En 2008, la autoridad suiza responsable de la protección de datos publicó una recomendación por la que la obtención de la identidad del titular de una dirección IP sólo podía hacerse legítimamente en el marco de una investigación penal y consideraba el acudir a empresas privadas un abuso.
Logistep presentó un recurso administrativo contra esta recomendación y el tribunal de primera instancia le dió la razón con el argumento de que "el fin justifica los medios". El recurso de un abogado contra esta sentencia es el que ha llevado al tribunal federal a revocarla argumentando, precisamente, que el fin no justifica los medios y que una empresa privada no puede convertirse en gendarme del P2P. La sentencia ha causado el alborozo entre los colectivos organizados de internautas en Suiza y Francia, ya que la empresa había también recibido encargos de empresas de esta nacionalidad.
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