La OEA decidió suspender, con efecto inmediato, la participación de Honduras en el organismo interamericano como respuesta al golpe de Estado que tuvo lugar el pasado domingo y que sacó del poder a Manuel Zelaya.
Esta es la primera vez desde la firma de la Carta Democrática Interamericana en 2001 que los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) deciden suspender a un Estado miembro, aunque existe un precedente anterior con la exclusión de Cuba en 1962.
La expulsión de la OEA y la vuelta de Zelaya, que ha anunciado su regreso al país este mediodía "para restaurar la paz", acompañado de "personalidades del hemisferio" aún por especificar, han disparado las alertas en Tegucigalpa.
Según informa Jacobo García, "dos granadas han explotado a las 23.00 hora local (durante el toque de queda), sin causar heridos, en las sedes del periódico La Tribuna y del Canal 11 de televisión, a los que los partidarios de Zelaya reprochan ser complices del golpe de Estado".
La decisión de la OEA fue adoptada tras el fracaso de las gestiones diplomáticas encabezadas por Insulza durante las 72 horas de plazo que le dio una Asamblea General extraordinaria convocada esta semana para tratar la crisis desatada con el golpe de Estado que el pasado domingo provocó la expulsión de Honduras del presidente Manuel Zelaya.
Los países miembros del máximo organismo interamericano votaron a mano alzada la suspensión de Honduras, con 33 votos afirmativos -se necesitaban únicamente 24, dos tercios de la cámara-, informó el canciller argentino, Jorge Taiana, que preside la XXXVII Asamblea General de la OEA.
La suspensión de Honduras se produce en virtud del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana (CDI) firmada en 2001, que es el que prevé las posibles sanciones a un Estado miembro en caso de que se constate la "ruptura del orden democrático" que el documento establece debe prevalecer en el hemisferio occidental.
Según dicho artículo, una vez convocada la Asamblea General a un "período extraordinario de sesiones", como ha sucedido en el caso de Honduras, si las gestiones diplomáticas resultan "infructuosas", la OEA puede tomar la decisión de "suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación" en el organismo hemisférico si se cuenta con el voto afirmativo de dos tercios de los países miembros. Una vez aprobada, dicha suspensión entrará en vigor "de inmediato", agrega el artículo.
Nuevas obligaciones para Honduras
Pese a su suspensión, el país sancionado "deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro" de la OEA, especialmente "en materia de derechos humanos", especifica la CDI que, además, indica que la OEA "mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado miembro afectado". La "suspensión" de un país de la OEA tiene consecuencias directas en materia político-diplomática.
Las implicaciones están estipuladas en el artículo 9 de la Carta de la OEA, según el cual el país sancionado "podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado". Asimismo, queda suspendida de la Junta Interamericana de Defensa (JID) que forma parte también del sistema interamericano.
Observadores coinciden en que la medida adoptada contra Honduras es la más contundente de la OEA desde 1991, cuando acordó el envío urgente a Haití de una comisión de cancilleres y del entonces secretario general del organismo, Joao Clemente Baena Soares, para lograr la restitución de Aristide, con la amenaza de un aislamiento político, diplomático y económico de trasfondo.
Entretanto, el organismo hemisférico desestimó la decisión del gobierno de facto de Honduras de retirarse del organismo apelando al artículo 143 de la Carta de la OEA, al no reconocer a ninguna autoridad instaurada en Tegucigalpa tras el golpe de Estado del pasado domingo.
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