El escándalo de la SGAE ha vuelto a poner en el ojo del huracán uno de los temas más polémicos de los últimos años: el canon digital, una de las grandes fuentes de financiación de la SGAE.
Desde que en 2003 el Gobierno Aznar amplió el canon digital a los CDs y DVDs y, en 2006, el de Zapatero hizo lo mismo con las grabadoras, los MP3, MP4 y los teléfonos móviles capaces de almacenar o reproducir música, esta forma de recaudar la compensación equitativa por copia privada a los autores ha estado en entredicho.
En octubre del pasado año el canon recibió su primer golpe cuando el Tribunal de Justicia de la UE se pronunció contra el canon digital español por gravar a los fabricantes de CDs, DVDs, MP3 y otros equipos de reproducción "de forma indiscriminada" y no respetar el concepto de "compensación equitativa" definido en una directiva europea de 2001 sobre los derechos de autor.
El golpe definitivo se lo dio la Audiencia Nacional, que el pasado marzo declaró nula de pleno derecho la normativa que regulaba el canon desde 2008.
A partir de ese momento, el canon digital quedó herido de muerte. La Ministra consideró que esa resolución no alteraba sus planes de reforma, porque el parón del canón respondía a un "defecto de forma", no de fondo.
La reforma que no llega
"El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, mediante real decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada". Este fue el acuerdo alcanzado en enero entre PSOE, PP y CiU para sacar adelante la reforma de La Ley Sinde.
La adaptación de la regulación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, según este acuerdo, debería acometerse en el plazo de tres meses desde la promulgación de la Ley Sinde, que entró en vigor el pasado 6 de marzo. Eso suponía que a principios de junio, como tarde, la propuesta de reforma debía haberse presentado en el Congreso. A día de hoy todavía no hay noticias de ello.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde se defendió asegurando que no se iba a improvisar con esta norma y que para cumplir bien la ley a veces hay que retrasar los plazos establecidos: "Es mejor una buena Ley retrasada, que una mala y puntual".
Sin embargo, las voces en contra del canon se han vuelto a alzar para pedir su total eliminación, y cada vez parece más factible que esta reforma nunca llegue a ver la luz.
¿Eliminación definitiva?
A pesar de las informaciones de La Vanguardia dónde se asegura que el Gobierno había decidido anular el canon digital y que Sinde podría hacerlo público en el pleno del Congreso el próximo día 12, el ejecutivo continúa sin aportar algo de luz al respecto.
En una entrevista a RNE, la secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, ha declarado que no le consta que el Gobierno tenga intención de comunicar la supresión de esa tasa y que el Gobierno sigue trabajando en encontrar una solución que proteja tanto a los derechos de los autores como a los usuarios. Una solución que, de momento, se desconoce.
La Asociación de Internautas, organismo que denunció a la SGAE en 2007 y que ha sido uno de los mayores opositores al canon digital, se ha mostrado partidario de esa eliminación definitiva del canon ya que, según su presidente Víctor Domingo, al Gobierno "no le queda otra salida que enterrar algo que es una auténtica chapuza".
"Está claro que deben mover ficha, porque el canon hoy, aparte de una aberración, es ilegal. La Audiencia Nacional ha declarado nula la orden que lo regula y al Gobierno no le quedan muchas soluciones", ha asegurado el presidente de una asociación que en los últimos días ha pedido insistentemente la dimisión de Sinde.
¿Qué pasos se pueden dar?
La realidad actual es que el derecho a la compensación por copia privada, tal y como reafirmó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es indiscutible. Simplemente se debe encontrar una forma justa y no indiscriminada de aplicarlo.
Quizá la primera necesidad sea empezar por definir lo que son los derechos de propiedad intelectual en la realidad actual, es decir, adaptar la Ley de Propiedad Intelectual a la modernidad. Tal y como asegura Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, "el canon podría tener sentido si no se cobrase por todo y en base a nada, si se gestionase de forma transparente, si respetase el reparto a los autores, si no enriqueciese a "presuntos" delincuentes, etc."
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