El Estado uruguayo deberá comparecer entre hoy y mañana , en Quito, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la demanda entablada por la familia Gelman, por los impedimentos existentes en Uruguay para el efectivo acceso a la Justicia, en virtud de la vigencia de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
El máximo órgano jurisdiccional del concierto interamericano recibirá en esta instancia el testimonio de los denunciantes, testigos y peritos propuestos por las partes, así como los alegatos finales de los denunciantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado uruguayo, como forma de dilucidar el litigio existente.
La demanda impulsada por la familia Gelman fue interpuesta en 2006 ante la CIDH por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (violación de las garantías judiciales y de protección judicial de las víctimas), entre otros, ante la clausura de la indagatoria judicial en Uruguay por el crimen de María Claudia García, en atención de los preceptos emanados por la Ley de Caducidad.
El proceso culminó el pasado 21 de enero cuando la CIDH resolvió elevar el caso ante la CorteIDH, cuyos fallos son inapelables y de cumplimiento obligatorio para los Estados, formulando diversos cuestionamientos contra la vigencia de la Ley de Caducidad.
La CorteIDH decidió entonces fijar audiencia para el pasado 4 de octubre, en la ciudad de Quito (Ecuador). Sin embargo, el alzamiento institucional de los efectivos policiales contra el gobierno constitucional de Rafael Correa implicó la postergación del actual período de sesiones, el cual se desarrollará en la misma ciudad desde hoy.
Estrictamente en lo inherente al "Caso Gelman", los ministros de la CorteIDH recibirán, a pedido de los denunciantes, el testimonio de Juan y Macarena Gelman, y la fiscal Mirtha Guianze y el historiador Gerardo Caetano (como peritos), mientras ya prestaron testimonio, por escrito, los periodistas Gabriel Mazzarovich y Roger Rodríguez (testigos), y el abogado Pablo Chargoñia y la psicóloga Ana Deustch (como peritos).
En este sentido, la familia Gelman intentará probar durante la audiencia que la normativa existente en Uruguay impidió el acceso a la justicia efectiva, por cuanto la vigencia de la Ley de Caducidad no posibilitó realizar "una investigación seria, profunda y exhaustiva en búsqueda de la verdad", según declaró oportunamente a LA REPUBLICA la abogada Ariela Peralta, representante de Macarena Gelman en el litigio internacional.
Por su parte, el Estado uruguayo no desarrollará ninguna acción que apunte a deslindar su responsabilidad en la desaparición de Maria Claudia García, y se reconocerá responsable directo en los delitos perpetrados y caratulados como de lesa humanidad durante el desarrollo de la dictadura cívico-militar.
En este sentido, los representantes del Estado ante la CorteIDH, Carlos Mata y Amelia Bastos (ambos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores), detallarán todos los aspectos vinculados con la búsqueda de la verdad en torno a los crímenes perpetrados durante el "Terrorismo de Estado" desde la restauración democrática y noticiarán sobre la existencia de un referéndum y un plebiscito, en donde no se alcanzaron los votos necesarios para erradicar la norma del orden jurídico uruguayo. El Estado uruguayo no solicitó testigos ni propuso peritos.
En tanto, la CorteIDH analizará también durante el actual período de sesiones, una demanda contra el Estado de Perú por un supuesto perjuicio económico contra 233 miembros del sindicato de Funcionarios, Profesionales y Técnicos de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Lima. Asimismo, el máximo órgano jurisdiccional del concierto interamericano analizará la posibilidad de aplicar medidas provisionales en la Audiencia Pública de Asuntos Penitenciarios de Mendoza (Argentina), ante las condiciones de reclusión existentes en los establecimientos penitenciarios de dicha provincia argentina.
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