La corrupción marca la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Nación en el Estado español. Su presidente, Mariano Rajoy, logró no pronunciar ni una sola vez el nombre de Luis Bárcenas y presentó un paquete de medidas contra los escándalos. Frente a demandas de dimisión y de proceso constituyente, el jefe del Ejecutivo vendió un discurso autocomplaciente y defendió los recortes como inevitables.
La degradación de
las condiciones de vida, el modelo territorial y la omnipresente
corrupción, marcaron ayer el Debate del Estado de la Nación, celebrado
en el Congreso español y que sirvió para reflejar la crisis estructural
que sufre el Estado. Pese a la grave situación en la que llegaba a la
Cámara Baja, con seis millones de parados y escándalos que salpican
diariamente al PP, Mariano Rajoy trató de vender una imagen
autocomplaciente. Se escudó en la inevitabilidad de un año de recortes,
en el habitual recurso a la herencia recibida y en que «se ha evitado el
naufragio». Frente a discursos como el de Alfredo Pérez Rubalcaba
(PSOE) o Cayo Lara (IU), que le instaron a dimitir cuando apenas ha
pasado un año y dos meses desde que llegó la Moncloa, Rajoy se refugió
en una respuesta a la ofensiva.
«Ni España es la nación más
corrupta, ni todos los políticos son corruptos ni nos hundimos por la
corrupción», afirmó en su primera intervención. Habitualmente, Rajoy se
ha escudado en el silencio ante casos como el de Luis Bárcenas. Ayer
logró no mencionar a su extesorero, pero abordó la cuestión sin tener
que ser interpelado. Eso sí, lo hizo con un mensaje que se contradice
entre lo que se dice y el peso político de sus propuestas.
Retóricamente,
el presidente español intentó vender los escándalos como hechos
aislados, «malas hierbas», que son perseguidas. «No es verdad que en
España haya un estado generalizado de corrupción, eso es una insidia»,
insistió. Una versión que el propio jefe del Ejecutivo sabe que no
concuerda con la certeza generalizada, que se expresa incluso a través
del CIS. Por eso, las medidas más concretas que presentó en toda la
jornada fueron las destinadas a atajar, precisamente, la corrupción.
Entre ellas, la aplicación de la Ley de Transparencia a partidos
políticos y otros entes que reciban fondos públicos. Lo que no incluye
es la jefatura del Estado, que ostenta Juan Carlos de Borbón y que
actualmente se encuentra también bajo sospecha por la trama «Noós».
También se aprobarán dos leyes orgánicas, una para controlar la
actividad financiera de los partidos y otra para regular el ejercicio
público. Además, se regularán los lobbies y se reformará el Código Penal
y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La corrupción fue también
la gran protagonista del rifirrafe entre Rajoy y Rubalcaba. «¿Puede
gobernar pendiente de un ataque de sinceridad de Bárcenas?», le señaló
el portavoz del PSOE. «Mi partido no ha sido condenado por financiación
ilegal y el suyo sí», fue la respuesta del jefe de Gobierno. El debate
entre ambos no dio para mucho más de sí que el habitual «y tú más» en el
que suele convertirse cualquier sesión de control. Cayo Lara (IU),
Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) y Rosa Díez (UPyD) también recordaron a
Rajoy el «affaire» de Bárcenas.
Constitución contra Catalunya
El
modelo territorial es la otra cara de la crisis del Estado. De hecho,
Rajoy la incluyó, junto a la corrupción, en el bloque de «problemas» con
el que cerró su primer discurso. La oferta de pacto que había realizado
ante los escándalos se desvaneció ante esta cuestión, ya que el
presidente español impuso un límite: la Constitución española. Sin
aludir expresamente a la declaración aprobada por el Parlament catalán,
advirtió de que la competencia para convocar referéndums corresponde a
la administración central e insistió en la «indisolubilidad» del Estado
que marca el texto de 1978. Aseguró estar dispuesto a modificar la Carta
Magna, aunque sin demasiado énfasis.
«Respete la voluntad de los
catalanes», le respondió un moderado Duran i Lleida, que reivindicó que
derecho a decidir no es sinónimo de independencia y recordó que el
Estado español «no saldrá adelante sin resolver la cuestión catalana».
Previamente, Rubalcaba había abogado por una reforma constitucional que
avance hacia el federalismo.
Del debate de ayer parece evidente
que la idea de cambiar el texto de 1978 aumenta. Incluso, con
llamamientos al proceso constituyente por parte de ICV y UPyD (con
objetivos distintos). No obstante, Rajoy insiste en que su prioridad son
las reformas, que reconoce que le han supuesto un coste. Ayer ya
anunció una segunda ronda. Cerró su discurso con un «merecemos ayuda, no
que se nos dirija» para luego recurrir al FMI y el BCE para justificar
la reforma laboral. E insistió en que se ha evitado el «desastre»,
asegurando que podría ser peor.
Amaiur, PNV y GB abordarán la resolución del conflicto vasco
El
ciclo abierto en Euskal Herria tras el cese definitivo decretado por
ETA no ha tenido muchas ocasiones para reflejarse en el Congreso
español. El Ejecutivo del PP se ha instalado en el inmovilismo y la
grave crisis económica y política que sufre el Estado español ha
desplazado al conflicto vasco de los primeros puestos en el orden de las
prioridades. Esta dinámica se repitió ayer. De hecho, durante el
debate, Mariano Rajoy no hizo una sola mención a la resolución. El mismo
día en el que la Comisión Internacional de Verificación mostraba su
satisfacción con los pasos adoptados por la organización armada vasca,
el Ejecutivo español ni siquiera dedicó una línea a un tema central para
la sociedad vasca. Tampoco el resto de portavoces que tomaron la
palabra (PSOE, CiU, IU). Hoy, con la intervención de las formaciones
vascas, la resolución del conflicto y aspectos como la situación de los
presos políticos volverán a ponerse encima de la mesa.
El primero
en hacerlo será el PNV, quien abrirá la sesión a las 9 de la mañana.
Fuentes jelkides no avanzaron cuáles serán los puntos concretos que
tratará en su intervención Aitor Esteban (que se estrena como portavoz
tras la marcha de Josu Erkoreka a Lakua). Eso sí, estas mismas fuentes
confirmaron que la resolución del conflicto vasco estará presente en el
discurso. Previsiblemente, Esteban seguirá en la línea de lo ya apuntado
por el lehendakari, Iñigo Urkullu, que aboga por la relación «discreta»
con Rajoy.
Tras el PNV llegará el turno de Amaiur. Según avanzó
la coalición abertzale, su diputado Iker Urbina instará al Gobierno
español a implicarse en el proceso de resolución del conflicto. Rafa
Larreina señaló recientemente que Amaiur censurará que el Ejecutivo del
PP «no ha dado ni un solo paso para avanzar en la resolución del
conflicto político», al tiempo que mantendrá su «mano tendida» para
abordar esta cuestión. «El único que falta por ponerse a trabajar en esa
línea es el Gobierno español», insistió Larreina.
Finalmente,
Uxue Barkos, diputada de Geroa Bai (también dentro del Grupo Mixto, al
igual que Amaiur) se sumará a las demandas para responder al nuevo ciclo
político abierto en Euskal Herria. En concreto, Barkos señaló que
reclamará el fin de la dispersión como paso que está en manos del
Ejecutivo.
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