La tensión entre la Generalitat y los funcionarios por los recortes llevó ayer a la calle a un colectivo que no acostumbra a manifestarse: los Mossos d’Esquadra. Miles de agentes de la policía autonómica, acompañados de bomberos, agentes rurales y funcionarios de prisiones se manifestaron ayer por la tarde en Barcelona en una protesta con la que quisieron dejar claro al Gobierno catalán que la pérdida de calidad del empleo público también significa una merma en el servicio básico que prestan. Unos 12.000 agentes, según los organizadores, y 5.500 según la Guardia Urbana, recorrieron los centenares de metros que separan la plaza de Urquinaona de la de Sant Jaume. Frente a la sede de la Generalitat algunos manifestantes reclamaron la dimisión del presidente de la Generalitat, Artur Mas.
La manifestación fue muy ruidosa. El colectivo de bomberos destacó por su arsenal para montar escándalo: pitos, sirenas y petardos. Fueron los únicos que iban ataviados con su mono de trabajo, cascos incluidos. Los agentes rurales se hacían ver por sus gorras y los Mossos d’Esquadra, que por ley tienen prohibido ir ataviados con el uniforme de trabajo fuera de sus horas de servicio, apostaron por hacerse ver con chalecos fluorescentes. Algunos también iban tocados con la gorra de mosso y el símbolo antirrecortes, una señal de prohibido con unas tijeras en medio.
La manifestación —cuyo lema rezaba: Cuerpos especiales en lucha: con la seguridad pública no se juega— se convocó coincidiendo con el retraso de la paga de Navidad. La medida, que afectó a todos los funcionarios, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los diferentes cuerpos, hartos de la afectación que los recortes están teniendo en su servicio. “En dos años, el poder adquisitivo de los Mossos d’Esquadra se ha reducido un 24%”, denunció Valentín Andón, portavoz del sindicato SAP-UGT en la policía autonómica. Los agentes denuncian también que la escasez de material —como los chalecos antibalas— puede entorpecer su trabajo. La reducción de efectivos, abundan los sindicatos convocantes, también puede provocar un aumento en el tiempo de actuación de la policía autonómica, calculado en 12 minutos. Una de las pancartas, de las muchas que se podían leer en la marcha, ilustraba este lamento: “Menos seguridad igual a más delincuencia”.
El secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, y su homólogo en CC OO, Joan Carles Gallego, encabezaban la marcha. Gallego insistió en la afectación que los recortes en las condiciones de los empleados públicos pueden tener en el servicio. “Hay que preservar la calidad del trabajo público para preservar la calidad del servicio público”. Se sumó a la tesis Álvarez, que prometió que los sindicatos seguirán dando batalla al Gobierno para reducir los efectos de los recortes. “La lucha en defensa de la dignidad y los servicios públicos continuará”.
Tras media hora de marcha pacífica, los organizadores leyeron el manifiesto colectivo que sirvió para resumir las reivindicaciones de los cuatro colectivos. El texto avisaba de que el tijeretazo “enmascara una precarización de los servicios públicos” cuyo objetivo es dar entrada a la gestión privada, dispuesta a “parasitar en el sector público”. El manifiesto denunciaba que los consejeros y el presidente Mas “no están dispuestos a renunciar a sus privilegios y solo piden sacrificios a los trabajadores públicos”. En el texto, los sindicatos de mossos avisaron al Ejecutivo de que no puede usar a la policía autonómica para atacar el descontento social: “El Gobierno está convirtiendo una crisis económica en una crisis social, ante lo que la respuesta no puede ser policial, sino que pasa por el diálogo con los agentes sociales”.
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