Un fiscal de Argentina imputó este lunes al jefe del Ejército de su
país, César Milani, por presunto enriquecimiento ilícito. Esta acusación
se suma a las denuncias que pesan sobre Milani por supuesta participación en crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar argentina (1976-1983). Pese a que la presidenta Cristina Fernández de Kichner
se ha distinguido por continuar la política de castigo a los delitos de
aquel régimen sangriento, ha ratificado a Milani en su cargo frente a
las incriminaciones sobre su pasado. Habrá que ver el impacto de la
nueva investigación que se abre sobre su patrimonio declarado en 2011,
cuando faltan pocos días para las elecciones legislativas primarias y
obligatorias del 11 de agosto, en las que el kirchnerismo pondrá a
prueba su nivel de popularidad.
Milani, que antes estaba a cargo del área de inteligencia del
Ejército, fue nombrado al frente de esa fuerza a finales de junio, como
parte de una renovación total de la cúpula militar. Apenas se conoció la
noticia, algunos políticos como el diputado progresista Fernando Pino
Solanas recordaron que pesaban sobre él acusaciones de violaciones a los derechos humanos
en la represión que comenzó antes de la dictadura, en el Gobierno de
Isabel Perón (1974-1976). El nuevo jefe castrense anunció en su discurso
su adhesión al “proyecto nacional” que Argentina está llevando
adelante, lo que despertó críticas de la oposición, que advirtió sobre
una supuesta politización de las fuerzas armadas en un país
donde el eslogan de “proyecto nacional y popular” ha sido enarbolado por
el kirchnerismo. Pero la polémica no acabó ahí.
En el programa de televisión Periodismo para Todos, que conduce Jorge Lanata en un canal del Grupo Clarín, enemigo del Gobierno,
se denunció a mediados de julio que entre 2010 y 2011 Milani había
registrado supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y
que ahora poseía un chalé en un lujoso barrio de la periferia de Buenos
Aires, La Horqueta, y varios coches de elevado precio, pese a que su
nómina mensual ascendía entonces a 2.550 euros. También en ese programa
se difundió que tras el regreso de la democracia (1983) un expreso
político había denunciado que Milani presuntamente lo torturó y además
secuestró a su padre en 1977. El periódico Clarín dio cuenta de otra denuncia por su presunta responsabilidad en la desaparición de un soldado en 1976.
Las renovadas acusaciones contra Milani por su pasado en la dictadura llevaron a que hace una semana el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
una organización de derechos humanos que participa como querellante en
los juicios contra criminales del régimen, pidiera al militar que
renunciara y al Senado que rechazara su ascenso de general de división a
teniente general. Fue entonces cuando Fernández y los senadores de su
grupo decidieron postergar el ascenso de Milani
hasta después de las elecciones legislativas generales de octubre
próximo. Pero la jefa de Estado ratificó a Milani en su cargo.
Ahora están prosperando las denuncias que los
diputados Solanas y Elisa Carrió, de la liberal Coalición Cívica,
presentaron por presunto enriquecimiento ilícito a partir de lo visto en
el programa de televisión. Las demandas de ambos candidatos a
legisladores y aliados para las próximas elecciones primarias han sido
acogidas por un fiscal federal, Jorge Di Lello. Si la investigación del
fiscal prospera, el juez deberá determinar si procesa o no a Milani,
pero eso puede llevar mucho tiempo.
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