El estancamiento del diálogo entre las partes en conflicto en Honduras y la ruptura de las conversaciones han disparado las alertas que nadie quería oír. La posibilidad de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas leales al Gobierno de facto del presidente Roberto Micheletti y los grupos que apoyan al presidente depuesto, Manuel Zelaya, salió a relucir en las declaraciones del mediador del conflicto, el mandatario costarricense Óscar Arias, y del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
"Puede haber una guerra civil y un derramamiento de sangre que el pueblo hondureño no se merece", declaró Arias al lamentar la imposibilidad de acercar a los representantes de Zelaya y de Micheletti en la segunda ronda de conversaciones en Costa Rica este fin de semana. Arias no logró más que convencer a las partes de comprometerse a no tomar ninguna decisión antes de este miércoles, pues espera sacar de la chistera alguna solución mágica que apacigüe la crisis. Conversaciones telefónicas con Washington, Tegucigalpa, Managua y Bruselas están en la agenda presidencial. Ayer mismo, la Comisión Europea congeló ayudas por un importe de 65,5 millones de euros para el Gobierno hondureño tras el fracaso de las gestiones de Arias. El golpe es duro para un país que necesita la ayuda exterior para sobrevivir.
"Veré si podemos lograr un acuerdo entre las partes en conflicto, porque ¿cuál es la alternativa al diálogo? Buena parte del pueblo hondureño, ustedes lo saben, tiene armas. ¿Qué pasa si se dispara una de esas armas contra un soldado, o un soldado dispara su arma contra un ciudadano armado?", declaró Arias, flanqueado por los representantes de ambas partes después de 13 horas de negociaciones. La delegación de Micheletti declaró inaceptable el retorno de Zelaya al poder y más bien terminó atacando a Arias por considerar que estaba entrometiéndose en asuntos internos de Honduras.
Insulza coincidió con los temores del mediador. "Si Arias pide tres días más es porque cree que vale la pena hacer el intento (...) Yo no creo que sea un buen camino el de la insurrección y el de la confrontación, pero creo que no lo vamos a evitar si no hay de parte del Gobierno de facto alguna flexibilidad", manifestó el secretario de la OEA a una radio chilena. Mientras, los hondureños viven con el corazón en un puño, con manifestaciones durante el día y el toque de queda de todas las noches.
Arias pide paciencia. Pero las organizaciones defensoras de Zelaya parecen crecerse con el llamado a la "insurrección" del mandatario depuesto. "Aquí nadie se rinde, se está comenzando. Ahorita son protestas pacíficas, pero no se puede descartar que la cuestión llegue a mayores", dijo a la agencia Reuters Wilfredo Moncado, uno de los líderes sindicalistas que han cerrado filas en torno a Zelaya.
Ni Moncado ni nadie en Honduras se atreve a negar que las armas abundan. Las cifras oficiales indican que hay un arma legal por cada 33 habitantes. A ello se suma el arsenal de las fuerzas de seguridad y, quizá tan abundante y potente, el de los grupos criminales. "Muchas han ingresado por conductos legales, pero una vez dentro del territorio es imposible saber en manos de quién están", comentó Luis Alberto Cordero, director de la Fundación Arias para la Paz, la entidad que el presidente de Costa Rica fundó tras recibir el Nobel de la Paz.
"Puede haber una guerra civil y un derramamiento de sangre que el pueblo hondureño no se merece", declaró Arias al lamentar la imposibilidad de acercar a los representantes de Zelaya y de Micheletti en la segunda ronda de conversaciones en Costa Rica este fin de semana. Arias no logró más que convencer a las partes de comprometerse a no tomar ninguna decisión antes de este miércoles, pues espera sacar de la chistera alguna solución mágica que apacigüe la crisis. Conversaciones telefónicas con Washington, Tegucigalpa, Managua y Bruselas están en la agenda presidencial. Ayer mismo, la Comisión Europea congeló ayudas por un importe de 65,5 millones de euros para el Gobierno hondureño tras el fracaso de las gestiones de Arias. El golpe es duro para un país que necesita la ayuda exterior para sobrevivir.
"Veré si podemos lograr un acuerdo entre las partes en conflicto, porque ¿cuál es la alternativa al diálogo? Buena parte del pueblo hondureño, ustedes lo saben, tiene armas. ¿Qué pasa si se dispara una de esas armas contra un soldado, o un soldado dispara su arma contra un ciudadano armado?", declaró Arias, flanqueado por los representantes de ambas partes después de 13 horas de negociaciones. La delegación de Micheletti declaró inaceptable el retorno de Zelaya al poder y más bien terminó atacando a Arias por considerar que estaba entrometiéndose en asuntos internos de Honduras.
Insulza coincidió con los temores del mediador. "Si Arias pide tres días más es porque cree que vale la pena hacer el intento (...) Yo no creo que sea un buen camino el de la insurrección y el de la confrontación, pero creo que no lo vamos a evitar si no hay de parte del Gobierno de facto alguna flexibilidad", manifestó el secretario de la OEA a una radio chilena. Mientras, los hondureños viven con el corazón en un puño, con manifestaciones durante el día y el toque de queda de todas las noches.
Arias pide paciencia. Pero las organizaciones defensoras de Zelaya parecen crecerse con el llamado a la "insurrección" del mandatario depuesto. "Aquí nadie se rinde, se está comenzando. Ahorita son protestas pacíficas, pero no se puede descartar que la cuestión llegue a mayores", dijo a la agencia Reuters Wilfredo Moncado, uno de los líderes sindicalistas que han cerrado filas en torno a Zelaya.
Ni Moncado ni nadie en Honduras se atreve a negar que las armas abundan. Las cifras oficiales indican que hay un arma legal por cada 33 habitantes. A ello se suma el arsenal de las fuerzas de seguridad y, quizá tan abundante y potente, el de los grupos criminales. "Muchas han ingresado por conductos legales, pero una vez dentro del territorio es imposible saber en manos de quién están", comentó Luis Alberto Cordero, director de la Fundación Arias para la Paz, la entidad que el presidente de Costa Rica fundó tras recibir el Nobel de la Paz.
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