Una ley es una norma dictada por un legislador. Su función es delimitar el libre albedrío y nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla. En el marco de una Constitución, la ley manda, permite y prohíbe. Hasta el último día de la pasada legislatura que se cerró en diciembre del año 2010, Uruguay podía decir que contaba con 18.707 leyes. En lo que va de este año se han aprobado algunas decenas más hasta llegar a las 18.831.
La ley número 1 del país se conoció en 1830 y antes de que alguien imagine que esa primera ley aludía a la creación de algún símbolo patrio, hay que saber que lo que realmente hizo fue habilitar una prórroga de pensiones para aquellos connacionales que habían quedado con alguna discapacidad por la última guerra de aquel entonces.
A 180 años de aquella primera norma, hoy también las leyes que aluden a pensiones graciables y que prorrogan beneficios sociales son la mayoría de las que se aprueban en estos tiempos modernos: un 19% del total son leyes “sociales”.
Estos datos salen a luz luego de que el actual presidente de la cámara de diputados, Luis Alberto Aparicio Lacalle Pou, encomendara a un grupo de abogados y de estudiantes de abogacía revisar el nomenclátor legislativo con el fin de depurar todo el legajo de leyes que rigen nuestras vidas. Todas y cada una de ellas “con la intención de que sirva de disparador para en un futuro cercano renumerar el código legislativo” dijo Nicolás Martinelli que junto a Stéfano Fazio, Rodrigo Ferrés y Andrés Chanhazaroff son los que están contabilizando y categorizando desde febrero pasado los archivos jurídicos uruguayos.
“Es una tarea titánica” evaluaron y, para hacerla más confortable se decidió encasillarlas en 18 categorías. Desde leyes que habilitan pensiones graciables, pasando por los tratados, hasta llegar a las que crean impuestos.
De las 18.800 leyes que hay, casi la mitad, 9.200, están en formato digital y corresponden a aquellas sancionadas desde 1990 hasta el 2011. Para atrás todas están archivadas en formato papel lo que dificulta aún más su clasificación. De la nº 1 a la ley 9.500 están en biblioratos.
Una de los hechos llamativos con los que se han encontrado hasta ahora es que existe un bagaje de leyes vigentes que nadie cumple porque se ignora su existencia o porque directamente su aplicación es redondamente inútil. Por otro lado están las inconstitucionales, pero que pese a su condición de estar viciadas de nulidad, están vivas y coleando.
Hay una ley entre las primeras 100 sancionadas que prohíbe las “pulperías ambulantes”. Otra, del año 1941, determina que las carnicerías deben estar cerradas los días domingos. O la que en 1930 prohibió de ahí para adelante la producción de pan en horarios nocturnos. Si bien a ninguna de ellas se las tiene en cuenta, todas están vigentes y suman en las 18.707.
De la ley Nº 9.500 a la 18.707, solo se han derogado explícitamente 180 normas; un 2%.
Precisamente, uno de los cometidos es depurar el código legal para darle un nuevo marco numérico más acotado y actualizado. La excepción en este tipo de leyes vigentes-no aplicables es la 10.071 del año 1941 que determina la “vagancia, mendicidad y estados afines”. Hace poco más de un año atrás se la desempolvó para estipular quiénes reunían esa condición y así apercibirlos y eventualmente sancionarlos. Pasó en el 2010 en Punta del Este y alrededores.
Hasta hoy se ha categorizado el 60% del total de las leyes que nos rigen. No hay hasta ahora más nadie que el equipo en esta tarea. “Pensábamos que íbamos a tener la ayuda de estudios jurídicos pero lamentablemente nadie se ha acercado.
Solo alguna organización vinculada a la ayuda a discapacitados, pero más nadie”, confiaron.
PERIODO FRUCTIFERO
* El 19% del total de las leyes que rigen en la normativa jurídica uruguaya alude a pensiones graciables.
Un 18% a denominaciones de escuelas y espacios públicos y un 21% a festejos conmemorativos.
En la pasada legislatura, 2005 2010, el entonces diputado del MPP Uberfil Hernández había confeccionado un programa informático para verificar las leyes a estudio y las que finalmente se aprobaban. Aquellos cinco años fue el período en que más leyes se sancionaron en toda la historia democrática del Uruguay.
La ley número 1 del país se conoció en 1830 y antes de que alguien imagine que esa primera ley aludía a la creación de algún símbolo patrio, hay que saber que lo que realmente hizo fue habilitar una prórroga de pensiones para aquellos connacionales que habían quedado con alguna discapacidad por la última guerra de aquel entonces.
A 180 años de aquella primera norma, hoy también las leyes que aluden a pensiones graciables y que prorrogan beneficios sociales son la mayoría de las que se aprueban en estos tiempos modernos: un 19% del total son leyes “sociales”.
Estos datos salen a luz luego de que el actual presidente de la cámara de diputados, Luis Alberto Aparicio Lacalle Pou, encomendara a un grupo de abogados y de estudiantes de abogacía revisar el nomenclátor legislativo con el fin de depurar todo el legajo de leyes que rigen nuestras vidas. Todas y cada una de ellas “con la intención de que sirva de disparador para en un futuro cercano renumerar el código legislativo” dijo Nicolás Martinelli que junto a Stéfano Fazio, Rodrigo Ferrés y Andrés Chanhazaroff son los que están contabilizando y categorizando desde febrero pasado los archivos jurídicos uruguayos.
“Es una tarea titánica” evaluaron y, para hacerla más confortable se decidió encasillarlas en 18 categorías. Desde leyes que habilitan pensiones graciables, pasando por los tratados, hasta llegar a las que crean impuestos.
De las 18.800 leyes que hay, casi la mitad, 9.200, están en formato digital y corresponden a aquellas sancionadas desde 1990 hasta el 2011. Para atrás todas están archivadas en formato papel lo que dificulta aún más su clasificación. De la nº 1 a la ley 9.500 están en biblioratos.
Una de los hechos llamativos con los que se han encontrado hasta ahora es que existe un bagaje de leyes vigentes que nadie cumple porque se ignora su existencia o porque directamente su aplicación es redondamente inútil. Por otro lado están las inconstitucionales, pero que pese a su condición de estar viciadas de nulidad, están vivas y coleando.
Hay una ley entre las primeras 100 sancionadas que prohíbe las “pulperías ambulantes”. Otra, del año 1941, determina que las carnicerías deben estar cerradas los días domingos. O la que en 1930 prohibió de ahí para adelante la producción de pan en horarios nocturnos. Si bien a ninguna de ellas se las tiene en cuenta, todas están vigentes y suman en las 18.707.
De la ley Nº 9.500 a la 18.707, solo se han derogado explícitamente 180 normas; un 2%.
Precisamente, uno de los cometidos es depurar el código legal para darle un nuevo marco numérico más acotado y actualizado. La excepción en este tipo de leyes vigentes-no aplicables es la 10.071 del año 1941 que determina la “vagancia, mendicidad y estados afines”. Hace poco más de un año atrás se la desempolvó para estipular quiénes reunían esa condición y así apercibirlos y eventualmente sancionarlos. Pasó en el 2010 en Punta del Este y alrededores.
Hasta hoy se ha categorizado el 60% del total de las leyes que nos rigen. No hay hasta ahora más nadie que el equipo en esta tarea. “Pensábamos que íbamos a tener la ayuda de estudios jurídicos pero lamentablemente nadie se ha acercado.
Solo alguna organización vinculada a la ayuda a discapacitados, pero más nadie”, confiaron.
PERIODO FRUCTIFERO
* El 19% del total de las leyes que rigen en la normativa jurídica uruguaya alude a pensiones graciables.
Un 18% a denominaciones de escuelas y espacios públicos y un 21% a festejos conmemorativos.
En la pasada legislatura, 2005 2010, el entonces diputado del MPP Uberfil Hernández había confeccionado un programa informático para verificar las leyes a estudio y las que finalmente se aprobaban. Aquellos cinco años fue el período en que más leyes se sancionaron en toda la historia democrática del Uruguay.
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