El diálogo social se ha tensado tanto en las últimas horas que el anhelado acuerdo social antes de agosto peligra. En la reunión que mantuvieron el pasado jueves los agentes sociales y representantes del Gobierno, no sólo se constató la imposibilidad de un acuerdo rápido, sino que las posturas se endurecieron. A las conocidas diferencias por las cuotas sociales o la extensión del subsidio de 420 euros para parados sin renta, se sumó, según fuentes sindicales, la reclamación empresarial de un "contrato del siglo XXI" -nueva versión del "contrato de crisis" con una indemnización de 20 días por año trabajado. El fiasco del jueves no supone, en todo caso, la ruptura de las negociaciones. El lunes hay previsto un nuevo encuentro, aunque no se descarta que pase al jueves.
De la Vega asegura que el Gobierno trabaja para "limar asperezas"
Pero la cita de la semana próxima no evitó que ayer el secretario de Comunicación de CC OO, Fernando Lezcano, reclamara a Zapatero que tomara cartas en el asunto para "reconducir" la situación atendiendo a que es Moncloa, y no Trabajo, quien coordina esta ronda de negociaciones. De hecho, ya hay quien plantea, desde la propia negociación, que si la reunión del lunes fracasa tendrán que volver a entrar en escena los secretarios generales de UGT y CC OO (Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente), el de CEOE (Gerardo Díaz Ferrán) y representantes del Gobierno de más alto nivel (al menos, secretarios de Estado).
Desde que comenzó la legislatura, el diálogo social no ha tenido resultados palpables y ha pasado por largos periodos de parálisis. La crisis ha agudizado las tensiones entre los agentes sociales y dificultado los acuerdos. En ocasiones, esto ha puesto en aprietos al Gobierno a la hora de sacar adelante en el Parlamento medidas sociolaborales para hacer frente a la crisis. De mediar un acuerdo social, probablemente no habría encontrado dificultades. La última vez, en marzo. En este contexto, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Gobierno "ha trabajado, trabaja y trabajará" para limar las asperezas que surgen en el diálogo social.
La reunión del jueves, que duró seis horas y acabó entrada la noche, se convocó para discutir el primer borrador del acuerdo que el Gobierno había enviado días antes a sindicatos (CC OO y UGT) y empresarios (CEOE y CEPYME). En él, el Ejecutivo plantea un recorte de medio punto en las cuotas sociales de las empresas. La patronal aspira a rebajar cinco puntos que, según explican desde la organización, podría hacerse de forma escalonada entre 2009 y 2011. Algo inadmisible para los sindicatos, que esperaban mayor flexibilidad empresarial en este punto.
Otro punto de fricción, por la oposición sindical, es la propuesta de levantar el veto para que las empresas de trabajo temporal puedan trabajar en sectores como la construcción y la Administración pública.
Tampoco hubo acuerdo sobre el subsidio para parados sin rentas. El Ejecutivo plantea una paga mensual de 420 euros durante seis meses vinculada a formación y los sindicatos reclaman su extensión a un año. Nadie se movió de sus posiciones en este punto.
Pero el aspecto que más irritó a los sindicatos fue que los representantes de la patronal sacaran a colación, "leyendo un manuscrito", la necesidad del "contrato del siglo XXI". Este contrato sería la reedición del "contrato de crisis" que la patronal ha propuesto para hacer frente al aumento del paro y que consistía en un contrato indefinido vinculado a una indemnización por despido de 20 días por año trabajado con el máximo de una anualidad.
Los representantes de los trabajadores cuentan que en las siete reuniones previas este asunto no había aparecido. Así la CEOE cumplía el compromiso que habría asumido su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, con Zapatero, Toxo y Méndez en la reunión que tuvieron el pasado 20 de mayo que revitalizó el diálogo social de no poner sobre la mesa compromisos inasumibles por ninguna de las partes. Sin embargo, fuentes cercanas a la patronal niegan tal compromiso. Y aunque admiten que no se había tocado el tema en esta ronda de negociación, no se había renunciado a él.
Más allá de las discrepancias entre los agentes sociales, los sindicatos también exigen un cambio profundo en el texto planteado por el Ejecutivo. Lo definen como una simple "síntesis" de las conversaciones mantenidas entre mayo y junio. Para ellos el acuerdo debe priorizar la atención a los parados sin rentas, la recuperación del empleo mediante el impulso de la obra pública y apoyar a otros sectores en problemas como el turístico. El documento debería completarse con una declaración que recogiera compromisos y calendarios de negociación sobre el cambio de modelo productivo, vivienda, financiación y formación.
Por otra parte, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, reclamó ayer una reforma laboral en España que no abarate el despido, sino que aborde las causas de la temporalidad "excesiva".
De la Vega asegura que el Gobierno trabaja para "limar asperezas"
Pero la cita de la semana próxima no evitó que ayer el secretario de Comunicación de CC OO, Fernando Lezcano, reclamara a Zapatero que tomara cartas en el asunto para "reconducir" la situación atendiendo a que es Moncloa, y no Trabajo, quien coordina esta ronda de negociaciones. De hecho, ya hay quien plantea, desde la propia negociación, que si la reunión del lunes fracasa tendrán que volver a entrar en escena los secretarios generales de UGT y CC OO (Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente), el de CEOE (Gerardo Díaz Ferrán) y representantes del Gobierno de más alto nivel (al menos, secretarios de Estado).
Desde que comenzó la legislatura, el diálogo social no ha tenido resultados palpables y ha pasado por largos periodos de parálisis. La crisis ha agudizado las tensiones entre los agentes sociales y dificultado los acuerdos. En ocasiones, esto ha puesto en aprietos al Gobierno a la hora de sacar adelante en el Parlamento medidas sociolaborales para hacer frente a la crisis. De mediar un acuerdo social, probablemente no habría encontrado dificultades. La última vez, en marzo. En este contexto, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Gobierno "ha trabajado, trabaja y trabajará" para limar las asperezas que surgen en el diálogo social.
La reunión del jueves, que duró seis horas y acabó entrada la noche, se convocó para discutir el primer borrador del acuerdo que el Gobierno había enviado días antes a sindicatos (CC OO y UGT) y empresarios (CEOE y CEPYME). En él, el Ejecutivo plantea un recorte de medio punto en las cuotas sociales de las empresas. La patronal aspira a rebajar cinco puntos que, según explican desde la organización, podría hacerse de forma escalonada entre 2009 y 2011. Algo inadmisible para los sindicatos, que esperaban mayor flexibilidad empresarial en este punto.
Otro punto de fricción, por la oposición sindical, es la propuesta de levantar el veto para que las empresas de trabajo temporal puedan trabajar en sectores como la construcción y la Administración pública.
Tampoco hubo acuerdo sobre el subsidio para parados sin rentas. El Ejecutivo plantea una paga mensual de 420 euros durante seis meses vinculada a formación y los sindicatos reclaman su extensión a un año. Nadie se movió de sus posiciones en este punto.
Pero el aspecto que más irritó a los sindicatos fue que los representantes de la patronal sacaran a colación, "leyendo un manuscrito", la necesidad del "contrato del siglo XXI". Este contrato sería la reedición del "contrato de crisis" que la patronal ha propuesto para hacer frente al aumento del paro y que consistía en un contrato indefinido vinculado a una indemnización por despido de 20 días por año trabajado con el máximo de una anualidad.
Los representantes de los trabajadores cuentan que en las siete reuniones previas este asunto no había aparecido. Así la CEOE cumplía el compromiso que habría asumido su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, con Zapatero, Toxo y Méndez en la reunión que tuvieron el pasado 20 de mayo que revitalizó el diálogo social de no poner sobre la mesa compromisos inasumibles por ninguna de las partes. Sin embargo, fuentes cercanas a la patronal niegan tal compromiso. Y aunque admiten que no se había tocado el tema en esta ronda de negociación, no se había renunciado a él.
Más allá de las discrepancias entre los agentes sociales, los sindicatos también exigen un cambio profundo en el texto planteado por el Ejecutivo. Lo definen como una simple "síntesis" de las conversaciones mantenidas entre mayo y junio. Para ellos el acuerdo debe priorizar la atención a los parados sin rentas, la recuperación del empleo mediante el impulso de la obra pública y apoyar a otros sectores en problemas como el turístico. El documento debería completarse con una declaración que recogiera compromisos y calendarios de negociación sobre el cambio de modelo productivo, vivienda, financiación y formación.
Por otra parte, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, reclamó ayer una reforma laboral en España que no abarate el despido, sino que aborde las causas de la temporalidad "excesiva".
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