"El Estado uruguayo, teniendo en consideración el principio de continuidad, reconoce su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de María Claudia García y Macarena Gelman durante el gobierno de facto, que rigió en Uruguay entre 1973-1985. También reconoce su responsabilidad en los delitos cometidos sobre Juan Gelman", dijo ayer el representante uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Carlos Mata.
El representante uruguayo afirmó que la responsabilidad plena del Estado en los crímenes de la dictadura ya fue admitida en la Ley Nº 18.596, mediante la cual se establecieron mecanismos de reparación material y simbólica a las víctimas del terrorismo de Estado. "Para el Estado uruguayo los casos (de violaciones a los derechos humanos) entre 1973-1985 son una mancha en el sistema de la tradición democrática", agregó Mata. Las expresiones de Mata fueron hechas en el marco del litigio internacional impulsado por Juan y Macarena Gelman contra el Estado uruguayo, por la violación de varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, ante la vigencia de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado". El funcionario destacó las diversas medidas adoptadas por el Estado sobre los hechos del pasado, entre ellos, la creación de la Comisión para la Paz; el discurso de asunción del ex presidente de la República, Tabaré Vázquez; la exclusión del caso de María Claudia García del amparo de la Ley de Caducidad; y las declaraciones de inconstitucionalidad de la norma dispuestas por la Suprema Corte de Justicia, entre otras."El Estado uruguayo no ha sido omiso. Podrá cuestionarse que los medios son perfectibles o que no dieron los resultados esperados, pero el Estado no ha sido omiso", afirmó Mata. En este sentido, el representante destacó la voluntad del Estado de procesar un nuevo intercambio con las víctimas del terrorismo de Estado para modificar las actuales normas de reparación, con la "supervisión" de la propia CorteIDH.
Sin embargo, el reconocimiento de responsabilidad del Estado uruguayo no fue de recibo para las representantes de la familia Gelman en el litigio. "No consideramos lo expresado por el Estado como un reconocimiento pleno por su responsabilidad (...) sino en un marco fáctico, un tanto insólito. No es un reconocimiento puntual de todas las disposiciones", expresó la abogada Ariela Peralta.
"Las víctimas no se sienten reparadas y por eso están ante la CorteIDH", por lo cual deberían aplicarse "medidas reparatorias de hecho y derecho", agregó Lilián Tojo. La misma postura fue asumida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en palabras de su representante en el litigio internacional, Santiago Catón.
Sin condena
La abogada Lilián Tojo afirmó que el "perverso mecanismo, vigente, de la Ley de Caducidad y la ausencia de una Política de Estado" impidió el castigo "integral" de los autores materiales e intelectuales de los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado. "El Estado uruguayo no cumplió ni cumple con sus responsabilidades", no existiendo "ninguna condena firme por casos de derechos humanos durante los 25 años de democracia. (...) El primer acto de reparación es el acceso irrestricto a la Justicia", expresó Tojo. Asimismo, la abogada señaló su preocupación por las afirmaciones de la fiscal Mirtha Guianze, en cuanto "las escasas causas abiertas por violaciones a los derechos humanos en Uruguay" prescribirán el 1º de noviembre de 2011. Las partes deberán presentar el viernes 10 de diciembre los alegatos escritos finales sobre el litigio internacional en curso.
La sentencia del máximo órgano del concierto interamericano podría conocerse entre febrero o marzo de 2011.
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