Al declarar que la “auto-deportación” es la solución para los
inmigrantes ilegales, Mitt Romney hizo pública una idea muy difundida
entre los republicanos: a los once millones de inmigrantes
indocumentados no les quedaría más remedio que regresar a su país, si
el gobierno les hiciera la vida imposible. Pero hasta por las
envilecidas normas de la retórica de las elecciones primarias, la idea
es tan tonta y absurda como popular –como rápidamente señaló Newt
Gingrich, el rival del señor Romney.
La “auto-deportación” tiene gancho y es citable; de ahí su apelación
superficial. Adopten rápidamente una ley a toda prueba de verificación
de empleo, emitan una identificación a cada inmigrante legal, agreguen
alguna hostilidad por parte de las autoridades locales y estatales y
todos veremos cómo los inmigrantes indocumentados hacen una fila para
marchar al sur de la frontera, de dónde vinieron. Si desean regresar a
Estados Unidos, dijo el señor Romney, deben situarse “al final de la
fila”.
La estupidez de la idea está enmascarada por su atracción para
algunos que odian la inmigración ilegal, pero reconocen que las redadas
masivas y las deportaciones serían impropias y de un costo prohibitivo.
Es mejor, dicen ellos, que los inmigrantes ilegales se marchen por
propia voluntad –y que paguen sus gastos de viaje.
Los problemas comienzan con la economía. Los trabajadores
indocumentados son más del 50 por ciento de la fuerza laboral en EE.UU.,
y mucho más en la agricultura, hotelería, jardinería y otros lugares.
Su partida sería un golpe a la economía –y no, los trabajadores nacidos
en EE.UU., por regla general mejor instruidos y remotamente ubicados
de los empleos que desempeñan los inmigrantes, no llenarían el vacío
dejado por ellos.
El señor Romney también se equivoca al imaginar que los inmigrantes
ilegales, mexicanos en su mayoría, pueden ser desarraigados con
facilidad. Es más, casi dos tercios de ellos llevan aquí más de una
década, y más de 28 por ciento llegaron al país hace más de 15 años.
Han echado raíces aquí: casi la mitad tiene hijos, y más de 90 por
ciento de esos 5,5 millones de niños nacieron aquí y son ciudadanos
norteamericanos. ¿Cree el señor Romney que ellos se van a
“auto-deportar” junto con sus padres?
En cuanto a la idea de colocarse “al final de la fila”, eso supone
que exista una fila para mexicanos no calificados que carecen de
relaciones familiares en Estados Unidos. No existe tal fila que resulte
de manera realista en la entrega de una tarjeta verde a un mexicano no
calificado sin familiares en Estados Unidos. Incluso si, digamos, los
padres o hermanos de un mexicano son ciudadanos norteamericanos,
probablemente el mexicano tendría que esperar de 15 a 20 años o más
solo para obtener una entrevista con un funcionario consular de EE.UU.
Los inmigrantes indocumentados en este país tienen una gran
capacidad de recuperación. Durante la debacle económica de 2008-2009, el
deprimido mercado laboral y el fortalecimiento de la seguridad en la
frontera ayudaron a disminuir la población ilegal en aproximadamente un
millón de personas. Pero desde entonces las cifras se han nivelado, a
pesar de una economía aún en lenta recuperación, aumento de las
deportaciones y leyes hostiles al nivel local y al estatal. La inmensa
mayoría de los inmigrantes ilegales está aquí definitivamente.
De manera más amplia, el problema es un sistema fracasado y los
políticos no pueden lograr reconciliar la dura realidad de los
inmigrantes ilegales con sus propios lemas. Una reforma sensata
incluiría una fuerte observancia de la ley, así como admisiones
adecuadas de trabajadores temporales para las industrias que los
necesiten y, fundamentalmente, un camino hacia la legalización de los
inmigrantes ilegales. No se van a marchar, a pesar de la fantasía de la
“auto-deportación”.
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