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La manifestación de protesta en Bahréin realizada el miércoles por todo el arco político opositor a la monarquía para exigir la renuncia del rey Hamad Bin Isa Al Jalifa culminó con una fuerte represión a nivel nacional.
La
fecha utilizada por las organizaciones convocantes fue el 14 de agosto,
Día de la Independencia de la isla que se libró del yugo británico, que
fue atacada por los cuerpos antidisturbios de la policía bahreiní con
granadas de gases lacrimógenos y cercos de alambres de púa para cerrar
gran parte del centro de la capital, Manama.
El contexto político
de la movilización antimonárquica está enmarcado en el estallido
popular del 14 de febrero de 2011, donde desde esa fecha hasta el día de
hoy se vive a diario manifestaciones populares contra la monarquía
pro-imperialista de Al Jalifa, donde más de cien personas fueron
asesinadas por la policía local patrocinada por Arabia Saudita.
La
agencia de noticias HispanTV publicó que testigos presenciales de la
represión afirmaron que las fuerzas antidisturbios dispararon gases
lacrimógenos y perdigones contra la multitud.
Cabe recordar que
la manifestación fue convocada hace dos semanas por el Movimiento 14 de
Febrero, convocando extensivamente a todos los grupos políticos y
revolucionarios para que participen con el fin de conseguir “el
derrocamiento del régimen de Al Jalifa”, tenía como ejes la liberación
de los presos políticos, el retiro de las fuerzas saudíes del país y que
se ponga fin a la monarquía autoritaria -en el poder desde hace más de
40 años-.
Por su parte, el vocero del movimiento Tamarod, Yousif
Hussain, que también fue organizador de la protesta, manifestó ante la
brutal represión que “tenemos que seguir adelante y mostrar al mundo y
al Gobierno que el pueblo de Bahréin tiene derecho a expresar sus
reivindicaciones políticas”.
Hace pocos días, en relación a la
movilización antimonárquica de esa tarde, el Parlamento de Bahréin
decidió anular la ciudadanía de aquellos que, según Al Jalifa, estén
llevando a cabo actos terroristas y prohibió la celebración de todo tipo
de manifestaciones en Manama.
En ese sentido la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
sostuvo su preocupación por las extremas medidas del régimen de Bahréin
contra los manifestantes y las represiones mortíferas contra la
ciudadanía, e instó al Gobierno a cumplir con las responsabilidades
respecto a las leyes internacionales de los derechos humanos.
La
vocera del organismo, Cécile Pouilly, cuestionó las recientes medidas de
la monarquía de Bahréin sobre la privación de la nacionalidad,
señalando que el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (DUDH), consagra que “toda persona tiene derecho a una
nacionalidad” (…) “A nadie se le privará arbitrariamente su nacionalidad
ni el derecho a cambiar de nacionalidad”.
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