La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) —ente público que persigue la
corrupción— abrió ayer una investigación de oficio sobre Josep Maria
Padrosa, el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) que ha
compaginado desde enero de 2011 este cargo público con el de apoderado
de seis empresas privadas que facturan más de 14 millones de euros al
año al propio CatSalut. El paso de la OAC, confirmado a EL PAÍS por
fuentes del organismo, llega tras la publicación del caso por este
diario y contrasta con la posición del consejero de Salud, Boi Ruiz, que
negó “rotundamente” cualquier irregularidad. Dos leyes del Parlamento
de Cataluña prohíben que el director del CatSalut tenga vínculos con
empresas o entidades proveedoras.
La noticia tuvo ayer un gran impacto en la sesión del Parlamento
catalán, donde todos los partidos —menos CiU— exigieron la comparecencia
de Boi Ruiz y del propio Padrosa, y avanzaron que solicitarán la
destitución del máximo dirigente del CatSalut si sus explicaciones no
son satisfactorias. Mientras, la Corporación Fisiogestión empezó a
retirar a Padrosa los poderes en sus sociedades —dedicadas a
rehabilitación, fisioterapia y logopedia—, según confirmó el
administrador del holding, Carlos Núñez.
Boi Ruiz es el expresidente de la patronal sanitaria —la Unión
Catalana de Hospitales— y fue nombrado en diciembre de 2010 consejero de
Salud por el presidente catalán, Artur Mas, tras la victoria electoral
de CiU. Ruiz se llevó consigo al Departamento de Salud a la cúpula de la
Unión y eligió a Padrosa para el cargo más importante de la sanidad
catalana: la de director del CatSalut, organismo que financia toda la
red asistencial —hospitales, centros de salud, servicios sanitarios,
ambulancias...— y maneja el 97,9% de los 8.685 millones de presupuesto
que Salud tuvo en 2012.
La doble posición de Padrosa cuestiona también la aplicación de los
recortes sanitarios, que mientras en los grandes hospitales públicos
alcanzan casi el 20% desde 2011, en las empresas de Corporación
Fisiogestión apenas ascienden al 9%.
La apertura de la investigación por la Oficina Antifraude está
recogida en un documento al que ha tenido acceso este diario, que
establece “la posible existencia de incompatibilidades en la actuación
del director del Servicio Catalán de la Salud, Josep Maria Padrosa”. La
nota considera que estas “posibles irregularidades” tienen el calado
suficiente para que la OAC “acuerde iniciar actuaciones de evaluación”
del caso.
El grupo Corporación Fisiogestión, por su parte, emitió un comunicado
en el que admite que Padrosa ha mantenido durante más de dos años los
poderes en sus empresas mientras era director del CatSalut. Pese a ello,
el grupo asegura que tanto su “actuación como la del doctor Padrosa han
sido totalmente correctas” y defiende que ha obtenido adjudicaciones
públicas con “total transparencia” y “sin ningún tipo de favoritismo”.
La nota también niega que Corporación Fisiogestión haya sufrido los
recortes en menor medida que el conjunto del sistema sanitario.
En el Parlamento catalán la oposición en pleno pidió explicaciones al
director del CatSalut y a Boi Ruiz. A Padrosa, por sus presuntas
incompatibilidades y al consejero, como responsable de su nombramiento,
conocedor como era de su relación con el sector privado. Este es el
primer paso que exige la oposición, y si las explicaciones no satisfacen
a los partidos, la mayoría de grupos avanzaron que reclamarán la
dimisión de Padrosa.
El PSC registró una petición de comparecencia en la cámara de Ruiz y
Padrosa. La portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, Marina Geli,
enfatizó la responsabilidad del consejero. Conocedora de las
obligaciones del cargo —fue la predecesora de Ruiz al frente del
departamento—, pidió conocer “si se hizo el informe de compatibilidad
que debe realizarse para nombrar cada alto cargo”. Geli no anticipó si
los socialistas pedirán la dimisión de Padrosa, pero lo dejó entrever:
“Escuchadas las explicaciones decidiremos y actuaremos en consecuencia”.
La comparecencia de ambos altos cargos, Ruiz y Padrosa, parece segura
porque generó un clamor prácticamente unánime en la oposición. Incluso
Esquerra, aliada del Gobierno de CiU esta legislatura, abrió la puerta a
forzar las explicaciones de los dos dirigentes en la Cámara. “Haremos
lo que debemos hacer: pediremos las explicaciones correspondientes, que
se expliquen sobre todo esto. Podría ser en una comparecencia”, avisó
Alba Vergés, portavoz de Sanidad de ERC, que no alberga dudas: “La Ley
de Incompatibilidades es clara”.
El resto de grupos fueron más contundentes todavía. El partido
Popular alertó de que exigirá “la dimisión inmediata” de Padrosa si se
constata la incompatibilidad. “En tres años, las empresas que representa
han facturado más de 40 millones de euros. Todo, en un momento en la
que más que nunca hay que utilizar eficientemente los recursos
públicos”, denunció el portavoz del PP, Enric Millo.
El ecosocialista Josep Vendrell abundó en la misma tesis: “Las
instituciones deben garantizar más que nunca su credibilidad en época de
recortes”, remachó Vendrell. La portavoz de ICV subrayó “la gravedad”
de los hechos y lamentó los sucesivos embrollos de la sanidad desde que
Ruiz es su responsable en Cataluña: “Desgraciadamente, estamos demasiado
acostumbrados a que haya una puerta giratoria entre el sector público y
el sector privado”. Un diagnóstico similar hizo David Fernández, de la
CUP, que no dudó en pedir la dimisión de Padrosa y describir su déjà vu con el escándalo.
Ciutadans resumó la situación de la sanidad pública catalana: “Está
saqueada, troceada entre grupos de interés y expoliada”, describió Jordi
Cañas, que pidió incluir el caso Padrosa en el orden del día de la
comisión de investigación de los escándalos de la sanidad catalana.
Conflicto de intereses en Madrid
Elena G. Sevillano
Antonio Burgueño, director general de Hospitales de Madrid, trabajó
hace años con Ribera Salud, empresa que licita para conseguir dos de los
seis hospitales cuya gestión privatiza el Gobierno regional. El
conflicto de intereses, según la oposición, radica en que Burgueño
asesora a la mesa de contratación que valorará la oferta que presenta
esa misma empresa en el concurso para gestionar los hospitales públicos
madrileños. Burgueño fue director asistencial de Adeslas y uno de los
padres del polémico hospital La Ribera de Alzira (Valencia), gestionado
por una UTE formada por Adeslas y Ribera Salud.El portavoz socialista, José Manuel Freire, denunció públicamente hace unos días la presencia de Burgueño entre la lista de miembros de la mesa de contratación. Señaló, además de la propia trayectoria del director general, la de su hijo, que trabajó para Ribera Salud hasta el pasado mes de enero.
El alto cargo no se presentó ayer a la apertura de la oferta técnica de las tres empresas que optan a los hospitales —sin competencia, lo que ha multiplicado las críticas por “reparto”—, pese a que una resolución del 5 de junio le nombra miembro de la mesa de contratación como “asesor”. “Él mismo ha renunciado a estar en la mesa”, aseguró ayer un portavoz de la Consejería de Sanidad, que no precisó si esa renuncia se traducirá en una nueva resolución administrativa que lo acredite oficialmente.
“Me parece correcto que se haya retirado porque puede haber un conflicto de intereses, pero creo que lo hace tarde: ya ha estado involucrado en la decisión de privatizar y en la elaboración de los pliegos”, aseguró Enrique Normand, de UPyD.
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