La hija del condenado ex presidente Alberto Fujimori, en empate técnico con Ollanta Humala, ha jurado durante la campaña electoral que no indultará a su padre y que buscará en los tribunales su libertad.
Un recurso de amparo, sobre el que el Tribunal Constitucional ha preferido sospechosamente no pronunciarse hasta después de las elecciones, sería la avanzadilla de esta estrategia para cuestionar la sentencia judicial que condenó al ex presidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por corrupción y por la autoría intelectual de crímenes de Lesa Humanidad.
El pasado miércoles, el Tribunal Constitucional decidió sorpresivamente aplazar su decisión sobre un hábeas corpus que pone en duda la imparcialidad de los jueces de la Corte Suprema que ratificaron la condena del ex mandatario. Poniendo como excusa supuestas interferencias en el proceso electoral, el Constitucional aplazó tomar una decisión hasta nuevo aviso.
"Buscan que la decisión del Tribunal Constitucional se de en otro escenario político, en el que la hija del condenado sea la presidenta", explicó el ex fiscal supremo Avelino Guillén a la prensa durante una conferencia convocada a dos días de las elecciones.
Este recurso de amparo ya fue rechazado en dos instancias distintas del Poder Judicial, por lo que los abogados de las víctimas de Fujimori no entienden el porqué el Tribunal Constitucional lleva desde el mes de enero sin emitir su pronunciamiento sobre el caso.
"Un juez no puede desempeñar su función acorde con el escenario político porque probaría la escasa independencia del Tribunal Constitucional", advierte claramente Guillén.
Si el TC admite el hábeas corpus, los jueces que vieron la ratificación de la condena del ex mandatario serían recusados y esto supondría en la práctica, según explican, la reapertura del caso.
Avalancha de hábeas corpus contra la sentencia
Este recurso de amparo, a la espera de una resolución en el Tribunal Constitucional, es sólo la avanzadilla de otros 17 que coincidentemente con el inicio de la campaña electoral han sido interpuestos por la defensa de Fujimori.
Esta avalancha de hábeas corpus cuestiona hechos juzgados y ratificados para, según Ronald Gamarra, abogado defensor de las víctimas, "crear la sensación en la ciudadanía de que el proceso contra Fujimori no fue justo". "Están utilizando hábeas corpus para torcer el camino de la justicia", denuncia en nombre de los familiares de los asesinados por el grupo Colina, el escuadrón de la muerte de Fujimori.
Las víctimas y la acusación lo tienen claro: la culpabilidad de Fujimori es cosa juzgada e irrevisable. Para ellos el proceso terminó en abril de 2009 con una sentencia que es estudiada en facultades de derecho de todo el mundo y que fue avalada por todos los observadores internacionales. Este fallo histórico, que la defensa del ex presidente apeló, fue finalmente ratificado por la Corte Suprema en diciembre de 2009.
Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de la Universidad "La Cantuta" secuestrados, asesinados, enterrados bajo cal viva y posteriormente incinerados por el Grupo Colina, exige al Tribunal Constitucional que devuelva la tranquilidad a las víctimas y rechace todos los recursos de amparo.
Desde 1992, Gisela, junto con el resto de familiares de las matanzas de La Cantuta y de Barrios Altos, ha acudido a todas las instancias judiciales para acceder a la justicia. 17 años después, lograron la sentencia.
"Un año y medio después de la sentencia, se presentan con fines políticos acciones de amparo diciendo que se vulneraron los derechos de Fujimori", relata. "Aquí la víctima no es Alberto Fujimori, somos nosotros por las órdenes que dio Alberto Fujimori para acabar con nuestros familiares", le recordó al Tribunal Constitucional.
El 'blindaje' a Fujimori
Los abogados de la acusación de Fujimori cuestionan la imparcialidad del Tribunal Constitucional y acusan a algunos de sus miembros de ser simpatizantes del partido de gobierno.
Ponen como ejemplo de este supuesto acuerdo entre el Apra y el fujimorismo "el régimen penitenciario festivo", del que goza el ex presidente en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), el área donde purga su condena.
"El señor Fujimori ha convertido la Diroes en un local de campaña política", acusa Avelino Guillén. Además, el ex Fiscal Supremo recuerda que existen 16 cuadernillos de extradición en espera de ser mandados a Chile por parte del Ministerio de Justicia. El único expediente exitoso fue elaborado durante el gobierno de Alejandro Toledo y gracias a él Fujimori fue extraditado en el año 2007.
Sin embargo, han quedado casos en el tintero por los que Fujimori no puede ser juzgado hasta que Chile los acepte. Entre ellos se encuentran los casos del asesinato de la familia Ventocilla y las ejecuciones extrajudiciales de Chavín de Huantar, además de otros casos contra Fujimori relacionados con el tráfico de armas a las FARC y la revelación de secretos nacionales.
"Mientras dure el gobierno de (Alan) García ningún otro expediente de extradición será enviado a Chile", augura Guillén, que acusa al partido de gobierno de un "blindaje" a Fujimori.
No hay comentarios:
Publicar un comentario