El minúsculo pueblo de Gallifa (Barcelona) ha tanteado la ley de
banderas a la búsqueda de resquicios que le permitan dejar patente que
desea la independencia de Cataluña. El alcalde del municipio barcelonés,
Jordi Fornas, dice que no recuerda haber visto nunca la rojigualda ondear en el Ayuntamiento desde
la Transición. Sin embargo, la Delegación del Gobierno le instó dos
veces a finales de 2012 a que restituyese el estandarte. El edil ha
atendido el requerimiento con una fórmula que, no sin cierta
socarronería, cree que resulta incontrovertible.
Para intentar driblar la normativa, Fornas ha colocado un banderín
español de no más de un palmo de tamaño en la fachada del Consistorio.
La raquítica tela cuelga desde hace algo más de un mes. El resto de las
banderas se han retirado del exterior del edificio y se han desplazado
unos escasos metros a unos mástiles instalados para la ocasión cerca de
la entrada del edificio. Allí se izan los tres emblemas que figuraban
hasta finales de noviembre en lo alto del Ayuntamiento: la ‘senyera’, el
estandarte de Gallifa y la ‘estelada’, el símbolo del independentismo
catalán.
«La ley de banderas dice que la española no puede ser de un tamaño inferior a las otras que ondean en el mismo edificio.
Como hemos quitado el resto, hemos puesto la que nos parecía del tamaño
más conveniente», ha declarado el alcalde, que milita en Solidaritat
per la Independència. Fornas ha opinado que, con la treta, Gallifa se
adapta a la ley: «Es una cuestión de medidas y la legislación no se
refiere a qué tamaño debe tener».
Según ha comentado el alcalde, adquirió tres banderines al precio de
dos euros cada uno en Les Rambles de Barcelona. «Para el poco tiempo que
la tendremos colgada, no haremos un gran gasto para comprar una más
grande», ha ironizado Fornas, que ha explicado que la primera rojigulada
que situó en la fachada desapareció a los pocos días. La bandera
española no es visible ni en la sala de plenos ni en el despacho del
edil. Tampoco hay un retrato del Rey.
Por su parte, la Delegación no comparte los argumentos que el alcalde
de Gallifa esgrime y ha ordenado a la Abogacía del Estado que inicie
los trámites para demandar al Consistorio. El Gobierno se sustenta en
los artículos cuatro y seis de ley de banderas, que postulan que el
emblema estatal debe ubicarse junto al autonómico en los edificios
públicos y que la rojigualda figurará «siempre en un lugar destacado,
visible y de honor».
«Si nos llevan a los tribunales, será nuestro abogado quien nos defenderá,
estamos cumpliendo la ley al pie de la letra», ha blandido Fornas ante
la previsible oposición de la Delegación. Por otro lado, no es la
primera muestra independentista que protagoniza Gallifa, donde están
censadas 205 personas. Fue una de las primeras poblaciones en
proclamarse libre y soberana. También aprobó declararse insumiso contra
Hacienda y remite los impuestos a favor de la Agència Tributaria de
Catalunya. Aunque la oficina de la Generalitat devolvió el primer pago a
Madrid, el Consistorio volverá a girar los tributos de este trimestre a
favor del Govern.
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