“Vimos una cierta evolución con respecto al tratamiento de migrantes bajo la actual administración, pero nos parece que es todavía claramente insuficiente”, dijo en teleconferencia el presidente de la CIDH, Felipe González. Estados Unidos tiene el patrón de someter a detención a los inmigrantes sin documentos, lo cual debería ser una excepción en casos de estricta necesidad y las personas reciben un trato como si estuvieran “imputadas por delitos penales cuando en realidad no se trata de eso”, dijo González.
La CIDH espera que el informe “contribuya a que haya un cambio en la política de Estados Unidos” en materia de inmigración. La CIDH considera “preocupante la ausencia de un sistema de detención auténticamente civil, con las condiciones generales compatibles con la dignidad y el trato humano”. Otra de las principales preocupaciones de la CIDH es el “creciente uso de la detención de migrantes en base a una presunción de necesidad, cuando de hecho la detención debería ser la excepción”. “La detención de migrantes se ha transformado en la regla general”, explicó González. La CIDH está convencida de que en muchos casos, si no en la mayoría de ellos, la detención “constituye una medida desproporcionada” y que los programas de alternativas a la detención “configurarían una opción más equilibrada”.
Los centros de detención visitados en 2010 están ubicados en los estados de Arizona y Texas, fronterizos con México. La comisión no pudo concretar en cambio una visita a la cárcel del condado de Maricopa en Arizona, que maneja el sheriff Joe Arpaio, conocido desde hace años por sus masivas redadas en plena calle contra indocumentados, lamentó González.
El gobierno de Obama ratificó que su política es la de enfocarse en la detención y deportación de indocumentados que representen un peligro para la sociedad, lo que incluso le ha valido críticas de la oposición republicana que considera que es laxo en el cumplimiento de las normas migratorias. Casi once millones de inmigrantes ilegales viven en Estados Unidos. Asimismo, la actual administración demócrata facilitó las visitas a los centros de detención, que fueron obstaculizadas por George W. Bush, reconoció la CIDH. “Hemos visto cierto cambio”, dijo González.
Según el informe, el gobierno federal trabaja con contratistas privados que manejan centros de detención sin la debida supervisión, por lo que las condiciones en esas facilidades son precarias. Sólo el 16 por ciento de los inmigrantes detenidos tiene representación legal y los niños, enfermos mentales y otras personas sin capacidad para defenderse por sí mismos no tienen la debida ayuda, según la entidad que depende de la OEA y que vigila los derechos humanos.
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