Casi 2.000 familias de toda España, entre ellas unas 800 de Catalunya, solicitan al Estado recuperar el dinero republicano que les fue incautado a partir de 1938 y hasta bien entrada la posguerra.
Todas ellas se han unido en la Agrupación de Perjudicados por la Incautación Franquista que este sábado ha celebrado en Barcelona un encuentro anual.
La entidad se constituyó en 2005, desde cuando recoge copias de todos los recibos que se emitieron entonces y que certificaron oficialmente el dinero que estas familias tuvieron que entregar.
Todas ellas se quedaron al margen de la Ley de Memoria Histórica aprobada en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y habían llegado a ser más de 2.500, "pero muchos de los agrupados se están muriendo porque ya son mayores, y ya no podrán nunca recuperar el dinero que les incautaron", ha explicado una de las impulsoras de la entidad, Lídia Jiménez.
A sus abuelos maternos les incautaron 1.365 pesetas, y el recibo lo tuvo como dote la madre de ella, Montserrat Capdevila y que desde los años 60 ha acudido en un sinfín de ocasiones a la oficina del Banco de España en la plaza de Catalunya de Barcelona para intentar cobrarlo.
"La respuesta siempre ha sido la misma: que aún no tocaba", explica Lídia, que sigue guardando como un bien preciado el recibo heredado de sus abuelos, con la esperanza de cobrarlo cuanto antes.
Miembros de la entidad llevan años indagando en los archivos oficiales pruebas documentales que pongan de manifiesto la incautación, que estiman que fue de 3.500 millones de pesetas de la época, según las actas del Banco de España franquista, a las que ha tenido acceso Europa Press.
Estiman que una peseta republicana equivale a día de hoy a 1,5 euros, por lo que en la actualidad, el valor de la cantidad confiscada superaría los 5.300 millones de euros.
Jiménez indica que llevan años trabajando con los grupos del Congreso para lograr una iniciativa parlamentaria al respecto y, como la situación está enquistada, la entidad contempla llevar el caso a la justicia española y europea.
El dinero del 'enemigo'
En plena Guerra Civil, concretamente en 1938, un decreto del Ministerio de Hacienda del gobierno franquista, con sede en Burgos, ordenó la prohibición de "la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo", según reza el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1938.
Esta orden gubernativa, además, ordenaba la incautación del papel moneda impreso por el Gobierno republicano a partir de 1936, que también pusieron en circulación algunos ayuntamientos situados en territorio republicano e incluso cooperativas.
Con esta finalidad, se creó el "Fondo de Papel Moneda puesto en Circulación por el Enemigo", y así, vecinos de toda España tuvieron que entregar sus ahorros al Banco de España, entidades bancarias privadas y a los Ayuntamientos, y nunca cobraron la cantidad abonada.
Este no es el primer caso de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo que no se han beneficiado de la Ley de la Memoria Histórica acudan a los tribunales para reclamar sus derechos.
Este marzo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite una demanda de la Iglesia Evangélica Española (IEE), denominación protestante más antigua de España, ya que los pastores evangélicos que ejercieron durante el franquismo "están discriminados".
El motivo es que la Seguridad Social de la época no reconocía la profesión de pastor protestante, por lo que no pudieron cotizar, y el Estado sigue sin reconocerles su derecho a cobrar pensiones para ellos y sus viudas.
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