La ley española que regula las ejecuciones hipotecarias (desahucios)
viola la normativa comunitaria de protección a los consumidores, según
una sentencia que acaba de ser publicada por el Tribunal de Justicia de
la UE y que concluye que el sistema de ejecución hipotecaria establecido
en la legislación española es incompatible con la directiva europea
sobre cláusulas abusivas y no protege al consumidor porque permite la
pérdida de la propiedad y el desalojo antes de que éste pueda ejercitar
una acción por daños y perjuicios contra la entidad financiera.
La sentencia de la Corte de Luxemburgo ratifica así el dictamen jurídico
que presentó en pasado mes de noviembre la abogada general del Tribunal
de Justicia de la UE, Juliane Kokott. Según argumenta el Tribunal, "la normativa española enumera los motivos, muy limitados, por los que un deudor puede oponerse al
procedimiento de ejecución hipotecaria" y añade que "entre esos motivos
no figura la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de un
préstamo hipotecario".
Por ello, la sentencia concluye que "la normativa española, que impide al juez, que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato hipotecario, suspender el procedimiento de desahucio iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión".
Respuesta a una cuestión del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona
El Tribunal de Justicia europeo ha llegado a esta conclusión tras analizar la cuestión presentada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona sobre
la conformidad del derecho español con la Directiva europea sobre
cláusulas abusivas. El caso que originó esta cuestión se remonta a 2007,
cuando un ciudadano de origen marroquí que trabajaba en España firmó
con CatalunyaCaixa un contrato de préstamo con garantía hipotecaria de
138.000 euros sobre su vivienda familiar. Desde junio de 2008 dejó de
pagar sus cuotas mensuales y el banco inició un procedimiento de
ejecución hipotecaria, celebrando una subasta pública a la que no se
presentó ninguna oferta.
La entidad, de acuerdo con la legislación española, se adjudicó la
vivienda por el 50% de su valor. El 20 de enero de 2011 el cliente fue
expulsado de la vivienda, si bien poco antes había presentado una
demanda solicitando que se anulara una cláusula del contrato de préstamo
hipotecario -la relativa a los intereses de demora, que fijaba un tipo del 18,75%- por ser abusiva y, en consecuencia, reclamaba que se anulara el procedimiento de desahucio.
Sin embargo, la legislación española que regula esta materia impide que pueda interrumpirse el proceso judicial de ejecución si
no se presentan motivos contemplados expresamente en la ley, entre los
que no aparece la existencia de una cláusula abusiva en el contrato
hipotecario. Es decir, obliga a que termine el proceso, y por tanto el
consumidor se quede sin vivienda, antes de que éste pueda demandar a la
entidad por cláusulas abusivas en la hipoteca.
'El régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección sobre cláusulas abusivas'
La sentencia señala que "el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección que
pretende garantizar la Directiva europea sobre cláusulas abusivas". Y
añade que, dado que el juez que conozca del proceso declarativo no tiene
la posibilidad de suspender el procedimiento de ejecución, esa
declaración de nulidad sólo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria.
Según argumenta la Corte con sede en Luxemburgo, "esa indemnización resulta incompleta e insuficiente, y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de esas cláusulas".
"Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que la normativa española no se ajusta al principio de efectividad,
en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los
procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los
profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar
la protección que la Directiva confiere a estos últimos", señala.
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