Conocido como “Guantanamito”, el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia continúa siendo, según aseguran organizaciones sociales y ONG críticas, la casa de los horrores. Las denuncias de atropellos y malos tratos contra las personas inmigrantes se repiten en el CIE de Zapadores, ante la pasividad cómplice de la ciudadanía y la clase política.
Parece no haber límite a los abusos. Éste es el último episodio. El ciudadano C.W., de nacionalidad ecuatoriana e interno en el centro de Zapadores, fue deportado a su país el pasado 26 de enero en un avión que partió del aeropuerto de Barajas, y al que fue trasladado a las cuatro de la madrugada en un furgón de la Policía Nacional. Pero lo grave de esta “expulsión urgente” no es sólo su nocturnidad.
C.W. figuraba como testigo principal en la denuncia por malos tratos policiales en el centro de Zapadores, presentada por la coordinadora Campaña por el Cierre de los CIE. La plataforma, que agrupa a más de una veintena de organizaciones sociales, ha denunciado la deportación como una “represalia y un claro intento de eliminar pruebas y testigos”.
Antes de ser expulsado, C.W. declaró como testigo a medianoche en el Juzgado de Vigilancia del centro de Zapadores. El testimonio constará en el sumario, pero tendrá menos valor que si el ciudadano ecuatoriano hubiera podido comparecer en el juicio.
Según la plataforma que aboga por su cierre, los CIE son “cárceles encubiertas, en las que se encierra a personas por el hecho de ser inmigrantes y pobres”. Los internos no han cometido por lo general ningún delito. Se les priva de libertad por la mera circunstancia de no tener papeles en regla, algo que, como mucho, debería comportar una falta administrativa. Además, la tutela de los centros corre a cargo de la Policía Nacional, sin ningún tipo de contrapesos.
Salva Lacruz, uno de los portavoces de la plataforma, afirma que en estos centros “no sólo se opera con gran opacidad, sino que además se infringen torturas, tratos vejatorios y de carácter racista a los internos; en un máximo de dos meses la mayoría de las víctimas y testigos acaban siendo expulsados, según establece la vigente Ley de Extranjería”.
Hechos como el de C.W. tienen precedentes. Una ciudadana marroquí residente en Orihuela –Noura- fue detenida por la policía nacional al carecer de permiso de residencia. Durante su permanencia en los calabozos de la comisaría denunció abusos sexuales por parte de un agente. La denuncia no interrumpió el proceso de expulsión a su país, que se produjo en julio de 2010, previo cautiverio de 40 días en el centro de Zapadores.
La historia del CIE ha dado, sin embargo, un brusco giro en el último mes e incluso se ha abierto una pequeña puerta a la esperanza. El juzgado de Instrucción número 3 de Valencia –competente en la vigilancia del centro de Zapadores- ha admitido a trámite la denuncia por abusos y malos tratos presentada por las organizaciones sociales y ha constituido una Comisión Judicial para iniciar diligencias.
Un punto de inflexión en toda regla ya que, por un lado, el juez ha requerido las grabaciones de las cámaras de vigilancia del centro; además, ha exigido partes médicos de lesiones de las personas víctimas de malos tratos. La información se ha remitido asimismo a la Defensora del Pueblo y al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
¿Qué hechos se han puesto en conocimiento del juzgado? Testimonios como el de un boliviano ya deportado, que prefiere mantenerse en el anonimato, al que la policía empezó a agredir y golpear tras negarse a entrar en la sala de fumadores. Una vez atendidos por los médicos, volvieron él y su compañero colombiano a sufrir agresiones, incluso por parte del director del CIE. También se relatan otras vejaciones hacia unos internos que pasaron toda la noche en el patio, en pleno mes de diciembre, con los brazos en alto.
Un comunicado de la plataforma contra el CIE resume los motivos de la denuncia: “Varios reclusos han sido víctimas de golpes, patadas y palizas, bien con previa provocación por parte de los agentes de policía (que nunca llevaban la debida identificación), bien como castigo ante actitudes de protesta de los reclusos. El uso de las celdas de castigo es indiscriminado, las heridas provocadas por el mal trato no reciben tratamiento médico y se siguen detectando deficiencias en la defensa jurídica de los presos”.
El informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de diciembre de 2009 (“Situación de los centros de internamiento para extranjeros en España: conversaciones junto al muro”) ya alertaba sobre las penalidades que viven los internos de estos centros y ponía numerosos ejemplos de violencia policial en las instalaciones de Zapadores. Llueve, por tanto, sobre mojado.
Entretanto, además de la vía judicial, las organizaciones sociales de la Plataforma han salido a la calle para exigir el cierre de los CIE y el respeto a los derechos de los internos, mientras estos continúen funcionando. Convocan el último martes de cada mes concentraciones en la puerta del centro, aunque también han protestado frente a la Delegación del Gobierno o por el centro de Valencia. En otra vertiente de la lucha, se realiza un trabajo de apoyo jurídico y de acompañamiento a familiares y detenidos.
Ante la gravedad de las denuncias, ¿Qué explicaciones aporta el Ministerio del Interior?, autoridad responsable de la gestión y funcionamiento de los CIE. Calla y otorga. O utiliza fórmulas evasivas, dentro del lenguaje “políticamente correcto”, para envolver su complicidad. En una respuesta parlamentaria a la diputada de IU-ICV, Nuria Buenaventura, del pasado 26 de enero, el gobierno responde del siguiente modo: “La prestación de los derechos de los internos está plenamente garantizada por los responsables de los distintos centros de internamiento”.
Se subraya, no se sabe si con ironía que, durante todo el tiempo de estancia “los internos tienen garantizados, entre otros derechos, el respeto a su vida, integridad física y salud y a que sea preservada su dignidad y su intimidad; a comunicar su ingreso a la persona que quiera; a recibir asistencia médica y sanitaria; a ser apoyados por asistentes sociales; a ser asistido de abogado, y a comunicarse reservadamente con el mismo; a recibir visitas de sus familiares, amigos o funcionarios consulares; a dirigir peticiones y quejas a quien considere”.
En el estado español existen nueve CIE (Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Murcia, Algeciras, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Fuertreventura). En total, 2.894 plazas. La opacidad se exhibe asimismo en el manejo de las cifras. En la citada respuesta parlamentaria, pese a estar fechada en enero de 2011, Interior sólo aporta datos de los inmigrantes que han pasado por los CIE en 2006 y 2007.
Las denuncias de abusos policiales tampoco son privativas del centro de Zapadores, pues las organizaciones sociales han informado de atropellos similares en los CIE de Aluche (Madrid); Capuchinos (Málaga) y Zona Franca (Barcelona).
Este tipo de centros constituye, a juicio de Salva Lacruz, “el mayor agujero negro en el estado de derecho español; sin los CIE no sería posible el sistema de expulsiones masivas ni la política de represión generalizada contra la inmigración”, que resumen perfectamente unas palabras recientes del Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba: “2010 ha sido el mejor año de la década en la lucha contra la inmigración ilegal”.
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