La ginecología, también fuera del alcance de los 'sin papeles'

Cuando Paula (un nombre ficticio) decidió venir a España hace 12 años no se imaginaba que aquí se pudiera quedar sin atención médica, una situación en la que se encuentran más de 800.000 personas en España, según denuncia Médicos del Mundo cuando se cumple un año de la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, la normativa que marcó un antes y un después en la sanidad española.

Si esta mujer dejó en su país natal (Ecuador) a su familia (tiene tres hijos) fue precisamente porque su estado de salud era muy "delicado" y allí "no daban con mi problema", señala.

En los últimos meses, "había adelgazado mucho, tenía fuertes y constantes dolores de cabeza y malestar en el estómago". Confiaba en que en España recibiría la asistencia adecuada y así fue. "Vieron que tenía toxoplasmosis y me atendieron muy bien".

Una vez recuperada, encontró trabajo y, como ella misma cuenta, "coticé unos cinco años a la Seguridad Social". Pero después, se quedó sin trabajo (sin permiso de trabajo y sin permiso de residencia). "Cuidaba a enfermos terminales y personas mayores" para poder cubrir sus necesidades básicas. Mientras tanto, en las revisiones ginecológicas rutinarias le detectaron pólipos y miomas en el útero, así que se sometió a una intervención para quitárselos. En teoría, tras este trastorno, tenían que haberle realizado un seguimiento. Sin embargo, y coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva ley, cuando "fui a pedir cita en el centro de salud para la revisión, me dijeron que yo ya no tenía derecho a la atención sanitaria".

De la noche a la mañana, su problema había dejado de existir para el sistema nacional de salud. "Hablé con los médicos y me dijeron que, ya que mi situación era anterior a la nueva ley, insistiera para que me atendieran". Pero no funcionó. La única respuesta era que "fuera a un médico privado. ¿Cómo voy a pagar una consulta si no tengo trabajo?".

Han pasado unos cinco meses desde que operaron a Paula y todavía ningún médico ha revisado el estado de su útero. Además, esta ecuatoriana tiene problemas de hipertensión y estomacales. "Sin médico, no tengo medios para pagar los medicamentos que necesito", ya que, sin receta, tiene que pagar el 100% del coste de los fármacos pertinentes.

Como explican fuentes de Médicos del Mundo en Valencia, que están siguiendo su caso, "problemas de salud como el suyo, que en teoría no son graves, podrían acabar siéndolo si no se tratan (en el caso de la hipertensión) o si no se revisan cada cierto tiempo (las consultas con el ginecólogo)".

Cuando Paula fue a Médicos del Mundo, quedaba alguna posibilidad de que su situación se regulase. "Intentamos derivarla de nuevo a su centro de salud para ver si finalmente podía acceder a la asistencia sanitaria por no tener recursos y sí problemas de salud que se estaban atendiendo antes de la ley". Existe una excepción para la gente sin recursos y con enfermedades graves, pero "depende de lo que se considere grave y de quién lo valore".

En este caso, no funcionó. Le volvieron a denegar el derecho a médico. "Ahora ya no tiene ninguna posibilidad de acceso, lo único que le queda es la privada o una ONG que tenga consulta ginecológica". "En Valencia hay una asociación que facilita este servicio especializado, pero muy limitado porque no tienen medios para hacer una citología". No responde a las necesidades de Paula, que no es la única inmigrante 'sin papeles' que, teniendo un problema de salud ginecológico, se queda fuera del sistema sanitario, sin derecho a una atención y a un tratamiento.

Ahora que la entrada en vigor de la reforma sanitaria ha cumplido un año, Médicos del Mundo recuerda que más 800.000 personas se han quedado sin asistencia médica. Concretamente, según datos oficiales facilitados por el Gobierno, "se han retirado 873.000 tarjetas sanitarias", agregan fuentes de la organización.