Dos días antes de la conclusión del plazo fijado por el Ministerio de Hacienda para que los evasores se acojan a la amnistía fiscal,
los técnicos del departamento reconocen que la medida no tuvo el éxito
esperado. Las arcas estatales han ingresado hasta octubre 149,6 millones
de euros frente al ambicioso objetivo inicial de unos 2.500 millones,
es decir, solo el 6%. La meta prevista se convierte así, de acuerdo con
los técnicos, en una "misión casi imposible" de cumplir, que al mismo
tiempo acarrea efectos negativos en otros ingresos tributarios.
Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda, explica que
los datos facilitados por el Ministerio en los últimos meses son escasos
y que a partir de agosto el informe mensual de recaudación tributaria
omite especificar la suma de los que se acogen a la amnistía, englobando
este total en "otros ingresos". "El último dato detallado se refiere al
mes de julio, cuando se situó en 50,4 millones de euros. Incluso
asumiendo que la recaudación por amnistía se incluya en 'otros
ingresos', estamos hablando de un máximo de unos 150 millones hasta
octubre, lo que convierte el objetivo del Ejecutivo en algo muy
complicado de alcanzar", dice.
La regularización fiscal —una expresión que los técnicos del
Ministerio tildan de "eufemística"— arrancó a finales de marzo y permite
a los defraudadores pagar un 10%
para blanquear su dinero, sin intereses, recargos, sanciones o
imputaciones penales. Los expertos consideran esta cantidad "un precio
de saldo" comparado con la suma desembolsadas por los contribuyentes que
cumplen con sus obligaciones fiscales, a los que corresponden tipos de
hasta el 52% en el IRPF, llegando al 56% en Cataluña. La puesta en
marcha de la medida ha causado, por otro lado, una disminución del 20%
de la recaudación inducida, que incluye las declaraciones voluntarias
presentadas fuera de plazo para evitar sanciones.
Cada empleado de Hacienda es responsable por 1928 contribuyentes frente a la media de 900 en la OCDE
Los técnicos de Hacienda criticaron la implementación de esta medida
desde el principio. "El Gobierno la presentó como una alternativa a la subida del IVA, aunque luego no fue así", añade Cruzado y subraya que las recientes declaraciones del Gobierno a respecto "demuestran cierto nerviosismo" por la dificultad de lograr el objetivo fijado.
Los expertos del Ministerio recuerdan que, como ya ocurrió en las
anteriores amnistías realizadas en la democracia, "no sirve para reducir
el fraude fiscal, especialmente de las grandes fortunas y corporaciones
empresariales, que son responsables del 71,7% de la evasión tributaria
total".
La economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros,
o sea el 23,3% del producto interior bruto (PIB), diez puntos por
encima de la media de otros países europeos como Alemania y Francia,
según los cálculos de los expertos del Ministerio.
Cruzado insiste en que hay que potenciar los instrumentos a
disposición del departamento para luchar contra el fraude y optimizar
los recursos por muy escasos que sean —en España, cada empleado de
Hacienda es responsable por 1928 contribuyentes frente a la media de 900
de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico
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