Montevideo, 24 feb (PL) El fallo de la Suprema Corte de Justicia
(SCJ) que declara inconstitucional la ley que permitía procesar a
violadores de los derechos humanos durante la dictadura (1973-19185)
comenzó a tener fuertes repercusiones también fuera del Uruguay.
Varios medios de difusión nacionales destacaron este domingo las
declaraciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, Navi Pillay, quien expresó sorpresa y preocupación por la
decisión de la SCJ.
"Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país", expresó.
La sentencia, adoptada por los magistrados el pasado viernes por cuatro votos contra uno, abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, anulando la lucha de las víctimas por verdad, justicia y reparación.
Recordó, además, que la noticia se produce solo días después de que la jueza Mariana Mota, quien investigaba unos 50 casos de violación de derechos humanos, fuera apartada de sus funciones por la SCJ.
"Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional", afirmó Pillay.
"Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país", expresó.
La sentencia, adoptada por los magistrados el pasado viernes por cuatro votos contra uno, abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, anulando la lucha de las víctimas por verdad, justicia y reparación.
Recordó, además, que la noticia se produce solo días después de que la jueza Mariana Mota, quien investigaba unos 50 casos de violación de derechos humanos, fuera apartada de sus funciones por la SCJ.
"Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional", afirmó Pillay.
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