
Parte del nuevo enfoque dado por el informe, dirigido por el cristianodemócrata Wim van de Donk, se debe al impacto causado por las cifras del cultivo ilegal de hachís. Hasta 1990, los coffeshops se nutrían en un 80% de la hierba llegada de Marruecos. En estos momentos, al menos dos tercios de la vendida en los mismos locales procede del cultivo clandestino nacional.
En 2008, la policía nacional calculó que los cultivadores patrios de hachís ganaban unos 2.000 millones de euros anuales con su actividad. Cada año, además, la exportación de nederhachís (de neder: holandés) supera las 500 toneladas. Teniendo en cuenta que la exportación de flores, casi el producto nacional por excelencia, genera unos 5.500 millones de euros al año, los tres partidos gobernantes (democracia cristiana, socialdemócratas y calvinistas moderados) han admitido que "deben ajustarse los límites de nuestra reconocida tolerancia en la materia".
Lo malo es que ni siquiera el estudio oficial se pone de acuerdo en los detalles. En sus conclusiones, Van de Donk aconseja imponer un carné a los coffeshops, para que sirvan sólo a los socios locales. Con la ley en la mano, será difícil impedir el acceso de un ciudadano comunitario a uno de estos bares sin incurrir en discriminación. Y en cuanto al cultivo, sugiere experimentar con una cuota legal de plantaciones, "para que los dueños de coffeshops no compren a traficantes una mercancía que es ilegal fuera de su comercio, y legal dentro del mismo en cuanto la venden". Una idea a considerar, si no fuera porque la UE y Naciones Unidas sólo admiten plantaciones de cannabis para uso medicinal, o bien para consumo personal. A la vuelta de las vacaciones, el Gobierno tendrá que pronunciarse.
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