Decenas de Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH)
de toda España se están concentrando en la mañana de hoy en los
juzgados de las grandes ciudades para entregar a los magistrados un
escrito en el que las familias afectadas y sus abogados les piden que
paralicen su proceso de ejecución hipotecaria. Esto es: su desahucio.
Entre las ciudades donde se realiza la entrega masiva de cartas figuran
Barcelona, Madrid, Valencia o Murcia.
En total, y solo durante la mañana de hoy, las PAH prevén entregar
centenares de cartas, aunque el proceso seguirá abierto y los afectados
podrán seguir entregando el texto a medida que sus casos lleguen a los
tribunales. También hoy los obispos españoles han reiterado su petición
de que la administración aplique medidas urgentes para evitar que las
familias que no pueden pagar acaben en la calle.
La PAH envió la semana pasada el escrito a todos los colegios de
abogados del país. El texto recoge los compromisos respecto a derechos
humanos que recoge la Constitución y explica como las ejecuciones
hipotecarias los están vulnerando, explica la portavoz de la PAH, Ada
Colau. Para apoyar sus argumentos, recuerda que algunos jueces se han
negado a ejecutar desahucios y menciona el informe en el que la ONU
critica duramente el sistema hipotecario español o el estudio que está
realizando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a instancias de
un magistrado de Barcelona.
Esgrimiendo estas circunstancias, el documento solicita la suspensión
inmediata el proceso, en virtud de la pendencia de la sentencia del
TJUE, así como en virtud de la prejudicialidad civil, pues alega que el
tribunal barcelonés todavía no ha resuelto y está decidiendo sobre una
cuestión que constituye objeto del litigio que se plantea.
Además del escrito directo que los afectados entregarán a los jueces
que llevan sus casos, la PAH ha preparado un segundo escrito para todos
los jueces decanos de España en el que les pide que sean sensibles al
clamor de las PAH.
La semana pasada, el Gobierno español presentó un decreto de medidas urgentes para aplicar en los casos "extremos", pero los afectados lo consideran completamente insuficiente
y siguen exigiendo un cambio en la Ley Hipotecaria. Las PAH aseguran
que el decreto no evitará el desahucio en más de la mitad de los casos y
alerta incluso de que podría ser contraproducente, si las familias
modifican su condición (deciden tener hijos o enferman) para poderse
acoger a las condiciones que permiten parar los procesos.
Por otra parte, los obispos españoles reunidos en la Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española han reiterado sus
peticiones de soluciones "urgentes" para que las familias desahuciadas
puedan saldar sus deudas sin verse en la calle. En el discurso inaugural
de la Asamblea Plenaria, que se celebra desde este lunes hasta el
próximo viernes, el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la CEE,
Antonio María Rouco Varela, ha reiterado su petición de que se busquen
con urgencia soluciones "que permitan a esas familias desahuciadas
-igual que se ha hecho con otras instituciones sociales- hacer frente a
sus deudas sin tener que verse en la calle", como ya pedían los obispos
el pasado 3 de octubre en una declaración titulada Ante la crisis, solidaridad.
En dicho documento, publicado en medio de "una crisis global y
extensiva que no parece tocar fondo" y, "ante una situación en la que la
tensión social crece y en la que determinadas propuestas políticas han
venido a añadir elementos de preocupación en momentos de por sí ya
difíciles", se señalan "los aspectos más acuciantes y dolorosos en los
que se manifiesta la crisis". En este sentido, Rouco Varela ha recordado
el desempleo de tantos, en especial de tantos jóvenes; el
debilitamiento de la conciencia de unidad y de solidaridad entre todos
los españoles; los dramas que sufren tantas familias, en particular las
que se ven expulsadas de sus casas por el desahucio.
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