Los Gobiernos de Argentina, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Venezuela han calificado como un "golpe de Estado" la destitución de Fernando Lugo y señalaron nada más conocer la sentencia que le apartaba del cargo que no reconocerán al nuevo jefe de Estado, Federico Franco.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue el primero en decir que no aceptará otro presidente que no sea Lugo y que sólo reconocerá al gobierno paraguayo que resulte elegido en las urnas en 2013 en comicios "transparentes" y "democráticos". "No podemos prestarnos a estas patrañas ilegítimas, con supuestas envolturas de formalidades legales pero que atentan claramente a la democracia", dijo.
A Correa le siguió la argentina Cristina Fernández, quien dijo que no va a "convalidar el golpe". "Se acaba de consumar un golpe de Estado, fue un intento consumado porque hemos tenido otros intentos como el que sufrió Evo Morales, Rafael Correa y por supuesto (Manuel) Zelaya en Honduras", subrayó Fernández de Kirchner en la Casa Rosada. "Realmente es algo inaceptable para una región que había superado definitivamente este tipo de situaciones antidemocráticas y contra las instituciones", agregó.
El Gobierno de Buenos Aires anunció este sábado que retirará su embajador en Asunción por considerar la destitución de Fernando Lugo considera como una ruptura del orden constitucional. Un encargado de negocios ostentará la representación diplomática argentina en la capital paraguaya.
El venezolano Hugo Chávez manifestó tras reunirse con el presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, que no reconoce "al írrito e ilegal" Gobierno de Franco y el boliviano Evo Morales subrayó que no acepta "un Gobierno que no surja de las urnas y el mandato del pueblo".
El presidente dominicano, Leonel Fernández, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar "inmediatamente una reunión general de cancilleres, con el fin de suspender al país sudamericano de los organismos regionales". Fernández planteó, además, "que debe haber una acción colectiva de la comunidad internacional, a los fines de restituir al presidente Lugo en la Presidencia de Paraguay".
El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, condenó la destitución del jefe de Estado de Paraguay Fernando Lugo, y la calificó de "golpe de Estado disfrazado". "En Paraguay hay un golpe de Estado pero lo han disfrazado, no es un golpe militar tan claro como el que me hicieron a mí", dijo a Zelaya, quien fue depuesto y expulsado del país cuando promovía una consulta popular con el propósito de reformar la Constitución, pese a que la ley se lo impedía.
También el Gobierno de Cuba condenó el "golpe de estado parlamentario" en Paraguay y aseguró que la isla no reconocerá autoridad alguna "que no emane del sufragio legítimo y el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo paraguayo". "Este golpe se suma a la larga lista de atentados contra la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, siempre realizados por las oligarquías con la autoría, la complicidad o la tolerancia del gobierno de los Estados Unidos" destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en una declaración oficial.
México destacó la necesidad de garantizar "la integridad física del ex presidente Fernando Lugo y reconoció que el proceso de destitución se desarrolló de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución, aunque considera que no se le otorgaron "los espacios y tiempos para la debida defensa, como lo requería la trascendencia de la decisión que condujo a la remoción de su cargo".
El ministro del Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter, indicó que al Gobierno de Chile le "duele" la destitución del presidente de Paraguay Fernando Lugo y consideró que el juicio político con el que fue apartado del poder se realizó "demasiado rápido". "Se ha producido la destitución de un presidente a través de un proceso que está dentro de las posibilidades constitucionales de Paraguay, pero la observación que uno hace es que se trató de un proceso quizás demasiado rápido".
Para el canciller brasileño, Antonio Patriota, la destitución del ahora ex presidente de Paraguay Fernando Lugo es "un retroceso".
Reunión de UNASUR
Aunque el canciller venezolano, Nicolás Maduro, anunció en Asunción que los presidentes de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) se van a reunir "pronto", el secretario general del organismo, el también venezolano Alí Rodríguez Araque, que asumió el cargo este mes, no se ha pronunciado una vez producido el cambio presidencial, quizás porque a Franco le corresponde la presidencia pro témpore de Unasur, que asumió Lugo este mes en Bogotá.
Perú solicitó una reunión de emergencia para la próxima semana en Lima. "Nosotros consideramos que lo ocurrido en Paraguay es sumamente preocupante desde el punto de vista de la democracia en las Américas", manifestó un portavoz del gobierno peruano, quien agregó que se violó el debido proceso en el caso de Lugo.
Indicó que su país no se encuentra satisfecho con las explicaciones que ha dado el nuevo Gobierno del presidente Francisco Franco en relación a su asunción al poder, por lo que aún no se lo reconoce como tal.
El cambio, dentro del 'orden constitucional'
En su primer discurso como jefe de Estado, Franco mantuvo que la "transición" que comienza en el país "se realiza dentro del orden constitucional" y "de ninguna manera pone en riesgo la vigencia y principios democráticos universales".
Franco pidió a los líderes de los países vecinos, en particular los socios del Mercosur, que "entiendan" la situación creada en su país y acepten que hará "el mayor de los esfuerzos para que esto se normalice".
La Constitución paraguaya prevé la posibilidad de un "juicio político" al presidente y también que si es destituido por el Senado, que actúa como tribunal, es el vicepresidente quien asume la jefatura del Estado hasta que se realicen las siguientes elecciones presidenciales previstas, en este caso en abril de 2013.
Costa Rica ofrece 'refugio' a Lugo
Lugo, que había dicho que iba a afrontar el juicio "con todas las consecuencias", acató la decisión pese a que según dijo la ley se había "torcido" y abandonó el Palacio Presidencial.
En un comunicado difundido en San José, el canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, señaló que su país, "que históricamente ha sido un tradicional territorio de refugio y asilo, expresa la mejor disposición de considerar (otorgarlo) al presidente Fernando Lugo o a algún miembro de su gabinete, si lo tienen a bien formular una petición en ese sentido".
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