Francia vive hoy una jornada de huelga general convocada por los sindicatos en protesta por el proyecto de reforma de las pensiones presentado por el Gobierno de Nicolas Sarkozy y que precismente este martes comenzará a ser debatido por los diputados galos.
El retraso de la edad de jubilación, de los 60 a los 62 años, es la principal medida del plan gubernamental, el principal caballo de batalla al que se oponen los sindicatos que esperan convocar a más de dos millones de personas en las diferentes manifestaciones previstas en el país.
Los maestros están llamados al paro desde hoy y el apoyo a la huelga está cifrado por los sindicatos en el 30%, pero el Gobierno lo rebaja al 5,6%.
En los transportes se espera una fuerte incidencia en los ferrocarriles, donde el paro ha comenzado a las doce de la noche y donde la empresa pública prevé una reducción de tres de cada cinco trenes de alta velocidad y la suspensión de la mitad de los regionales.
Cuestión de fuerza
Para los sindicatos la jornada será una prueba de la fuerza que tienen para oponerse a un Ejecutivo que cuenta con una mayoría suficiente para sacar adelante una reforma a la que no parece dispuesto a renunciar.
"No seré un presidente más que me vaya sin haber solucionado el asunto" de las pensiones, aseguró el pasado viernes Sarkozy, sabedor de que esta espinosa cuestión hizo recular en el pasado a algunos de sus antecesores en el cargo.
Para obligar al Gobierno a rectificar, los sindicatos necesitan hacer una prueba de fuerza que muestre que una mayoría del país está en contra de los planes del Gobierno.
La cifra de dos millones de manifestantes es un referente, porque es el número que los sindicatos aseguran que salieron a las calles el pasado 24 de junio en la jornada de protesta contra la reforma de las pensiones, una cifra que el Gobierno redujo a los 800.000.
Las centrales sindicales son conscientes de que sólo un gran éxito de la convocatoria puede hacer al Ejecutivo cambiar sus planes en el trámite parlamentario de la reforma.
El eslabón más débil de la cadena
El encargado de defender la propuesta del Gobierno, el ministro de Trabajo, Eric Woerth, aparece como un eslabón débil del gabinete, implicado en el 'caso Bettencourt' sobre tráfico de influencias en torno a la multimillonaria heredera del imperio cosmético L'Oréal.
Woerth, un convencido "sarkozista", cuenta por el momento con el apoyo del presidente, pero su figura aparece cuestionada en un momento en el que tendrá que dividirse entre la reforma más importante del mandato de Sarkozy y su defensa de los ataques por su papel jugado en ese caso.
Ante ese ambiente, antes incluso de conocer la amplitud de la huelga general, el Ejecutivo ha dejado entrever que está dispuesto a suavizar un tanto su reforma, aunque no cuenta con renunciar al núcleo de la misma, que consiste en aumentar los años de cotización retrasando la edad de jubilación.
Situarla en 62 años y elevar a 67 la edad mínima para cobrar el 100% de la pensión, frente a los 65 años, aparece como una ambición irrenunciable para Sarkozy. Pero fuentes del Elíseo han dejado abierta la puerta a la introducción de cláusulas particulares en favor de las carreras largas, de los trabajos de particular dureza o los que han cotizado en diferentes regímenes.
Saber si esas concesiones calmarán a los franceses dependerá en gran medida del éxito de la huelga.
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