Este título no es una metáfora, es la expresión de una realidad. Las
medidas que acaba de aprobar el Gobierno y que vienen a modificar los
derechos y obligaciones de empresas y trabajadores, en realidad tan solo
suprimen o recortan derechos de los trabajadores. Se habrá perdido por
ello el equilibrio en que se basa toda rama del Derecho. De hecho, eso
es lo que se pretendía, porque ¿qué significa sino “flexibilizar” y
“desregular” las relaciones laborales? El Derecho del Trabajo era, hasta
ahora, un conjunto de normas que disciplinaban aquellas relaciones, que
ahora quedan sin regular o que pierden su valor. Por consiguiente, se
está transfiriendo la fuerza del Derecho desde el código jurídico a las
manos del más poderoso, que será siempre la empresa.
Entre las medidas adoptadas ocupa un lugar preferente la del
“abaratamiento del despido”. Los trabajadores, a partir de ahora, han de
temer que les puedan despedir más fácilmente, y tendrán aún menos
fuerza para oponerse a posibles decisiones de la empresa contrarias a la
ley. De hecho, ni se atreverán a denunciar las arbitrariedades ante los
tribunales, porque se encontrarán con que, incluso en el caso de que
estos les den la razón, tal decisión no comportará el restablecimiento
de sus derechos. La empresa se librará pagando un precio módico. Es
decir, la empresa podrá comprar con dinero el silencio de la justicia.
Todo ello justifica la reacción indignada no solo de los sindicatos,
como representantes de los trabajadores, sino de todos aquellos que
saben que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental y que
el código jurídico es un instrumento civilizador de las relaciones
humanas. Es lamentable la miopía de muchos que no saben ver el daño que
estas medidas harán al proceso que la Humanidad quiere recorrer hacia la
justicia social. Lo veremos claramente cuando el panorama de las
relaciones de trabajo de muchas empresas vuelva a parecerse más a un
sistema feudal que a una democracia moderna.
Los trabajadores no se atreverán a denunciar posibles arbitrariedades
La verdad es, no obstante, que de todo esto estábamos advertidos. La
política neoliberal que se ha ido imponiendo en los últimos años en el
terreno económico lo hacía presagiar. A mediados de los años ochenta ya
había quien, entre los sabios laboralistas, nos pronosticaba, con
complacencia, que muy pronto veríamos “el desmoronamiento del derecho
laboral”. El Derecho del Trabajo, juntamente con la Seguridad Social, se
había convertido lentamente, con el tiempo, en el recambio civilizado
de las revoluciones sociales decimonónicas, y vino a conquistar
pacíficamente, con sus normas, nuevos espacios de justicia social. Esta
rama del Derecho significaba un compromiso entre el poder del empresario
y las exigencias de justicia y participación de los trabajadores en la
empresa. El Derecho del Trabajo trataba de canalizar la confrontación
que comporta la misma naturaleza del trabajo por cuenta ajena y
proporcionaba amparo al trabajador que se proponía establecer una
relación laboral desde una posición solitaria, aislada y por lo tanto,
débil. El Derecho disciplinaba, además, la acción colectiva de los
trabajadores a través de la dinámica sindical.
Todo ello parecía indicar que la vieja lucha de clases estaba
encontrando vías de superación y que la barricada se había convertido en
código o en convenio colectivo. Parecía que los derechos fundamentales
de carácter social y económico que el consenso universal estaba
aceptando, iban penetrando, también, en el reducto de la empresa por la
vía de la extensión de la cultura democrática. Daba la impresión de que
lo justo y conveniente era seguir progresando por este camino, hasta
convertir la empresa en un territorio de colaboración constructiva. Pero
la llegada de una nueva crisis del sistema capitalista ha sido
suficiente para que resonara machaconamente esa consigna de salvación:
“Hay que flexibilizar el mercado de trabajo”, “hay que desregular el
Derecho del Trabajo”. Pues bien, con las nuevas normas se ha dado
satisfacción a estas pretensiones. Cuantas menos normas, mejor…
Este es, pues, el auténtico fondo de la cuestión. Si el Derecho son
normas, lo que está haciendo el Gobierno es destruir con esta reforma
una parte del sistema jurídico establecido democráticamente y
consolidado después de años de sacrificios y de luchas sociales. Y en
cambio, lo que nos acercaría a una democracia avanzada –utilizando
palabras del preámbulo de nuestra Constitución– sería un sistema cada
vez más participativo en las decisiones que afectan a los ciudadanos a
todos los niveles, también a nivel laboral. Y todo ello, ordenado de la
manera más perfectamente posible por la regla del Derecho.
La reforma pretende volver al liberalismo puro del ′laissez faire′
Por lo tanto, nadie puede negar que la reforma que ha de aplicarse a
partir de ahora camina en sentido opuesto a estos horizontes de
civilización y progreso. Es un intento de retorno a las fórmulas
liberales más puras dellaissez faire.
Una vez llegados a este punto, habrá que entrar en polémica con
aquellos sectores que justifican la reforma como un mal menor necesario
para reactivar la economía, crear nuevos puestos de trabajo y aligerar
esa lacra social persistente que es el paro. Pero estos, seguramente, no
se atreverían a poner la mano en el fuego y asegurar que esta reforma
laboral pueda ser determinante para conseguir aquellos objetivos, y que
no existen otras alternativas. En cualquier caso, el daño que se habrá
hecho al equilibrio humano dentro de las empresas y al proceso histórico
de la justicia social, será difícilmente reparable; habremos perdido
así casi un siglo en el camino del progreso.
Francesc Casares i Potau, Andrés Pérez Subirana, Judith Barceló Cisquella y Jessica Bolancel Ferrer
