Estados Unidos fue alertado por sus aliados británicos en cuanto
éstos detectaron el nombre de David Miranda entre las listas de
pasajeros en tránsito en el aeropuerto de Heathrow el pasado domingo.
Aunque el brasileño, pareja del primer periodista que divulgó datos secretos sobre el espionaje masivo estadounidense, fue detenido inmediatamente e interrogado durante nueve horas,
la Casa Blanca niega cualquier intervención. Mientras arrecia la
presión para que el gobierno de Londres justifique una aplicación
desmesurada de la legislación antiterrorista, la víctima del episodio ha
emprendido acciones legales contra ese "abuso de poder" y para evitar
que la policía examine el material electrónico que le fue confiscado.
La justificación del Ministerio del Interior británico de que la
implementación de la ley antiterrorista de 2000 sólo compete a la
discreción de la Policía Metropolitana colisionó ayer con la revelación
de que Downing Street estuvo al tanto de los acontecimientos en el
aeropuerto londinense. El portavoz del primer ministro, David Cameron,
no quiso confirmarlo, pero sí lo hizo el influyente diputado conservador
David Davies.
Washington y Londres estaban, por tanto, perfectamente informados
mientras la policía interrogaba a David Miranda sobre los contactos de
su compañero, el periodista estadounidense Glenn Greenwald, con el
analista de inteligencia Edward Snowden, quien desde junio le ha
filtrado los programas de espionaje y prácticas irregulares de la
Agencia Nacional de Seguridad estadounidense; mientras le amenazaban con
la cárcel si no cooperaba, le privaban del acceso al intérprete que el
detenido solicitaba y le arrebataban su ordenador portátil, dos llaves
de memoria, un disco duro externo e incluso una consola de juegos. "La
policía debe actuar si cree que alguien ha robado información que podría
ayudar al terrorismo", subrayó Interior en un comunicado. Pero a lo
largo de aquella sesión, David Miranda no fue acusado en ningún momento
de terrorismo o de asociación con terroristas. El principal objetivo de
los siete agentes era intentar arrancarle las contraseñas de los
aparatos electrónicos.
"Me trataron como a un criminal", relató ayer Miranda en sus primeras declaraciones tras regresar a su domicilio
de Río de Janeiro, desde donde anunció que ha contratado a una firma de
abogados para cuestionar la ilegalidad de su detención e impedir el
acceso policial a su material informático. El brasileño, de 28 años, fue
interceptado en Heathrow a su regreso de un encuentro en Berlín con
Laura Poitras, una cineasta que trabaja con Greenwald y The Guardian en el caso Snowden.
Ya antes de desembarcar del avión de British Airways, la megafonía
anunció que todos los pasajeros debían mostrar sus pasaportes al
abandonar el aparato. Le estaban esperando.
Miranda no está empleado por el diario, si bien éste le pagó el vuelo
en su condición de asistente regular de su pareja. "No es un
periodista, pero juega un papel valioso en apoyo del trabajo
periodístico de su compañero", escribía ayer el director de The Guardian, Alan Rusbridger, en una tribuna de opinión
del periódico. En ella desgrana las presiones recibidas por este medio a
raíz de la publicación de una serie de informaciones sobre los abusos
del espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA,
en sus siglas inglesas) y la connivencia y vigilancia electrónica de los
servicios secretos británicos. "La sala de tránsito de Heathrow es un
lugar peligroso", afirma Rusbridger sobre la polémica ley de 2000,
cuya aplicación siquiera exige una "sospecha razonable" de la policía.
Para acabar apostillando: "Seguiremos con nuestro paciente y minucioso
trabajo sobre los documentos de Snowden. Simplemente no lo haremos en
Londres".
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