El virus de la gripe A puede acabar teniendo un impacto federalista sobre el sistema sanitario español. La crisis provocada por la epidemia que se avecina ha puesto de manifiesto los límites de la coordinación entre las autonomías y el Ministerio de Sanidad, hasta el punto que comunidades como Cataluña y Castilla-La Mancha creen que hay que dar un paso más y adoptar un sistema "de mayorías vinculante en el seno del Consejo Interterritorial", afirma la consejera catalana, Marina Geli. El consejero castellano-leonés Fernando Lamata hizo la misma propuesta hace un mes en el Congreso. De llevarse a la práctica, la medida supondría de facto la introducción del sistema federal en la gestión sanitaria, a la espera de la pendiente reforma del Senado como Cámara territorial.
"Es hora de avanzar en el gobierno compartido", dice la consejera Gelli
El modelo español de las autonomías es inédito en el mundo occidental
Geli planteará hoy el tema en la reunión del Consejo que debatirá cómo afrontar la gripe A. "El sistema actual tiene una eficacia limitada, ya que las decisiones que afectan a competencias transferidas no son vinculantes", explicó Lamata en el Congreso. "Es hora de avanzar y consolidar el gobierno compartido para las grandes decisiones", añade Geli.
El sistema español es inédito en el mundo occidental, con competencias repartidas entre el ministerio y las comunidades en materias que a menudo se solapan y provocan tensiones. Las autonomías, por ejemplo, se encargan de dispensar fármacos, mientras el ministerio decide las nuevas especialidades. Así, puede ocurrir que el ministerio decida dar entrada a una nueva medicina que las comunidades tendrán que pagar.
Otro ejemplo es el de las nuevas especialidades médicas. El ministerio, en contra del criterio de la mayoría de comunidades, dio rango de especialidad a los médicos de urgencias, dejando a las autonomías la difícil tarea de encajarlo en sus sistemas sanitarios. "Es necesaria una mayor lealtad institucional entre todas las partes", afirma Geli. "No puede ser que una parte decida y la otra deba asumir las consecuencias".
La deslealtad institucional, no se produce siempre desde el ministerio a las comunidades, sino también a la inversa, cuando una de ellas adopta unilateralmente una decisión que repercute en el conjunto. El caso de Madrid, que decidió introducir vacunas al margen del calendario común, o Andalucía, que ha dado los primeros pasos para que los enfermeros puedan recetar fármacos.
El Consejo, en el que ministerio y comunidades coordinan sus políticas, ha mostrado su debilidad. El principal problema es que las decisiones en su seno deben adoptarse por unanimidad, lo que le resta agilidad. Tampoco son vinculantes para las comunidades si entran en las competencias transferidas. Otro obstáculo es que la agenda de los temas a debatir la decide el ministerio, con lo que no siempre trata asuntos a gusto de todos.
"La gripe A ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de adoptar un sistema común de Gobierno que sea ágil y vinculante", insiste Geli citando tres ejemplos. El primero sería la adopción de una política de comunicación única. El segundo, establecer protocolos iguales en toda España para tratar la gripe A tanto para la red pública como la privada. El tercero, la dispensación de los antivirales. "Ahora sólo los dispensan los hospitales, no las farmacias. Pero si la gripe se extiende, deberemos contar con los médicos de atención primaria y las farmacias. Si no hacemos todos lo mismo, la situación puede derivar en algo caótico", advierte Geli.
La mejora de la eficiencia del sistema no esconde la trascendencia política de la propuesta de la Generalitat. Al someterse a un foro común de decisión, las comunidades estarían renunciando a cierto margen de maniobra en la gestión de asuntos hasta ahora exclusivos. Pero no lo harían a favor del Gobierno central, sino de una mesa en la que decidirían las autonomías. Esto evitaría una hipotética recentralizacion de competencias y fijaría un sistema que sentaría las bases de un federalismo de facto.
El Consejo Interterritorial de hoy se prevé largo e intenso. Por ello, la Generalitat ha renunciado a presentar un documento por escrito a debatir entre las comunidades, pero la consejera catalana sí quiere poner el tema encima de la mesa para futuras reuniones. "Creo que es el sentir de la mayoría de comunidades. El futuro del sistema requiere decisiones urgentes en esta materia", afirma.
La adopción de un sistema vinculante por mayoría se avecina difícil. Por un lado, habrá que determinar el peso de cada comunidad y en base a qué criterios. Las más pobladas difícilmente aceptarán un sistema federal puro, en el que cada una de ellas tenga un voto al margen de su tamaño. Las menos pobladas, como La Rioja o Extremadura, pueden oponerse al voto por población, en el que un pacto entre las mayores (Andalucía, Cataluña, Madrid juntas rozarían la mayoría) crearía un reducido y selecto grupo de comunidades decisivas.
Otro punto delicado sería la fragilidad del nuevo sistema. Si todo se reduce a un pacto político entre comunidades, sin traducción en un cuerpo legal, cualquiera de ellas podría romperlo en caso de un asunto que considerada fundamental para sus intereses.
"Es hora de avanzar en el gobierno compartido", dice la consejera Gelli
El modelo español de las autonomías es inédito en el mundo occidental
Geli planteará hoy el tema en la reunión del Consejo que debatirá cómo afrontar la gripe A. "El sistema actual tiene una eficacia limitada, ya que las decisiones que afectan a competencias transferidas no son vinculantes", explicó Lamata en el Congreso. "Es hora de avanzar y consolidar el gobierno compartido para las grandes decisiones", añade Geli.
El sistema español es inédito en el mundo occidental, con competencias repartidas entre el ministerio y las comunidades en materias que a menudo se solapan y provocan tensiones. Las autonomías, por ejemplo, se encargan de dispensar fármacos, mientras el ministerio decide las nuevas especialidades. Así, puede ocurrir que el ministerio decida dar entrada a una nueva medicina que las comunidades tendrán que pagar.
Otro ejemplo es el de las nuevas especialidades médicas. El ministerio, en contra del criterio de la mayoría de comunidades, dio rango de especialidad a los médicos de urgencias, dejando a las autonomías la difícil tarea de encajarlo en sus sistemas sanitarios. "Es necesaria una mayor lealtad institucional entre todas las partes", afirma Geli. "No puede ser que una parte decida y la otra deba asumir las consecuencias".
La deslealtad institucional, no se produce siempre desde el ministerio a las comunidades, sino también a la inversa, cuando una de ellas adopta unilateralmente una decisión que repercute en el conjunto. El caso de Madrid, que decidió introducir vacunas al margen del calendario común, o Andalucía, que ha dado los primeros pasos para que los enfermeros puedan recetar fármacos.
El Consejo, en el que ministerio y comunidades coordinan sus políticas, ha mostrado su debilidad. El principal problema es que las decisiones en su seno deben adoptarse por unanimidad, lo que le resta agilidad. Tampoco son vinculantes para las comunidades si entran en las competencias transferidas. Otro obstáculo es que la agenda de los temas a debatir la decide el ministerio, con lo que no siempre trata asuntos a gusto de todos.
"La gripe A ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de adoptar un sistema común de Gobierno que sea ágil y vinculante", insiste Geli citando tres ejemplos. El primero sería la adopción de una política de comunicación única. El segundo, establecer protocolos iguales en toda España para tratar la gripe A tanto para la red pública como la privada. El tercero, la dispensación de los antivirales. "Ahora sólo los dispensan los hospitales, no las farmacias. Pero si la gripe se extiende, deberemos contar con los médicos de atención primaria y las farmacias. Si no hacemos todos lo mismo, la situación puede derivar en algo caótico", advierte Geli.
La mejora de la eficiencia del sistema no esconde la trascendencia política de la propuesta de la Generalitat. Al someterse a un foro común de decisión, las comunidades estarían renunciando a cierto margen de maniobra en la gestión de asuntos hasta ahora exclusivos. Pero no lo harían a favor del Gobierno central, sino de una mesa en la que decidirían las autonomías. Esto evitaría una hipotética recentralizacion de competencias y fijaría un sistema que sentaría las bases de un federalismo de facto.
El Consejo Interterritorial de hoy se prevé largo e intenso. Por ello, la Generalitat ha renunciado a presentar un documento por escrito a debatir entre las comunidades, pero la consejera catalana sí quiere poner el tema encima de la mesa para futuras reuniones. "Creo que es el sentir de la mayoría de comunidades. El futuro del sistema requiere decisiones urgentes en esta materia", afirma.
La adopción de un sistema vinculante por mayoría se avecina difícil. Por un lado, habrá que determinar el peso de cada comunidad y en base a qué criterios. Las más pobladas difícilmente aceptarán un sistema federal puro, en el que cada una de ellas tenga un voto al margen de su tamaño. Las menos pobladas, como La Rioja o Extremadura, pueden oponerse al voto por población, en el que un pacto entre las mayores (Andalucía, Cataluña, Madrid juntas rozarían la mayoría) crearía un reducido y selecto grupo de comunidades decisivas.
Otro punto delicado sería la fragilidad del nuevo sistema. Si todo se reduce a un pacto político entre comunidades, sin traducción en un cuerpo legal, cualquiera de ellas podría romperlo en caso de un asunto que considerada fundamental para sus intereses.
EL PAIS-ESPAÑA
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