Cataluña, es partidaria de guardar silencio y dejar trabajar a los jueces. "Nos gusten o no sus sentencias", ha recalcado varias veces. El PP fue el único partido que se opuso en su día al Estatuto, aprobado por el 88% de la Cámara catalana y refrendado en las urnas en 2006 por el 73,9% de los que fueron a votar.
El Partit dels Socialistes (PSC) también prefirió callar. "Hace dos años que no hacemos valoraciones sobre la posible sentencia", dijo Miquel Iceta, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento catalán, que apeló al "sentido común" para mantenerse al margen también sobre posibles manifestaciones previas.
La estrategia del Ejecutivo catalán es mantener la prudencia hasta que el Alto Tribunal no acabe con la espera. José Montilla, presidente de la Generalitat, es partidario de no avivar el debate y ya censuró la idea de su vicepresidente, Josep Lluis Carod Rovira, de celebrar una protesta previa, quizá en la Diada. La propuesta fue aplaudida por el ex presidente Pasqual Maragall. Pese a su silencio, Montilla ha hecho pública su posición en otras ocasiones: sostiene que el Estatuto es constitucional y que nació de un pacto político que "no pueden tumbar los tribunales".
El republicano Ernest Benach, presidente del Parlamento catalán, fue más allá y auguró en el diario Avui una "crisis de Estado" si se confirma el escenario más restrictivo: "El pueblo de Cataluña habló en referéndum y que el Constitucional pueda reinterpretar el Estatuto puede crear un gravísimo conflicto [...] No ver eso y no entender las consecuencias es dramático para Cataluña pero sobre todo para España". Y agregó: "El Estatuto es nuestra Constitución".
CiU se mostró a favor de no caer en "provocaciones estériles" antes de saber el fallo. Felip Puig, número dos convergente, avisó: "La última palabra la tiene el pueblo de Cataluña y no un tribunal desprestigiado. Cuando se conozca la sentencia, habrá que traerla al Parlament, construir un plan b y salir bien unidos". Sin embargo, dudó del consenso porque recordó que "populares y socialistas" han contribuido a un eventual recorte con los recursos presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y Aragón, comunidad regida por socialistas.
ICV, el socio menor del tripartito, avisó que sólo "espera y acepta" una sentencia favorable y vio en las deliberaciones el miedo de la derecha política y judicial al Estatuto porque impulsa el Estado plurinacional.
"Cualquier fallo que recorte los símbolos, la lengua y la financiación tendrá la respuesta unitaria del tejido político y social catalán", advirtió el vicepresidente Lluis Moreno.
El presidente del Parlamento de Cataluña augura una "crisis de Estado"
Joan Herrera, secretario general de ICV, vio imposible un fallo tan adverso: "No es factible una lectura tan restrictiva porque dejaría fuera de la Constitución a gran parte de España. Es como si la realidad social no cupiera en ella".
No todo el mundo quiso opinar sobre los derroteros de la sentencia. Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP en Cataluña, es partidaria de guardar silencio y dejar trabajar a los jueces. "Nos gusten o no sus sentencias", ha recalcado varias veces. El PP fue el único partido que se opuso en su día al Estatuto, aprobado por el 88% de la Cámara catalana y refrendado en las urnas en 2006 por el 73,9% de los que fueron a votar.
El Partit dels Socialistes (PSC) también prefirió callar. "Hace dos años que no hacemos valoraciones sobre la posible sentencia", dijo Miquel Iceta, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento catalán, que apeló al "sentido común" para mantenerse al margen también sobre posibles manifestaciones previas.
La estrategia del Ejecutivo catalán es mantener la prudencia hasta que el Alto Tribunal no acabe con la espera. José Montilla, presidente de la Generalitat, es partidario de no avivar el debate y ya censuró la idea de su vicepresidente, Josep Lluis Carod Rovira, de celebrar una protesta previa, quizá en la Diada. La propuesta fue aplaudida por el ex presidente Pasqual Maragall. Pese a su silencio, Montilla ha hecho pública su posición en otras ocasiones: sostiene que el Estatuto es constitucional y que nació de un pacto político que "no pueden tumbar los tribunales".
El republicano Ernest Benach, presidente del Parlamento catalán, fue más allá y auguró en el diario Avui una "crisis de Estado" si se confirma el escenario más restrictivo: "El pueblo de Cataluña habló en referéndum y que el Constitucional pueda reinterpretar el Estatuto puede crear un gravísimo conflicto [...] No ver eso y no entender las consecuencias es dramático para Cataluña pero sobre todo para España". Y agregó: "El Estatuto es nuestra Constitución".
CiU se mostró a favor de no caer en "provocaciones estériles" antes de saber el fallo. Felip Puig, número dos convergente, avisó: "La última palabra la tiene el pueblo de Cataluña y no un tribunal desprestigiado. Cuando se conozca la sentencia, habrá que traerla al Parlament, construir un plan b y salir bien unidos". Sin embargo, dudó del consenso porque recordó que "populares y socialistas" han contribuido a un eventual recorte con los recursos presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y Aragón, comunidad regida por socialistas.
ICV, el socio menor del tripartito, avisó que sólo "espera y acepta" una sentencia favorable y vio en las deliberaciones el miedo de la derecha política y judicial al Estatuto porque impulsa el Estado plurinacional.
"Cualquier fallo que recorte los símbolos, la lengua y la financiación tendrá la respuesta unitaria del tejido político y social catalán", advirtió el vicepresidente Lluis Moreno.
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