Los torturas físicas y psicológicas y los delitos sexuales cometidos contra 28 ex presas políticas forman parte de una nueva denuncia penal, por las violaciones a los derechos humanos perpetrados por decenas de agentes del Estado, durante la última dictadura cívico-militar.
La denuncia narra los ilícitos perpetrados por agentes estatales, hombres y mujeres, contra las mujeres detenidas por motivos político-ideológicos, en varias unidades militares, como el Penal de Punta de Rieles, el centro clandestino de detención “300 Carlos”, el Regimiento de Caballería Nº 9, el Establecimiento La Tablada y el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, entre otros.
“Los denunciados tuvieron activa participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los distintos establecimientos carcelarios, siendo todos ellos responsables directos e indirectos, por acción u omisión, de la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en forma sistemática y planificada consistentes en delitos sexuales y torturas, afectando su integridad física y mental y su derecho a la dignidad”, expresa el escrito promovido por los abogados Federido Álvarez Petraglia y Martha Scarpita, al cual accedió LA REPÚBLICA.
La conducta de los represores tenía como finalidad “la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres”, mediante un menoscabo de su integridad con prácticas como “la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos (…) llegando en muchos casos a la consumación de la violación”, agrega. “De lo sumariamente expuesto se desprende que las detenidas eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose su cuerpo como un botín de guerra”.
Los represores buscaban “morbosamente el placer” con estas prácticas, por cuanto “no se contentaban con utilizar mecanismos reñidos con la ley para obtener información, sino que por el contrario disfrutaban perversamente de sus acciones”, expresa.
En este sentido, “la violación sistemática de los derechos humanos de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres se traduce indudablemente en violencia de género ejercida por agentes del Estado”.
Por tanto, el escrito solicita la categorización de los crímenes como delitos de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles, en virtud de los preceptos del derecho internacional de los derechos humanos y de violencia sexual contra las mujeres.
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