Se ha cumplido el plazo para que el grupo de trabajo encargado de presentar un informe sobre la política que se debe seguir para cerrar Guantánamo hiciera públicas sus conclusiones.
Un plan recomienda que los presos sean juzgados o enviados a terceros países
No ha sucedido. El plazo caducó. El comité se definió incapaz de aportar recomendaciones y solicitó una prórroga de seis meses, tiempo que coincide con la fecha máxima impuesta por la Casa Blanca para la clausura definitiva del centro de detención, en enero del año que viene. No fue ése el único informe que no llegó a tiempo. Un segundo memorando que debía sentar las bases de cómo se deben llevar a cabo los interrogatorios a los sospechosos de terrorismo tampoco se presentó a tiempo y necesitará para su conclusión una extensión de dos meses de trabajo.
Guantánamo no fue nunca un asunto sencillo. Se ideó y creció rodeado de polémica durante los años de mandato de George W. Bush y a la sombra de los atentados del 11-S. Y si parecía que con anunciar su final teórico todo estaba solucionado, nada podía estar más alejado de la realidad. Guantánamo va a ser complicado hasta el último minuto y con altísimas posibilidades de desestabilizar la agenda a la Casa Blanca. El hecho de que ahora estos grupos de trabajo no hayan cumplido con los plazos no hace más que poner de relieve la gravedad y complejidad legal y política a la que se enfrenta la Administración demócrata.
El tiempo corre en contra de los deseos de Obama pero su Gabinete insiste en que se llegará a buen puerto dentro del horario previsto. Hasta el momento, el grupo de trabajo compuesto por representantes del Departamento de Estado, Justicia, Defensa, abogados especializados en derechos humanos y representantes de los cuerpos nacionales de seguridad han estudiado con detalle casi la mitad de los casos existentes -sobre un total de cerca de 230-.
Con lupa
Cada caso se observa con lupa para decidir si el preso es llevado a juicio -y si es así, si es juzgado ante un tribunal civil o militar- o es transferido a otro país. Estados Unidos ha negociado con varios países europeos para que acepten a algunos internos en su territorio. Por ahora, sólo una veintena de presos han sido acogidos en terceros países desde el comienzo de la Administración de Obama. Según la cadena CNN, el destino de estos primeros detenidos ha sido Arabia Saudí, Chad, Irak y Bermudas.
Si bien es cierto que el panel encargado de la presentación del informe no cumplió con el plazo de presentación, también lo es que en su lugar aportó un documento provisional interino en el que recomendaba que los presos sean juzgados en tribunales federales o enviados a terceros países. Esta recomendación coincide con los deseos de la Casa Blanca, que pretende utilizar sólo a la justicia militar en los casos menos prominentes y en aquellos en que las pruebas no tenga bases muy sólidas.
Muy probable es que entre los desvelos del comité que ha sido incapaz de concluir su trabajo a tiempo hayan estado algunas cuestiones que parecen no tener respuesta: ¿Qué hacer con aquellos detenidos que no comparecerán ni ante un tribunal civil ni ante uno militar? ¿Qué sucederá con los reos cuyas confesiones se han obtenido bajo tortura? ¿Serán retenidos indefinidamente? ¿Seguirán en activo las famosas comisiones militares, tribunales inventados por la Administración de Bush, aprobados por el Congreso en 2006 y restablecidos por Obama el pasado mes de mayo para juzgar a unos 20 presos considerados de alta peligrosidad -cinco de ellos acusados de haber organizado los ataques del 11-S, incluido el supuesto cerebro de la operación, Khalid Sheikh Mohammed-?
Hasta el momento, se ha aprobado enviar a más de 50 detenidos a otros países. Once ya han sido transferidos. Pero el estatus legal de la gran mayoría está por resolver. Con una breve declaración, el pasado lunes la Casa Blanca culpaba de sus actuales males al anterior Gobierno, que acabó su mandato con "un gran número de asuntos por resolver".
Un plan recomienda que los presos sean juzgados o enviados a terceros países
No ha sucedido. El plazo caducó. El comité se definió incapaz de aportar recomendaciones y solicitó una prórroga de seis meses, tiempo que coincide con la fecha máxima impuesta por la Casa Blanca para la clausura definitiva del centro de detención, en enero del año que viene. No fue ése el único informe que no llegó a tiempo. Un segundo memorando que debía sentar las bases de cómo se deben llevar a cabo los interrogatorios a los sospechosos de terrorismo tampoco se presentó a tiempo y necesitará para su conclusión una extensión de dos meses de trabajo.
Guantánamo no fue nunca un asunto sencillo. Se ideó y creció rodeado de polémica durante los años de mandato de George W. Bush y a la sombra de los atentados del 11-S. Y si parecía que con anunciar su final teórico todo estaba solucionado, nada podía estar más alejado de la realidad. Guantánamo va a ser complicado hasta el último minuto y con altísimas posibilidades de desestabilizar la agenda a la Casa Blanca. El hecho de que ahora estos grupos de trabajo no hayan cumplido con los plazos no hace más que poner de relieve la gravedad y complejidad legal y política a la que se enfrenta la Administración demócrata.
El tiempo corre en contra de los deseos de Obama pero su Gabinete insiste en que se llegará a buen puerto dentro del horario previsto. Hasta el momento, el grupo de trabajo compuesto por representantes del Departamento de Estado, Justicia, Defensa, abogados especializados en derechos humanos y representantes de los cuerpos nacionales de seguridad han estudiado con detalle casi la mitad de los casos existentes -sobre un total de cerca de 230-.
Con lupa
Cada caso se observa con lupa para decidir si el preso es llevado a juicio -y si es así, si es juzgado ante un tribunal civil o militar- o es transferido a otro país. Estados Unidos ha negociado con varios países europeos para que acepten a algunos internos en su territorio. Por ahora, sólo una veintena de presos han sido acogidos en terceros países desde el comienzo de la Administración de Obama. Según la cadena CNN, el destino de estos primeros detenidos ha sido Arabia Saudí, Chad, Irak y Bermudas.
Si bien es cierto que el panel encargado de la presentación del informe no cumplió con el plazo de presentación, también lo es que en su lugar aportó un documento provisional interino en el que recomendaba que los presos sean juzgados en tribunales federales o enviados a terceros países. Esta recomendación coincide con los deseos de la Casa Blanca, que pretende utilizar sólo a la justicia militar en los casos menos prominentes y en aquellos en que las pruebas no tenga bases muy sólidas.
Muy probable es que entre los desvelos del comité que ha sido incapaz de concluir su trabajo a tiempo hayan estado algunas cuestiones que parecen no tener respuesta: ¿Qué hacer con aquellos detenidos que no comparecerán ni ante un tribunal civil ni ante uno militar? ¿Qué sucederá con los reos cuyas confesiones se han obtenido bajo tortura? ¿Serán retenidos indefinidamente? ¿Seguirán en activo las famosas comisiones militares, tribunales inventados por la Administración de Bush, aprobados por el Congreso en 2006 y restablecidos por Obama el pasado mes de mayo para juzgar a unos 20 presos considerados de alta peligrosidad -cinco de ellos acusados de haber organizado los ataques del 11-S, incluido el supuesto cerebro de la operación, Khalid Sheikh Mohammed-?
Hasta el momento, se ha aprobado enviar a más de 50 detenidos a otros países. Once ya han sido transferidos. Pero el estatus legal de la gran mayoría está por resolver. Con una breve declaración, el pasado lunes la Casa Blanca culpaba de sus actuales males al anterior Gobierno, que acabó su mandato con "un gran número de asuntos por resolver".
EL PAIS-ESPAÑA
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