La Corte Federal de Brasil emitió una orden para que la “cambará granja” donde viven los 170 sobrevivientes de la tribu, sea desalojada a fin de ampliar plantaciones de soja y caña de azúcar.
El predio, donde están refugiados los últimos “Guaraní-Kaiowá” –unos
170 en total- está asentado sobre su “tekoha” el cementerio ancestral,
donde han enterrado sus muertos desde siempre y que ahora será destinado
a plantaciones o a la ganadería.
La Fundación Nacional de Indios (FUNAI) reclamó por el derecho de los
indígenas, pero la Justicia Federal respondió que la entidad estatal
deberá pagar una multa equivalente a 250 dólares diarios, por cada
jornada que los indios sigan en el lugar.
El gobierno de izquierdas se calla la boca
Mientras el reclamo ha sido llevado hasta Brasilia, donde las
autoridades se rodean de excusas para no intervenir, el Consejo
Indigenista Misionero, una organización civil cristiana, asegura que la tasa de suicidios entre los indígenas “es ya más alta que en Irak, sino la más alta del mundo”, a medida que se aproxima la expulsión.
“Tenemos el derecho constitucional a ocupar la tierra y vamos a
seguir luchando” dijo el jefe máximo de la tribu, Vera Popygua, quien
recordó que su pueblo “ha sido masacrado, mataron nuestros líderes, nuestros hombres,
somos una sociedad avanzada que vive en el siglo XXI, pero los
explotadores de la tierra tienen más poder ante los políticos y ante la
prensa”, denunció.
Los indígenas acordaron ahora inmolarse ante las puertas del propio tribunal brasileño que los expulsa, en caso que la orden se cumpla, y solamente piden ser enterrados en su territorio sagrado a orillas del río Hovy.
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