El primer movimiento del nuevo Consejo de Primaria fue el anuncio de una campaña para bajar el ausentismo escolar. Informarán al BPS sobre las inasistencias de los alumnos para que se les congele el cobro de la asignación familiar a los padres.
El nuevo Consejo de Educación Primaria (CEP) pondrá en conocimiento del Banco de Previsión Social (BPS) los nombres de los alumnos que no concurran a clase. De esta manera el BPS suspenderá el pago de las asignaciones familiares, con lo que se busca castigar a los padres que no envían a sus hijos a la escuela.
Todos los años unos 4.000 de los 385.000 alumnos de Primaria abandonan el sistema antes de culminar el año lectivo. La situación se concentra en la última etapa del ciclo escolar en alumnos que tienen más de 12 años. Según docentes y autoridades es en esa etapa que los alumnos suelen desertar.
Además el CEP sabe que cuando finalicen las vacaciones de julio más de 5.000 de los 83.000 alumnos de educación inicial (3, 4 y 5 años) no volverán a sus escuelas. Así lo señaló el nuevo presidente del Consejo de Primaria, Óscar Gómez, ayer en el discurso de asunción del cargo.
Para las autoridades de Primaria el fenómeno es producto de la falta de cultura sobre los beneficios de la educación inicial y porque aún la sociedad no "internalizó la obligatoriedad" en ese nivel formativo.
Según Gómez, los tres nuevos consejeros acordaron que el eje de su gestión sea la aplicación de políticas de "retención" de alumnos. En ese sentido el consejero Héctor Florit propuso implementar una campaña que se denominará "A la escuela todos, todos los días".
Florit dijo a El País que durante la gestión que se inicia se realizará un control administrativo de las inasistencias "más estricto", una campaña publicitaria y la incorporación de sanciones a los responsables de los niños que no los envíen a estudiar o que lo hagan en forma discontinuada.
La reglamentación de Primaria determina ante el ausentismo que al director solicite a la Comisión Fomento de la escuela que se ponga en contacto con los responsables del niño. En caso de no obtener respuesta, se debe poner en antecedentes a los servicios sociales de la Anep. En algunos casos coordinan con el Mides.
Si las partes actuantes prueban que los padres impiden a los alumnos concurrir a clases, están habilitadas a formular una denuncia en la seccional policial de la zona.
El consejero Héctor Florit señaló que el mayor problema se da cuando la asistencia es intermitente y en Educación Inicial después de las vacaciones de julio. Hasta ahora el control de asistencia escolar se realizaba en el comienzo del período escolar, pero no se continuaba durante el año lectivo. Primaria implementó el año pasado un sistema de informatización de las asistencias que permite conocer la presencia de los alumnos en las oficinas centrales en tiempo real. No obstante, el sistema aún no está operativo en su totalidad.
La mención por parte de Gómez al tema del ausentismo se produjo tras un acuerdo entre los dos consejeros políticos y la delegada docente, Irupé Buz-zetti, con el objetivo de darle un impulso político a la solución de esta problemática.
Conducción. Ayer asumieron en cuatro ceremonias diferentes las autoridades de los consejos desconcentrados. La primera fue la de Secundaria a las 09.00 en el liceo 58 de Bella Italia. Pilar Ubilla, Fernando Tomeo y Daniel Guasco tomaron sus cargos frente al presidente del Codicen y el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich.
Ubilla, la nueva presidenta de Secundaria, señaló a El País que sus prioridades son "abrir los liceos a la comunidad para que el barrio y los padres se comprometan con la educación". Señaló que se propone quitar los prejuicios sobre los jóvenes y adolescentes. "Se tiene la idea que todos generan problema, cuando la enorme mayoría de los chiquilines son divinos y estudiosos", señaló.
Al hacer uso de la palabra, el presidente del Codicen, José Seoane, subrayó la necesidad de desarrollar estrategias para bajar los altos índices de repetición y de deserción en Educación Secundaria.
A las 14.00 y en medio de fuertes críticas de parte del sindicato, asumió el nuevo Consejo de Educación Técnico Profesional-UTU. El gremio de docentes se opone a la continuidad de Wilson Netto en la presidencia porque su conducción "le quita a la institución la posibilidad de una renovación de políticas estructurales".
El Consejo de Educación Técnico Profesional estará encabezado por Netto, y tendrá como consejeros a Javier Landoni (representante político) y Juan Novo (designado por los funcionarios de UTU).
Netto destacó el rol de la educación como un elemento forjador de la libertad de las personas. Dijo que el objetivo será contar con equipamiento de última generación, así como apostar a la mejor logística y a la innovación educativa para lograr mejores resultados.
UTU: sindicato reclama agregar 1.600 docentes y 20 escuelas
Mientras tenía lugar la asunción de las nuevas autoridades de UTU, representantes del sindicato de docentes (Afutu) se manifestaron fuera del salón donde se desarrollaba la ceremonia.
"Las discrepancias de este sindicato no son con las personas sino con las políticas educativas y de gestión llevadas adelante por ese cuerpo", afirma un folleto entregado por Afutu, donde expresa su disconformidad con la continuidad de Wilson Netto al frente de UTU.
El gremio reclama "regularización" de los salarios, espacio para la formación técnica y la "desregularización" de la formación profesional en cursos.
Consultado respecto a si la oposición de Afutu podría afectar la gestión, Netto dijo que "hay ámbitos para poder conversarlas, porque las definiciones de carácter programático se definen en comisiones técnicas donde participan todos los estamentos de la institución". Netto dijo que, de su parte, la relación con el sindicato "es muy buena".
Juan Novo, consejero de Educación Técnico Profesional en representación de los funcionarios, planteó varios reclamos: dijo que se necesitará la creación de 20 escuelas y presupuestación de 1.600 docentes, 320 administrativos, 180 adscriptos y 240 auxiliares de servicio. Además, reclamó la asignación del 6% del PBI para el presupuesto educativo. Sin embargo, dijo que hay medidas "alternativas" para lograr los fondos necesarios, y puso como ejemplo la posibilidad de modificar el Código Minero a fin de elevar el canon que cobra al Estado por la explotación de minas y yacimientos y de allí obtener más recursos para la educación. "Nos enfrentamos a un discurso que pretende crear un modelo de país productivo, y no podemos pensar en ese modelo si no tenemos en cuenta la enseñanza técnica. Para este fin necesitaremos una institución educativa fortalecida, que incremente su matrícula estudiantil 50% en este quinquenio", reflexionó.
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