Entre los tres ya suman más de diez condenas a cadena perpetua, pero igualmente siguen sumando puntos en la Justicia. El ex dictador militar Jorge Rafael Videla y sus lugartenientes Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del tercer cuerpo de Ejército, y el ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy han sido procesados por el asesinato del monseñor Enrique Angelelli en 1976.
Angelelli era obispo en la provincia de La Rioja (oeste) e investigaba los homicidios de dos sacerdotes de su diócesis: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, ambos ocurridos el 18 de julio de 1976. El 4 de agosto viajaba en una furgoneta con documentación sobre esos crímenes y de repente el vehículo volcó, causando la muerte del religioso y heridas graves al acompañante.
La causa judicial se cerró casi inmediatamente como un accidente de tráfico. Pero en 2010 aparecieron testigos y pruebas, con lo cual la Justicia reabrió el caso y estableció que el coche de Angelelli, apodado "el obispo de los pobres" por los riojanos, fue encerrado en la carretera por un vehículo militar y ello hizo que volcara. Se trató de un "accidente automovilístico provocado" y delito contra la Humanidad, como todos los de la 'guerra sucia' de la dictadura (1976-1983).
Los procesados como supuestos autores materiales de la encerrona son el jefe comandante militar de la zona Luis Estrella, y el ex comisario y por entonces jefe del Servicio de Informaciones de la Policía riojana, Juan Carlos "La Bruja" Romero. También está imputado el suboficial mayor Nelson Garnica. El método del aparente "accidente automovilístico" fue también usado por la dictadura para eliminar a monseñor Carlos Alberto Ponce De León, que ocupaba el obispado de la ciudad bonaerense de San Nicolás y tenía roces con los jefes militares de la zona. Muchos lo apodaban "Monseñor Ambulancia" porque solía recoger a víctimas de las torturas y recibía a los familiares de desaparecidos.
Otro caso similar, aunque hasta ahora no probado por la Justicia, ha sido el del popular cantante Jorge Cafrune, muy conocido en España donde vivió en los años ’60 y ’70. En la madrugada del 31 de enero de 1978, marchaba a caballo para realizar un homenaje al general José de San Martín (libertador de Argentina), y fue atropellado por una camioneta, que huyó. Cafrune tenía ideas peronistas y era opositor a la dictadura.
La Iglesia ofrendó más mártires. En la matanza de la parroquia de Santa Cruz, perpetrada por la dictadura el 4 de julio de 1976, fueron asesinados el seminarista gallego Salvador Barbeito Doval, de 29 años, y los sacerdotes Alfredo Leaden, de 57 años; Pedro Duffau, 65; Alfredo Kelly, 40; y Emilio Barletti, 25. También las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Dumon fueron arrojadas vivas al mar desde los 'vuelos de la muerte'.
La colaboración de la jerarquía de la Iglesia católica con la dictadura llegó al punto que bendijo "por cristiano e incruento" el masivo método de eliminación de los guerrilleros y prisioneros políticos mediante los 'vuelos de la muerte', es decir arrojándolos desde aviones militares al mar vivos, desnudos, y narcotizados con inyección de 'pentotal'.
"¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar a 7.000? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa Pablo VI le armó a Franco (en 1975). Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas", se jactó alguna vez el general Ramón Díaz Bessone, para justificar los 'vuelos de la muerte'.
En los últimos meses Videla, que a sus 86 años purga cuatro cadenas perpetuas, viene confesando en algunas entrevistas, a periodistas que él selecciona, algunas de los hechos de lo que siempre llama «una guerra civil». Confesó que su "relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta".
Incluso confió que el nuncio apostólico Pio Laghi, embajador del Vaticano en Argentina de 1974 a 1980, y algunos obispos "nos asesoraron sobre la forma de manejar" la situación de los desaparecidos. "La Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto".
Admitió por primera vez después de 30 años, que él y sus uniformados eliminaron a "7.000 u 8.000 personas". Sin embargo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) documentó casi 9.000 casos y los organismos humanitarios hablan de 30.000 desaparecidos.
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