Se avecina otro conflicto más en las tensas relaciones que mantienen
España y Gibraltar en los últimos tiempos. Y es que los trabajadores que
a diario cruzan la Verja para ganar un sueldo se sienten discriminados
por el Gobierno del socialista, Fabian Picardo, ministro principal de la colonia.
En concreto, y como denuncia el presidente del Círculo de
Trabajadores y Pensionistas Españoles en Gibraltar (Citypeg), Francisco
Ponce, "lo que pedimos es tener las mismas condiciones que los residentes allí".
Se refiere al conocido como Community Care, se trata de una ayuda que
sí perciben los pensionistas 'llanitos' pero no los españoles.
El citado complemento a la pensión de la Seguridad Social "supone
unos 15 millones de euros" al Ejecutivo de Convent Place, pero la
cantidad sale del dinero que abonan, en diferentes conceptos, los empleados que cada día acuden a la colonia y que superan de largo las 7.000 personas.
"Estamos decididos a llevar el asunto a la Unión Europea", apunta Ponce
ya que la situación, de mantenerse como actualmente, supondrá que "nos
jubilemos con una pensión de apenas 200 euros", el complemento que
debería llegar desde territorio británico es de unas 600 libras cada
tres meses.
No obstante, y aunque la crítica de Ponce y sus compañeros se centran
en la gestión que del particular lleva a cabo Picardo, también mira a
territorio español. "Entendemos que el Gobierno debe presionar y hacer algo para defender los intereses de sus ciudadanos",
y tampoco olvida la pasividad de los sindicatos de clase CCOO y UGT.
"Ellos también deberían decir algo, no hay que olvidar que Gibraltar es
la fábrica con más gente de la comarca ya que da empleo a más de 7.000
personas".
La denuncia, que no es ni mucho menos la primera vez que se efectúa por parte de Citypeg,
llega en un momento complicado puesto que las colas en la frontera, la
intervención de tabaco procedente de la Roca, o la tensión con los
pescadores no está ayudando, para nada, a mejorar las relaciones de
buena vecindad entre los dos pueblos.
Ponce deja claro que "nosotros defendemos lo nuestro, y apoyamos
todas las reivindicaciones pero ya no podemos esperar más y por eso
vamos a llevar toda la documentación al tribunal europeo", se amparan en que Gibraltar es un territorio de la UE y por tanto debe acatar las normas.
De momento, la única realidad es que mañana, nuevamente, 7.000
personas, la mayoría de ellas españolas, pasarán por el control aduanero
para ir a trabajar a suelo británico pero desconocen que pensión les
quedará el día de mañana.
Cabe recordar que hace unos años ya se generó otra polémica en torno a la revalorización de las pensiones de los trabajadores españoles en Gibraltar,
aunque en aquel caso, el problema radicaba en la situación de dictadura
que se vivía en España bajo el mandato del caudillo, de hecho aún hay familiares que reclaman el dinero que se les 'robó' en aquella época y que entienden les pertenece.
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