El Congreso ha dado luz verde, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que prohíbe la venta de alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares.
Los niveles permitidos de estas sustancias en bollería, chucherías o refrescos que se suministren en las escuelas infantiles tendrán que ser ahora fijados por el Gobierno, mediante desarrollo reglamentario de la Ley.
La nueva norma obliga a los centros escolares a elaborar menús especiales para celíacos (intolerancia al gluten), al incorporarse una enmienda procedente del Senado.
En el debate de las enmiendas aprobadas en la Cámara Alta -en el que ha intervenido la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín- todos los grupos han coincidido en valorar la necesidad de la Ley.
La ministra ha asegurado que la Ley tiene como objetivo fortalecer la salud pública y la seguridad alimentaria, ya que pone el acento en la prevención y en la precaución, y refuerza la coordinación entre todas las administraciones públicas.
La Ley, según la ministra, "encaja perfectamente" en el engranaje autonómico en materia de seguridad alimentaria y refuerza la colaboración y la cooperación entre las diferentes administraciones públicas.
Críticas a las 'carencias'
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) ha lamentado que la nueva Ley se haya quedado 'light', ya que, en su opinión, "las principales novedades de la misma se han perdido por el camino".
Desde esta asociación se ha criticado que la limitación legal al porcentaje de grasas trans que puede contener un alimento, así como la prohibición de venta de alimentos extra-calóricos en centros escolares, se hayan dejado para un desarrollo reglamentario posterior. También ha criticado que la obligatoriedad de ofrecer menús alternativos a los escolares con intolerancias o alergias haya quedado limitada a "los supuestos en que las condiciones de organización e instalaciones lo permitan".
"Estas carencias ponen en evidencia la resistencia de la industria a aceptar limitaciones que, sin embargo, si se aplican en otros países desarrollados como Estados Unidos, Holanda o Canadá", argumentan desde CEACCU.
Redes de alerta
También la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha criticado la Ley, aunque por distintos motivos. Según la FIAB, la nueva norma "podría provocar situaciones como la sucedida recientemente en Alemania, que ha puesto de manifiesto las fisuras existentes en la gestión y comunicación de los riesgos del actual sistema de las redes de alerta".
Según asegura esta entidad, "se ha perdido una magnífica oportunidad" para mejorar el funcionamiento actual del sistema de las redes de alerta, el cual ha propiciado que durante el brote de 'E.coli' se haya acusado "indebidamente" a un producto alimentario de ser el origen del mismo.
En este sentido, FIAB lamenta que en el largo proceso de la tramitación de esta Ley no se haya tenido en cuenta la demanda de la industria alimentaria española, que defendía que los operadores económicos tengan derecho a ser indemnizados por los gastos y daños ocasionados como consecuencia de actuaciones o comunicaciones indebidas, por parte incluso de las Administraciones Públicas, siempre que finalmente se demuestre la ausencia del riesgo indicado.
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