Cuando las malas condiciones de vida aprietan, la inmigración se convierte en un fenómeno que busca todo tipo de huecos en las fronteras. El que se ha abierto en Ceuta desde hace aproximadamente un año ha colocado a la ciudad autónoma en una situación que su Gobierno considera complicada. Su presidente, Juan Jesús Vivas (PP), ha pedido ayuda al Ejecutivo central para frenar el continuo goteo de subsaharianos indocumentados que se ha incrementado notablemente desde el inicio del verano. Llegan a nado, en colchonetas y barcas de playa inflables o sobre cámaras neumáticas, y son rescatados por la Guardia Civil o Salvamento Marítimo. Después son conducidos al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), porque Marruecos se niega a que sean devueltos.
288 inmigrantes han entrado en lo que llevamos de julio, unos 200 más que en el mismo período de 2010
En junio fueron unos 140 los extranjeros que llegaron de este modo a la ciudad, un centenar más que en el mismo mes del año anterior. Y en lo que llevamos de julio la cifra asciende a 288, unos 200 más de los recibidos en el mismo período de 2010. El ritmo es de unos siete indocumentados de media al día desde el inicio del verano. La cifra puede parecer ridícula pero si comparamos la población de Ceuta con la de otra comunidad receptora de inmigración —Andalucía, por ejemplo— es como si esta última hubiera acogido a 31.765 extranjeros en el mismo período. Vivas teme que pueda afectar al tratamiento de los acogidos y a la “tranquilidad ciudadana”.
Después de años de relativa tranquilidad, la puerta de Ceuta a la inmigración se volvió a abrir en agosto de 2010, según las autoridades de la ciudad. El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí publicó entonces un comunicado en el que acusó a la Guardia Civil de procurar tratos inhumanos a inmigrantes que intentaban entrar en la ciudad española. Ponía el ejemplo de ocho subsaharianos que fueron conducidos por una patrullera del instituto armado hasta la playa del pueblo vecino de Beliones, desde donde habían partido, y de haberlos dejado allí “en un estado de salud crítico”.
Desde entonces, Rabat ha impedido el mecanismo informal de devolución de extranjeros a sus costas y el tránsito de los guardias por sus aguas. Ahora, los agentes, solo pueden rescatarlos y conducirlos a Ceuta, donde, después de que la policía les abra expediente de expulsión, son conducidos al CETI.
Esa es la razón por la que el instituto armado, que vigila la frontera, se encuentra atado de pies y manos. Las cámaras de vídeo y térmicas desplegadas a lo largo del perímetro detectan de madrugada, casi a diario, los movimientos de decenas de personas en las inmediaciones del bosque pequeño —una arboleda situada en las inmediaciones de Castillejos, la primera ciudad marroquí al sur de la ciudad autónoma—, el prólogo al intento de entrada irregular desde la playa más cercana a España. De inmediato avisan a las autoridades marroquíes, a Salvamento Marítimo y conducen sus patrulleras al tramo de costa paralelo al puesto fronterizo del Tarajal. Pero una vez que los inmigrantes se lanzan al mar solo pueden rescatarlos y llevarlos a Ceuta.
El Gobierno ceutí ha exigido al Ministerio del Interior que haga gestiones con Rabat para solucionar el problema. Pero los implicados en las tareas de salvamento y acogida disculpan a Marruecos. Dicen que hace lo que puede. Aseguran que la situación sería mucho peor en caso de que sus fuerzas de seguridad no frenaran cada día a decenas de subsaharianos en medio de sus carreras desesperadas hacia el mar. No obstante, los pocos que logran adentrarse en el agua tienen asegurado su objetivo de alcanzar la ciudad española.
Así, el CETI sigue incrementando su ocupación, si bien no ha llegado por el momento a ser preocupante, según sus trabajadores. La instalación, diseñada en 2000 para acoger a 512 personas, daba alojo ayer a 628, pero el repunte de llegadas no ha alterado su funcionamiento. “Podemos alcanzar hasta un 50% más de nuestra capacidad”, afirma una de las personas que se ocupa del centro.
Las prestaciones a los internos —acomodación, manutención, cursos y asistencia social— se siguen gestionando con normalidad. Aunque los traslados periódicos de extranjeros a otros centros de internamiento de la Península, señalan, han ayudado mucho a ello.
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