Según el tribunal, para solicitar la retirada de un contenido supuestamente ilícito se debe seguir la ley francesa que impone una serie de condiciones. Entre ellas: copia de la correspondencia dirigida al autor o editor de las actividades en litigio pidiendo su retirada o modificación o la justificación de que éstos no han podido ser localizados. El cumplimiento de este trámite impide, por tanto, la solicitud de retirada masiva de contenidos.
Esta sentencia llega cuando el Senado francés estudia una proposición de ley que instauraría la obligación de filtrado y supervisión de contenidos por parte de los titulares del sitio que los albergan. Un proyecto que chocaría con la normativa europea.
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