La Guerra
del Pacífico dejó una honda herida en las costas suramericanas. El
Pacífico aledaño a la franja andina, adquirió un nivel estratégico para
las compañías británicas en el siglo XIX. El avance de la
re-colonización por el control del guano y el salitre, fue la causa
velada en la crisis del tributo aplicado por el Estado boliviano a la
compañía salitrera; la incursión militar de la oligarquía chilena
consolidaría la expansión territorial a partir de la secesión del
litoral.
Bolivia, Chile y Perú, comparte una historia de
alianzas y rivalidades; en menos de un siglo se precipitaron a la guerra
total. La ruptura de los vínculos alcanzado en la ofensiva contra
España, se desdibujaron por la injerencia Europea que logró con el apoyo
de las oligarquías locales reconfigurar el mapa político. En una región
agotada por las guerras intestinas en la post-colonia, la utopía de
Bolívar para construir un mundo multi-polar terminó a la deriva en el
istmo de Panamá. La anfictionía fue saboteada, los “blancos criollos”
sólo cambiaron el monopolio de un imperio decadente por el de uno nuevo;
obviando cualquier contenido soberanista del proyecto republicano que
inspiró la gesta independentista.
El guano o el salitre no
mueven la economía del mundo en la actualidad, pero siguen teniendo un
valor importante en ciertos segmentos del mercado. El antiguo
departamento del litoral boliviano, es depósito de diversos recursos
minerales; apreciados por la industria moderna. La ocupación chilena ha
impedido el acceso boliviano a las potencialidades económicas del
litoral, pero el efecto más devastador es de carácter geo-estratégico,
al condenarla a no tener una salida al mar; vital para alcanzar el
desarrollo económico de cualquier nación.
La subordinación a
los puertos chilenos ha enclaustrado el comercio boliviano y, las
propuestas de facilidad “arancelaria” u otros puertos en países vecinos,
tienden a diluirse entre los controles aduaneros y los elevados costos.
Chile mantiene una ascendente dependencia de las importaciones del gas y
petróleo, proveniente de los países vecinos o del mercado
mundial. Los reservorios energéticos de Bolivia se hacen cada vez más
lejanos a la hambruna chilena, ante la negativa para negociar una salida
al conflicto que ponga fin al problema de la mediterraneidad.
La demanda boliviana para recuperar una salida soberana al mar, alcanzó
en días reciente un nuevo destino: La Corte internacional de Justicia en
la Haya. Colombia y Nicaragua también recurrieron en años reciente por
el litigio en la delimitación marítima del Caribe, con un fallo
favorable a los nicaragüenses. Rápidamente Santos vetó la sentencia
desde Bogotá y reforzó la movilización militar en las zonas disputadas,
evidenciando una endeble capacidad de “vincular” las decisiones de la
corte con los intereses nacionales. Una sentencia en la Haya favorable a
Bolivia, sería una importante victoria política; pero no significa una
respuesta inmediata a la salida al mar.
Chile y Perú también
aguardan un fallo de la CIJ por un diferendo marítimo, desvinculado de
la demanda boliviana en forma reiterada por la diplomacia peruana, para
evitar fricciones con su aliado y socio del club neoliberal de la
Alianza del Pacífico. Con un importante número de controversias
territoriales, el tema se ha filtrado en la pre-campaña presidencial en
Chile, con una posición similar entre los factores políticos más
conservadores o la llamada concertación (Bachelet). Apelan al tratado de
1904 para evitar reconocer que la capitulación boliviana se logró por
la fuerza; otorgar una legitima salida al mar a Bolivia, sólo ha sido
bien vista por factores políticos de la izquierda que reconocen la
importancia de la integración regional y, un puñado de académicos
críticos de la historiografía oficial.
En la agenda de Evo
Morales, el tema del litoral boliviano ha alcanzado su cenit en los
últimos meses del gobierno de Piñera. Con un intercambio de palabras a
través de los medios, ambos gobiernos han concurrido a la sala del
Tribunal Internacional. Atrás quedaron las aspiraciones de REPSOL y BP
de acceder al gas boliviano por tierras chilenas, motivo de las “guerra
del gas” que terminó con el gobierno entreguista de Sánchez de Lozada en
2003 que aspiraba conceder a los Estados Unidos los recursos
energéticos soslayando la demanda histórica de recuperar el mar por
parte del pueblo boliviano.
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