El nuevo gobierno dirigido por Antonis Samaras se ha puesto manos a la obra para cumplir su objetivo electoral de "retomar las calles helenas" de la inmigración ilegal. Lo ha hecho movilizando a miles de policías de la capital, Atenas.
Hasta 4.500 agentes han formado parte de la operación 'Zeus Xenios' contra los 'sin papeles', efectuada durante el pasado fin de semana. Parte de los 1.500 policías helenos que han dejado de proteger a los políticos y celebridades helenas para patrullar las calles de la capital han estado presentes en las redadas, en una muestra del empeño del primer ministro en cumplir con su programa social.
El resultado: hasta 6.000 detenidos sospechosos de haber entrado ilegalmente en Grecia. 1.600 de esos 'sin papeles' serán deportados a sus países de origen en las próximas semanas, mientras otros 4.500 no enfrentarán cargo alguno al haberse demostrado su 'legalidad' y serán liberados.
"El país se hunde. Estamos confrontados con una invasión", ha señalado sorprendentemente en la mañana del lunes el ministro griego de Defensa Civil, en unas declaraciones que la prensa helena ha comparado con el discurso radical del partido neonazi Amanecer Dorado, relacionado con la creciente violencia contra los inmigrantes en Grecia.
"Desde la caída de los dorios, hace 4.000 años, nunca en su historia Grecia ha experimentado una invasión de estas características. Se trata de una bomba en los fundamentos del Estado" ha apuntado el ministro, dejando clara la postura del gobierno heleno.
Objetivo: el centro de Atenas
La mayoría de las detenciones se han producido en el centro de Atenas, cerca de la populosa plaza de Omonia donde reside desde hace pocos años una extensa comunidad extranjera, la mayoría asiáticos o africanos.
Escoltados por un fiscal, los agentes de la policía helena han registrado edificio por edificio identificando a los extranjeros y procediendo a la detención de los sospechosos de haber entrado de forma ilegal en el país.
Los inmigrantes, tanto legales como ilegales, se han convertido en la segunda preocupación de los griegos tras la crisis económica. Hasta un 70% de los helenos les relaciona con el incremento del crimen en las calles de la capital y muchos les acusan de "robar" las escasas oportunidades laborales de la Grecia de hoy en día.
Las autoridades calculan que en el país viven actualmente unos 800.000 extranjeros con documentación y alrededor de 500.000 'sin papeles', aunque la cifra podría ser mayor. Son más de un 10% de una población de 9 millones de habitantes según el último censo publicado la semana pasada.
Casi todos ingresan al país por la frontera con Turquía, situada en el Río Evros: más de 100.000 inmigrantes ilegales entran al año a Grecia por esa vía. El gobierno está construyendo una valla de 12,5 kilómetros con ayuda de la Unión Europea (UE) en el lugar de máximo tránsito ilegal, pero demanda más ayuda comunitaria en fondos y cambios legislativos para hacer frente a la inmigración.
Políticas criticadas
Parte del esfuerzo del nuevo gobierno heleno se basa también en cambiar su propia legislación. La intención de Samaras es revocar la Ley de Ciudadanía de 2010 que da la nacionalidad a la segunda generación de extranjeros.
La Coalición de Izquierda Radical, Syriza, de Alexis Tsipras ya ha anunciado que se opondrá a esa medida. Especialmente críticas han sido sus palabras contra las redadas de este fin de semana: el partido las ha calificado de "progrom" al estilo soviético. Para el Partido Comunista (KKE), la operación Zeus Xenios es "una barbarie". Diversos colectivos de inmigrantes y de defensa de los Derechos Humanos también han mostrado su descontento durante el fin de semana.
A favor de la medida están los partidos más escorados a la derecha del parlamento heleno, los ultranacionalistas Griegos Independientes y los neonazis Amanecer Dorado. El portavoz parlamentario de ese último partido, Ilías Kassidiaris, ha llegado a calificar a los inmigrantes como "subhumanos" desde el atril del hemiciclo. A su agrupación se le atribuyen parte de las palizas diarias a extranjeros protagonizadas por grupos de 'vigilantes' ciudadanos en el centro de Atenas, uno fenómeno reciente en Grecia denunciado por asociaciones como Human Rights Watch. Algunos de sus miembros, parlamentarios incluidos, han sido detenidos por agredir a inmigrantes, contribuyendo a la creciente violencia racista del país.
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